Kelly, quien estuvo en el incendio donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo de 2023, inició un proceso contra el INM, apoyada por un colectivo de derechos humanos, en el que exige castigar a las autoridades involucradas.
“¡Que se quemen!”, “¡Que se chicharroneen!”, “¡Es culpa de ellos!”, “¡Ellos se lo buscaron!”, eran las frases a las demandas de ayuda que hacían tanto los internos como las 15 mujeres migrantes que estuvieron a punto de correr la misma suerte que los varones, cuenta Kelly en entrevista vía remota.
“Nunca hubo la más mínima intención de salvarlos. Aunque les pedíamos que los ayudaran, nos decían que ellos se lo buscaron, y nosotras suplicando que llamaran a los bomberos. Simplemente nos llevaban hacia a un lado que había como una jaula, y nos ingresaron ahí toda la madrugada. Nos dejaron ahí a la intemperie, llorando, mirando el humo, gritando para que hicieran algo”, recuerda la joven colombiana que, desde el 27 de marzo de 2023, tiene problemas para dormir. Cuando llega a conciliar el sueño, lo que vienen a su mente son pesadillas de las escenas dantescas que atestiguó.
Kelly Ospina González habla con Proceso desde una ciudad de Estados Unidos, donde ella y dos de sus primas, Carolina y Jenny, que la acompañan desde su natal Medellín, solicitaron asilo días después de la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más sufrieron lesiones de por vida.
Por los hechos, 11 personas están vinculadas a proceso, siete en prisión preventiva, dos de ellas migrantes señalados de iniciar el incendio; dos personas están fugadas, uno el responsable de la Estancia Migratoria, Antonio Molina, y un agente de seguridad privada; en tanto que dos más llevan su proceso en libertad, entre ellas el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.
Afectaciones físicas y psicológicas
Desde la noche fatídica del 27 de marzo de 2023, Kelly y sus primas viven con depresión crónica, con problemas de sueño, incapacidad para socializar y deterioro en su salud, porque respiraron el humo del incendio que les provocó sangrados nasales y accesos de tos durante semanas, sin que tuvieran asistencia médica.
“Yo todos los días lloro. No puedo entender por qué perdieron mucho tiempo, pudieron haberlos sacado con vida. Nunca había visto en mi vida tanta crueldad. Ese dolor se pudo evitar y no hicieron absolutamente nada.
“De un momento a otro empezaron a llegar los bomberos, la policía, el Ejército. No sé si los llamaron, no sé cómo llegaron ahí, pero créeme que si hubiera sido por esa gente que nos estaba custodiando, no hubiera sido así. No había ya nada que hacer. Empezaron a sacar los cuerpos sin vida y los pusieron enfrente de nosotras. Hasta ahora hemos tenido cargar con todo ese dolor, esa angustia, esas imágenes”, narra Kelly mientras se seca los ojos llorosos.
Después de meses de reflexión, las ciudadanas colombianas decidieron buscar asistencia legal cuando empezaron a recibir mensajes de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a audiencias, de las cinco causas penales que se abrieron.
Sin embargo, las audiencias fueron suspendidas debido a que organizaciones que representan a víctimas sobrevivientes y familiares de fallecidos, interpusieron siete amparos, toda vez que no habían sido representados de forma adecuada y estaban inconformes con que el titular del INM propusiera como reparación de daño sólo la rehabilitación del inmueble afectado, a pesar de que él era responsable de garantizar la seguridad de los migrantes retenidos.
“Salir a dar la cara después de un año!... es que nos parece increíble, nos parece injusto que nos tengan en calidad de testigos y no de víctimas, cuando nuestras vidas jamás volvieron a ser iguales. Aun cuando no hemos tenido contacto con otras chicas, creemos que también están afectadas, porque muchas de ellas venían con sus familias”, explica Kelly.
Sostiene que les ha afectado saber que también pudieron estar en la lista de fallecidos, porque aquel 27 de marzo, encerradas junto con otras mujeres, algunas con semanas en la estancia sin condiciones dignas de higiene ni salud, en un espacio con sanitarios atascados, de repente empezaron a escuchar que funcionarios del INM gritaban a sus compañeros “salgan, porque esto se está quemando”, dejándolas a ellas encerradas.
“No sabíamos qué estaba ocurriendo. Todo empezó a llenarse de humo muy rápido. Lo único que le dije a mis primitas fue que si algo está pasando lo único que nos queda es mojar las camisetas, meternos debajo de esos camarotes, porque si hay humo eso es lo primero que nos va a matar.
“Las otras niñas empezaron a gritar: ‘¡Ayúdennos, no nos dejen aquí!’, y ahí es donde se vuelve la que nos estaba como custodiando y nos abre. Pero percibimos que no había intención de querer que saliéramos de ahí”, cuenta Kelly, al recordar que fueron obligadas a caminar en fila, tratadas como delincuentes, advertidas de que no debían tratar de escapar.
Después de esa terrible noche, en la que fueron expuestas al humo del incendio, al frío, sin ninguna consideración, “nadie nos preguntó cómo nos sentíamos, nadie nos hizo un chequeo médico”.
A las tres de la madrugada del 28 de marzo, llegaron por las 15 mujeres funcionarios del Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, hasta donde llegaron funcionarios de la FGR para tomarles declaración de lo ocurrido, al tiempo que el INM les ofreció visa humanitaria para que se quedaran en México, oferta que rechazaron las colombianas, que decidieron entregarse a las autoridades de Estados Unidos, en busca de asilo.
Detenidas sin justificación
El miedo sufrido fue la culminación de un día difícil, pues su propia detención fue irregular, sin ninguna explicación.
Kelly y sus primas llegaron a la frontera norte provenientes de Cancún, luego de vacacionar unos días en la Riviera Maya.
“Teníamos toda la intención de llegar a Estados Unidos, estábamos buscando asilo político, sin duda, pero la manera en que nos detienen en Ciudad Juárez ha sido sumamente ilegal. Nunca supimos por qué nos detuvieron dentro del aeropuerto, lo que era muy extraño, porque si hubiéramos tenido algún problema con nuestros documentos no nos hubieran dejado tomar ese vuelo”, alerta.
A más de un año de la tragedia Kelly reconoce que el miedo las paralizó a ella y a sus primas, que pretendían olvidar lo ocurrido ya estando en Estados Unidos, pero el recuerdo las ha atormentado todo este tiempo, de ahí que decidieron buscar apoyo legal.
“Cómo iba a ser que por miedo nos vamos a quedar calladas, que por miedo esto va a seguir sucediendo. No se qué vaya a pasar, pero fueron 40 personas las que murieron y que casi morimos también nosotras.
“No puede ser una noticia olvidada. Estamos interesadas en que esto no quede impune. Ni siquiera deberían de existir esos centros de detención. Que haya más dignidad humana, que no importe cuál es la nacionalidad, que se respeten los derechos de cada uno”, apunta Kelly, quien insiste en buscar que ella, sus primas y las otras 12 chicas que estaban en la estancia migratoria, sean reconocidas como víctimas.
“Yo no sé qué va a suceder, no sé si hay una indemnización, pero que se haga todo lo que se tenga que hacer. Más allá de eso, que estas personas no sean olvidadas con todas las noticias que pasan a diario”, sentencia Kelly.
A partir de mayo pasado, a Kelly y a sus primas las asesora un colectivo de organizaciones que han defendido a víctimas y familiares de fallecidos, compuesto por Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Fundación por la Justicia el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi).
Avances legales
Marcos Zavala, abogado de FJEDD, explica que por el momento han logrado que se suspendan los procesos penales hasta que a todas las víctimas se les garantice sus derechos.
En entrevista, cuenta que en el caso específico de las chicas colombianas “pedimos es que ellas estuvieron presentes, presenciaron los hechos del 27 de marzo, que se les apliquen los estudios médicos y psicológicos, por lo menos psicológicos por las afectaciones que tuvieron”.
Zavala apunta que las organizaciones civiles han solicitado la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos recursos de revisión que interpusieron las organizaciones de amparos otorgados al titular del INM y al encargado de la estancia, Antonio Molina.
“Nosotros hemos demostrado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni siquiera ha dado la cara a las víctimas, no les hado medidas asistenciales, es decir, ha habido una total y completa ausencia de representación en todos los sentidos, jurídica, psicológica, médica, por parte de la CEAV, por eso pedimos que la SCJN ejerza su facultad de atracción, que revise si todas las víctimas, aunque no representemos a todas, pedimos que tenga esos efectos expansivos”, apunta.
Beneficios para el titular del INM
El abogado recuerda que el titular del INM ya había solicitado en septiembre de 2023 ese tipo de beneficio; “en ese plan de reparación sólo quería reparar el inmueble”, lo que fue impugnado por algunas víctimas.
“No sólo exigimos que todas las víctimas estén consideradas, incluidas las 15 mujeres, sino que pedimos que todos los involucrados sean procesados y enfrenten un juicio como cualquier persona, que no se concedan esos beneficios, como los que pide el comisionado, porque aún no sabemos si va a proponer reparar a las víctimas, mucho menos a las víctimas mujeres, si en la ocasión anterior no consideró a las verdaderas víctimas que fallecieron, que 27 resultaron lesionados y que desembocó en el evento con pérdidas humanas más grande en la historia en México”, puntualiza Marcos Zavala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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