En su segundo año de operación, el Insabi sólo destinó 10% de su presupuesto para atender enfermedades e infraestructura hospitalaria para las personas sin seguridad social.
En 2021, su segundo año de operación, sólo destinó 10% de su presupuesto para atender enfermedades e infraestructura hospitalaria para las personas sin seguridad social, es decir, los más pobres en el país; en cambio, el 90% de los recursos –equivalentes a 95 mil millones de pesos– fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda, sin que hasta la fecha hayan informado en qué lo gastaron.
El Insabi utilizó los recursos que se habían acumulado durante dos décadas en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) del Seguro Popular, la estrategia que había funcionado durante tres sexenios para atender a quienes no tenían seguridad social y que financiaba los tratamientos para enfermedades consideradas catastróficas por su alto costo, pero que el presidente López Obrador decidió eliminar.
Para usar el dinero, el gobierno morenista sustituyó dicho Fideicomiso por el Fondo Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) y cambió las reglas de operación que le permitió tomar el dinero sin los candados establecidos en el Seguro Popular que obligaba a usar el dinero únicamente para financiar enfermedades catastróficas, infraestructura hospitalaria y distribuir recursos en los sistemas de salud estatales.
El principal cambio consistió en que el Fonsabi podía ser usado para comprar y distribuir medicamentos y, sobre todo, se estableció un mecanismo de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación en la Ley General de Salud:
“Cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación”.
Regresa Insabi 50% de recursos a Hacienda
En su segundo informe de labores, el Insabi reconoció haber gastado 106 mil 515 millones de pesos del Fonsabi, pero 50% de ello –53 mil millones de pesos– los regresó a Hacienda, como establecía dicha modificación a ley de Salud.
Mientras que “el 30.98% correspondió al reintegro efectuado a la Tesorería de la Federación conforme al Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2021”, otra de las nuevas reglas de administración de estos recursos que equivalen a 33 mil millones de pesos.
Esto significó una simulación de recursos en salud, toda vez que el dinero no se aplicó sino que se regresó a la Tesorería y por lo cual se perdió el rastro; es decir, no hay registro de cómo se gastaron dichos recursos.
En contraste, sólo el 7.35% del gasto de 2021 se destinó a la subcuenta del Fondo denominada Atención de Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos, es decir, 7 mil millones de pesos que fueron utilizados “para la adquisición y entrega en especie a los Prestadores de Servicios, de los medicamentos y demás insumos asociados que se requirieron para la atención de las enfermedades que provocan Gastos Catastróficos, financiadas con recursos del Fideicomiso”.
Otro 3% de los recursos, equivalente a 3 mil 200 millones de pesos, fue transferido a los Servicios de Salud de los estados para el fortalecimiento de la infraestructura física en materia de salud.
Mientras que en 2020 hubo gastos por 63.7 mil millones de pesos del Fonsabi, de los cuales el 14.7% (9.4 mil millones de pesos) fue para atender enfermedades de alto costo e infraestructura; el 51% (32.5 mmdp) correspondió a la obligación de la Ley General de Salud de 2019 de traspasar 40 mil millones de pesos al Insabi para gasto corriente, y el 34.2% (21 mil millones de pesos) a la obligación de traspasarlo a la Tesofe.
Antes, con el Seguro Popular, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, creado en 2004 a la par del Seguro Popular, era usado para: atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; impulsar el financiamiento de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.
Por eso el Fideicomiso recibía cada año por lo menos el 11% del total de los recursos destinados al Seguro Popular, que, a su vez se dividía en dos subcuentas: el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que recibía el 8% de los recursos del Seguro Popular, y el Fondo de Previsión Presupuestal, que recibía el 2% para gasto en infraestructura y 1% para imprevistos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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