Familias, mujeres, hombres y menores de edad, plasmaron su inconformidad ante el alza de la violencia fatal en Baja California, en paredes y puertas de cochera de la Casa de Gobierno en la Capital del Estado. El punto de inflexión fue el feminicidio de la joven estudiante de Medicina, Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, sucedido luego que abordara un servicio de transporte DiDi en una de las zonas más concurridas y turísticas de Mexicali.
Las consignas en la Casa de Gobierno donde habita Ávila demostraron ese hartazgo: exigían justicia, demandaban vivir sin miedo, alertaban un ¡basta!, el anhelo de vivir seguros… denuncias que sellaron con la pinta de huellas de manos por todo el exterior de la residencia oficial del Gobierno del Estado.
Dos días después, al lunes siguiente, trabajadores del Estado limpiaron la protesta por la inseguridad y la violencia, borrando el rastro de la denuncia ciudadana, como si no hubiese sucedido, como si la cruel realidad nunca se hubiese manifestado en esas paredes que han visto pasar gobernadores y ahora a la primera mandataria en esta entidad. Como si sus palabras no hubiesen sido escuchadas por los oídos sordos de las autoridades.
El 17 de julio, miércoles, convocados por empresarios asociados en el Consejo Coordinador Empresarial, ciudadanos en casi todos los municipios tomaron las calles. Fue una vigilia pacífica, con vestimenta color negro en señal de un luto permanente ante el alza de homicidios y la comisión de delitos en BC y con veladoras encendidas en señal de la búsqueda de una solución. Una manifestación cívica en busca de la paz que los gobiernos se niegan a proveer.
Todos los días, en ciudades como Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, se reportan asesinatos, extorsiones, cobros de piso. La semana pasada acribillaron a una líder empresarial en el puerto bajacaliforniano, la única mujer que había decidido, con valentía, levantar la voz, denunciar la intromisión de células del narcotráfico a la cadena productiva de la pesca. Minerva Pérez Castro fue ultimada a balazos.
Aun cuando la mayoría de los delitos que se cometen en Baja California están relacionados con narcotráfico, a través de las células que cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco y el de los Arellano Félix mantienen en BC para controlar los territorios y sembrar terror, también suceden, en un clima de impunidad y corrupción, crímenes pasionales, homicidios dolosos por rencillas, robos, asaltos.
El origen de la inseguridad no es privativo del crimen organizado, en una sociedad donde no se ejerce el Estado de Derecho y el eje es la política de “Abrazos, no balazos”, tales realidades representan motivos para que una mente criminal se active, sabiendo, o por lo menos esperando, cometer el crimen perfecto o confiando en la incapacidad del Estado para salir impune.
Hace décadas que Baja California no vivía un clima de inseguridad como el que se respira ahora. Hace décadas que los ciudadanos no salían a manifestarse exigiendo paz, tranquilidad, seguridad. Nunca se habían manifestado con pintas en la Casa de Gobierno, eso es algo insólito en el Estado.
Y lo que más destaca después de las manifestaciones y la vigilia de los ciudadanos, es el desaire gubernamental. Ni la gobernadora, ni los alcaldes y alcaldesa, ni el Presidente de la República, se han comprometido a disminuir los índices de inseguridad, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso.
Hace unos días, en entrevista con ZETA, la fiscal María Elena Andrade reiteró lo que ha dicho desde que tomó posesión de la titularidad de la FGE: ella no persigue cárteles. Aun cuando en el fuero del Estado está el delito de narcomenudeo, narcotraficantes y criminales organizados son los orquestadores de la inseguridad.
La Guardia Nacional, que se ha visto inmiscuida como otras corporaciones estatales, municipales e incluso militares en hechos criminales de complicidad con células de los cárteles de la droga en Baja California, no da resultados. Sus supuestos patrullajes por los municipios y calles del Estado, los fatigan más en su dispersa labor en territorio desconocido, que los resultados que no han entregado a cinco años de su funcionamiento.
Si las pintas en Casa de Gobierno y la vigilia convocada por los empresarios no logran que la gobernadora tome por frente el combate a la inseguridad, las consecuencias serán incalculablemente negativas para Baja California. La manifestación ciudadana es el mejor termómetro de un gobierno. Queda demostrado que en el tema de la seguridad le están debiendo a los gobernados, y mucho.
El último mandatario estatal que combatió directamente al crimen organizado fue José Guadalupe Osuna Millán. Durante su sexenio se vivieron los momentos más difíciles de inseguridad y violencia, pero también la mayor y pública coordinación que llevó a aprehensiones de todos los cárteles para sacar de circulación a quienes secuestraban, mataban y aterrorizaban a la sociedad.
Con su inacción, Francisco Vega de Lamadrid permitió el crecimiento de las células criminales en BC, al tiempo que Jaime Bonilla Valdez se desentendió del tema, eliminando, incluso, la Secretaría de Seguridad del Estado.
Hoy le toca asumir esa responsabilidad a Marina Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, que restauró la Secretaría de Seguridad, designó con su propuesta a la fiscal estatal y, hasta donde se sabe, tiene el apoyo del todavía Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es momento de utilizar esa influencia para combatir al crimen y proveer paz a los ciudadanos que, hartos, han tomado las calles para expresar su hartazgo y pintado de colores la Casa de Gobierno. Imágenes, vaya, que no se borrarán con el desdén oficial.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario