En su más reciente reporte, México Evalúa sostiene que los militares en secretarías de Seguridad estatales no han frenado al crimen organizado y que esa medida además va en contra de la carrera civil uniformada y ha provocado inestabilidad en las corporaciones.
Los gobiernos de los estados se han acomodado a la militarización de la seguridad pública federal iniciada con Felipe Calderón y han dejado en manos castrenses esa tarea, pese a que en las secretarías estatales de Seguridad al mando de militares se han incrementado las tasas de homicidios de hombres y, más recientemente, de mujeres.
De acuerdo con la organización no gubernamental México Evalúa, esa mayor presencia militar en las corporaciones policiales de los estados de la República no ha significado una contención de la violencia, va contra la carrera civil uniformada y ha causado inestabilidad en las corporaciones.
Los datos forman parte del reporte “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, que dará a conocer la organización hoy martes.
De acuerdo con el estudio, conocido por Proceso, la continua rotación de los jefes de Seguridad en los estados “interrumpe la estabilidad de las decisiones en la materia, además de sacudir los mercados criminales y retroalimentar el uso de violencia”.
Precisa que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los titulares de las policías han permanecido poco más dos años en el cargo, en promedio. Algunas entidades, indica, han tenido hasta siete titulares durante una administración.
Además, en ese periodo se ha registrado un aumento sostenido en los nombramientos de elementos de la Secretaría de la Marina, más que de la secretaría de la Defensa Nacional, pese a los casos de graves violaciones a los derechos humanos en que los marinos se han visto implicados en los procesos de detención realizados, señala México Evalúa.
En su análisis de los perfiles de los responsables de seguridad pública en los estados, recuerda que los nombramientos de jefes militares al frente de secretarías y direcciones de seguridad estatales y municipales se aceleraron después de que Felipe Calderón lanzara su estrategia militarizada contra el crimen organizado, en diciembre de 2006.
De acuerdo con sus cifras, la política de seguridad en los estados depende en 43% de civiles, en su mayoría abogados, en 38% de elementos de las Fuerzas Armadas y sólo en 18% en policías de carrera. Precisa que la presencia de los militares ha sido consistente desde al menos hace 12 años.
“El crecimiento de este grupo proviene, principalmente, del uso cada vez más recurrente de integrantes de la Marina por parte de gobiernos pertenecientes a Morena. También observamos una alta rotación en esta posición, con secretarios de Seguridad que, en promedio, duran dos años al frente de las instituciones, imposibilitando así el desarrollo de políticas de seguridad estables y de largo plazo”, señala.
Peor aún, dice, un análisis preliminar comparado entre estados con secretarios militares frente a entidades con secretarios no militares, sugiere que la llegada de las Fuerzas Armadas a las secretarías de Seguridad “no garantiza la contención de la violencia”.
Para la organización no gubernamental, los gobiernos estatales son renuentes a asumir el fortalecimiento de sus policías y han optado por dejar la seguridad en las fuerzas federales: “Se insiste en resolver problemas de inseguridad mediante políticas de militarización, lo cual constituye el reconocimiento del fracaso de la autoridad local y sus policías”.
Círculo vicioso
El reporte señala que la militarización y la violencia criminal se retroalimentan. A partir de bases de datos, indica que los estados con secretarios de Seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidio de hombres que los estados cuyos secretarios no son integrantes del Ejército o de la Marina.
La reciente tendencia a la alza de las tasas de homicidios de mujeres sólo entre los estados con secretarios de las Fuerzas Armadas es preocupante, particularmente porque coincide con el crecimiento de designaciones de integrantes de la Marina.
Sobre el proceso de militarización, indica que la designación de soldados y marinos al frente de la seguridad en los estados ha dado pie a la designación de otros militares en más puestos de la estructura de seguridad de los estados, a la compra de equipamiento militar y a una mayor apertura a la puesta en marcha de operaciones militares del gobierno federal.
Un fenómeno similar ha ocurrido cuando efectivos castrenses han sido designados al frente de la seguridad en los municipios, agrega el reporte de México Evalúa.
De cara al cambio de gobierno federal, asegura que el país vive un momento político crucial para empezar a pavimentar el camino de la seguridad por la vía civil.
La virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, ha adelantado que durante su gobierno la Guardia Nacional, que es operada por el Ejército, seguirá a cargo de las tareas de seguridad, y que la secretaría de Seguridad Ciudadana “hará inteligencia” para combatir a la delincuencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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