Las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa saben que el próximo sexenio será continuidad del actual, pero confían en que habrá más apertura, señaló el titular del Centro Prodh.
Aguirre también mencionó que la entrega del reporte fue “muy accidentada”, que inicialmente las autoridades prometieron enviarlo a domicilio, aunque algunas familias se enteraron de su contenido a través de la publicación en el periódico La Jornada.
El defensor de Derechos Humanos, destacó que el reporte busca limpiar de toda sospecha al Ejército en el caso Ayotzinapa, presentándolo como víctima de una “conjura internacional”.
“Francamente es una es una pieza de retórica muy lamentable, porque en el afán presidencial de toda sospecha en el caso Ayotzinapa y su secuela de encubrimiento al ejército mexicano, pues prácticamente se usurpa el lugar central de las familias como víctimas del caso y se postula que la víctima sería la propia institución militar”.
Además, dio a conocer que el gobierno lopezobradorista dijo que la conspiración en contra de la SEDENA involucra a Estados Unidos, la DEA, periodistas y ONGs, con el fin de debilitarlo para sostener una actitud injerencista en el país.
“Para debilitar al Ejército y con ello intervenir más en México es una tesis francamente aberrante, no tiene ningún ningún sustento y no ameritaría ni siquiera la discusión si es que no estuviera firmada y rubricada por el propio presidente de la República.”
Criticó el texto, que dijo, fue “elaborado para para el formato de lucha social para leerse el templete”, aunque señaló que fue complementado con otra información que respondió algunas de las inconsistencias del reporte oficial.
Sobre la reciente reunión con el presidente de la República, Aguirre afirmó que “esa reunión fue ríspida, no aportó ningún avance”, además, destacó que la administración no cambiará su postura y expresó preocupación por la pérdida de los pocos avances logrados.
“Lo que nos preocupa es que se pierdan incluso los pocos avances que se pudieron lograr,” dijo.
En cuanto a la próxima administración, Aguirre mencionó que las familias han buscado abrir la interlocución, aunque “no les mueve en ello ninguna ingenuidad y advierten que hay elementos de continuidad entre las dos administraciones (entre la de próxima de Sheinbaum y la actual de López Obrador)”.
Señaló que la reunión con Claudia Sheinbaum fue valorada positivamente por las familias, destacando una actitud de cercanía luego de que fueron recibidas “con un saludo de mano, en la puerta, por la virtual presidente electa” que aunque es relevante, dijo, “finalmente es un gesto”.
Sin embargo, mencionó que las familias consideraron que la actitud de Sheinbaum fue de escuchar los planteamientos “que no han tenido la atención que debería en este sexenio y que debe revisarse a fondo la política pública en este tema, y las debilitadas instituciones que están a cargo del caso”.
Indicó que en este contexto, se ha visto la insistencia de los abogados militares, que representan a los elementos de la Sedena que están siendo juzgados por connivencia con el narcotráfico, en citar a juicio al ex subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, al exfiscal del caso e incluso a los integrantes del GIEI, a pesar de que estos no son testigos de la desaparición de los 43 estudiantes.
Aguirre mencionó que esta insistencia forma parte de un patrón de la Secretaría de la Defensa Nacional para “socavar la investigación del caso,” señalando que, aunque hay abogados particulares, en realidad son funcionarios públicos de la Sedena quienes están a cargo de la defensa de los militares acusados.
En cuanto a la reunión con el presidente de la República, Aguirre comentó que fue poco provechosa y que las familias no ven “nada que indique que se vaya a mover la administración de la postura ya planteada en este reporte”.
Sin embargo, dijo que se espera una próxima reunión con el presidente López Obrador para presentar un reporte final, pero expresó su preocupación por la pérdida de los pocos avances logrados y por el planteamiento del encargado de la investigación.
“Que ha empezado a plantear, que su tesis es que al menos 25 de los estudiantes llegaron al basurero de Cocula, algo que no tiene ningún asidero científico,” dijo Aguirre, calificando esto como “un retroceso de seis años.”
Finalmente, Santiago Aguirre dijo que espera que la actitud de apertura de la próxima presidenta se extienda a otras familias de personas desaparecidas y víctimas de la crisis de desaparición que continúa en el país.
“Ojalá que esa escucha que hoy es para las familias de Ayotzinapa, fuera poco a poco irse abriendo para otras muchas familias de personas desaparecidas,” concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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