El Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos señala en su portal de reclusos que Yarrington salió de un penal de Illinois el pasado 3 de julio, a pesar de que un Juez federal lo condenara a nueve años.
El Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos señala en su portal de reclusos que Yarrington salió de un penal de Illinois el pasado 3 de julio, a pesar de que un Juez federal lo condenara a nueve años.
Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenido por la policía italiana el 9 de abril de 2017 en un restaurante en el centro de Florencia, en donde había intentado engañar a los oficiales con una credencial de conducir falsa.
Un año después, en abril de 2018, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia por 11 cargos, entre los que se incluía narcotráfico, lavado de dinero, defraudación y declaraciones falsas a bancos de dicho país.
Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas, sale de prisión en EU https://t.co/izh7bu9RO3 a través de @ZetaTijuana pic.twitter.com/FzlGTJmIZ4
— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) July 11, 2024
En una audiencia llevada a cabo en 2021, Yarrington se declaró culpable por el delito de lavado de dinero luego de que admitiera haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la Fiscal Interina de ese entonces, Jennifer B. Lowery.
El también excandidato a la Presidencia admitió haber aceptado sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas durante su gestión como Gobernador en ese estado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Yarrington utilizó a prestanombres y compradores nominados para adquirir propiedades en EU, entre ellas un condominio en Port Isabel, y así ocultar su identidad sobre las mismas y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas.
La declaración del exmandatario priista fue aceptada por la Jueza Federal de Distrito Hilda G. Tagle, quien fijará la sentencia posteriormente.
El imperio del militante del PRI empezó su decadencia en noviembre del 2011, cuando apareció el cuerpo de Alfonso Peña Argüelles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al empresario, Los Zetas dejaron un mensaje acusando al político de lavar dinero sucio por medio de Peña Argüelles. No pasó de allí.
Sin embargo, fue el Gobierno de Estados Unidos el que aceleró las cosas, como en otros casos similares. Y fue el 30 de enero de 2012 cuando la DEA acusó a los tres exgobernadores de Tamaulipas, todos ellos del PRI [Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores] de tener nexos con el narcotráfico.
En una corte de San Antonio, Texas, la DEA abrió más el caso. Dijo que Yarrington lavaba millones de dólares de Los Zetas y el Cártel del Golfo mientras fungía como Gobernador de Tamaulipas. Antonio Peña Argüelles, hermano del empresario, testificó. Afirmó que Yarrington tenía lazos fuertes con Los Zetas. También lo acusó del complot que llevó al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el excandidato del PRI para la gubernatura por Tamaulipas en 2010.
Para mayo de 2012, el Gobierno de Estados Unidos ya trabajaba en casos contra Yarrington en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas. Se ordenó que se le confiscaran bienes y se le acusó además de recibir, mientras fue Gobernador, millones por la vía de extorsión y soborno.
Se le descubrió un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas.
En mayo de 2013, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al exmandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al Gobierno del estado.
De acuerdo con los documentos del Gobierno norteamericano, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas de Tamaulipas desde hace casi dos décadas. La acusación contra Yarrington Ruvalcaba señala que desde 1998 y “de manera regular”, tanto el Cártel del Golfo como su entonces brazo armado, Los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos no sólo al exmandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial.
En México, donde las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Yarrington datan desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, avanzaron lentamente.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 JULIO 2024
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