miércoles, 3 de julio de 2024

La UIF investiga a Latinus desde hace 3 años “pero no a Loret”; difunden datos personales del periodista y colaboradores

Pablo Gómez, titular de la UIF, confirmó que se investiga a Latinus pero no a Carlos Loret de Mola, a quien calificó de calumniador.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que desde hace tres años se investiga al consorcio Latinus por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita pero no a Carlos Loret de Mola, como denunció el propio periodista.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario confirmó que se interpuso una denuncia en contra de Latinus desde 2021 y difundió información privada del comunicador, del medio y de colaboradores.

“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años, en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, a juicio de la UIF, ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus”, señaló Pablo Gómez en la conferencia del mandatario federal.

En días pasados, Loret de Mola denunció persecución y venganza por parte del gobierno federal en contra de periodistas que documentan la corrupción durante la actual administración y acusó que el mandatario “quiere acabar” con el medio de comunicación.

La denuncia del comunicador se dio luego de que la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna Linotipia, para Reforma, que la UIF comenzó una nueva investigación contra él, su esposa Berenice Yaber, Víctor Trujillo, quien caracteriza a “Brozo”, y contra dos empresas de Latinus.

De acuerdo con Gómez, la UIF no realiza persecuciones y “mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno” porque, aseguró, se aplica el artículo 7º de la Constitución. Además, señaló, el gobierno ha evitado combatir la “difamación y la calumnia” a través de medios judiciales porque “el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy en día en este país nunca lo habíamos tenido”.
A pesar de mencionar que no se trata de una persecución, el funcionario exhibió información que no debería de ser pública como pagos realizados a personas que, él mismo mencionó, únicamente prestan servicios a las empresas que integran el consorcio Latinus.

“Le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera por sus ideas y por su expresión, cuando yo vengo del movimiento del 68. La generación que desde los años sesenta luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni dar explicaciones a la personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio”, mencionó Pablo Gómez.

¿Por qué investiga la UIF a Latinus?

De acuerdo con lo presentado por Pablo Gómez, Latinus está integrado por cinco empresas y el dueño de todo el consorcio es una persona identificada como Christian González Guadarrama. De estas compañías, dos de ellas son usadas como “instrumentales” para presunto lavado de dinero.

Dichas empresas reciben pagos de entidades públicas y se facturan a su nombre productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que sí se dedican a eso, y que son independientes de su propiedad de las compañías de González Guadarrama.

Los pagos, que de 2019 a 2024 suman 2 mil 437 millones de pesos, provienen de forma directa de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, y de manera indirecta, a través de los mencionados servicios de salud, del Estado de México, Michoacán e Hidalgo.

Gómez también mencionó que se investiga si una tercera empresa del consorcio Latinus, establecida en el estado de Delaware, Estados Unidos, conocido como el único “paraíso fiscal” en territorio continental estadounidense, también es propiedad de Christian González Guadarrama y de la cual han recibido información de operaciones “inusuales” por parte de los bancos mexicanos.

“Los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público, es difícil conseguirlos pero vamos a hacer la lucha porque estamos obligados a saber de quién es el dinero, dinero que llega a allá con el fin de volver a aquí”, señaló.

Por actividades de presunto lavado de dinero y otras ligadas a corrupción es que se ha denunciado al consorcio Latinus, señaló el funcionario y aseguró que la dependencia no lleva registro ni archivo de lo que dicen o expresan los periodistas, los medios de comunicación ni la gente en las redes abiertas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

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