En solo 5 meses, México detuvo a más migrantes que en 3 años, una cifra récord de casi medio millón de capturas, lo que contrasta con el número de deportaciones.
Ese casi medio millón de detenciones de los cinco primeros meses de 2024 ya casi iguala a las 563 mil del pasado 2023, año que, de por sí, ya ostentaba el récord absoluto de capturas (el año con más detenciones en el sexenio de Peña Nieto fue 2015 con casi 200 mil casos, la mitad de lo registrado en 2023). Y otro dato: entre enero y mayo de este año, ya se detuvo a más migrantes que en los tres últimos años juntos del sexenio de Peña Nieto, que acumuló 411 mil detenciones.
De hecho, el gobierno del presidente López Obrador terminará muy cerca o casi con toda probabilidad superando las 2 millones de detenciones de migrantes (hasta mayo de este año suman 1 millón 783 mil, a falta de contabilizar aún otros cuatro meses hasta octubre, cuando tomará posesión Claudia Sheinbaum). Récord absoluto y una cifra muy superior (un 120% al alza) a los 811 mil con la que concluyó su antecesor en el cargo, Peña Nieto.
Por qué aumentan las detenciones de migrantes en sexenio de AMLO
Investigadores consultados por Animal Político explican que los factores que pueden estar provocando este aumento tan notable en las estadísticas oficiales de detenciones son varios.
La post-pandemia y la necesidad de miles de personas de encontrar oportunidades económicas en Estados Unidos; la inestabilidad política en países como Venezuela, cuya migración a su paso por México se disparó más de un 3000% en apenas tres años (en 2021, fueron detenidos 4 mil 360, por los 145 mil de 2023); el aumento del flujo de la migración africana, que también se disparó por arriba del 3000% en solo tres años (de 1 mil 560 detenciones en 2021 se pasó a 55 mil 229 en 2023); el continuo flujo de personas centroamericanas que siguen huyendo en masa de países como Honduras, donde son víctimas de las pandillas; o más recientemente, el arranque de las elecciones en Estados Unidos y la posible vuelta al poder de Donald Trump y el temor a que vuelva a establecer medidas muy restrictivas contra la migración, son algunos de esos factores que explican, y también matizan, por qué el sexenio de López Obrador ya es el que más detenciones de migrantes ha hecho en la historia de México.
Migrantes son detenidos varias veces en México
Por otra parte, otro factor importante que puede explicar este aumento puede ser la aplicación desde el año pasado de una jurisprudencia establecida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que, en esencia, establece que una persona migrante ya no puede estar retenida por más de 36 horas, al contrario de lo que sucedía anteriormente, cuando podían estar retenidos por un mínimo de 15 días, con posibilidad de ampliar ese periodo de tiempo por 30 días, 60, 90 o más.
Omar Beltrán, director del INM en la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México, explicó durante un recorrido con Animal Político por las instalaciones del centro que a partir de esta nueva disposición lo que puede suceder es que se decida, o bien que la persona sea deportada porque ya entró irregularmente varias veces al país; o bien que el migrante se acoja a su derecho de retorno asistido a su país; o que el migrante salga libre con un acuerdo administrativo para su posterior traslado en autobús del INM a la frontera sur más cercana, en este caso Villahermosa, Tabasco.
En el sur, ya de nuevo en libertad, el migrante puede decidir si intenta acogerse al proceso de regularización (para lo cual debe cumplir con numerosos requisitos), o si vuelve a intentar cruzar México para llegar a la frontera estadounidense, aunque lo hará desde ‘la casilla de salida’. A juzgar por las estadísticas, muchos vuelven a intentar el camino hacia el norte y son detenidos varias veces en el intento. Por eso las detenciones aumentaron, porque un mismo migrante pudo ser detenido muchas veces.
Sobre esto, activistas y organizaciones como la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), o la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), denuncian que el INM está realizando ‘expulsiones en cascada’ para darle la vuelta a la prohibición de retener por más de 36 horas a un migrante en una misma estación, y para ‘desgastar’ a los migrantes con la finalidad de que sean ellos mismos quienes se ‘autodeporten’.
De hecho, en efecto, las cifras de deportaciones son sumamente bajas en comparación con las de capturas: del millón 783 mil personas detenidas en lo que va de sexenio, 528 mil fueron deportadas, apenas el 29%; mientras que de las 454 mil detenciones de enero a mayo de este año, solo 11 mil 695 fueron devueltos a sus países, el 2.5%.
“Todo empezó muy bonito… hasta que llegó Trump”
Ahora bien, activistas, organizaciones de derechos humanos, y exfuncionarios del propio gobierno obradorista, como Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, apuntan que este disparo en las cifras de detención también se explica por un cambio de 180 grados en la política migratoria mexicana a partir de las continuas presiones del gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Unas presiones que, como presumió públicamente Trump en un mitin en Ohio el pasado sábado 20 de julio –el republicano vuelve a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos–, tuvieron un efecto inmediato en México con el envío en 2019 de miles de soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur para realizar labores de contención migratoria. Incluso, en abril pasado Trump llegó a decir que “nunca he visto a nadie doblarse así”, en alusión a la supuesta ‘fragilidad’ del gobierno mexicano que aceptó la imposición del programa ‘Quédate en México’, el cual enviaba a miles de migrantes de vuelta a México para que esperaran aquí el llamado de las autoridades estadounidenses para analizar sus casos.
Precisamente, el envío de tropas mexicanas a detener migrantes (en la nueva ley de la Guardia Nacional de 2019 se incluyó que los soldados pudieran participar en labores de contención migratoria), así como la aceptación de las exigencias de Trump, fue lo que llevó al primer comisionado del INM en el sexenio de AMLO, Tonatiuh Guillén, un perfil que venía de la academia y que contaba con el visto bueno de activistas, organizaciones y organismos de derechos humanos, a presentar su renuncia en junio de 2019; tan solo seis meses después de iniciar el encargo.
“La palabra ‘transformación’ sí nos la tomamos en serio algunas personas, y por eso todo empezó muy bonito”, recuerda en entrevista Guillén.
“El entonces candidato (López Obrador) había sido muy crítico y muy severo con la política migratoria de Peña Nieto (que también incluía el uso del ejército para perseguir a los migrantes), y también era muy crítico y muy severo con los planteamientos de Trump. Y por eso, al inicio había un principio de renovación al interior del Instituto Nacional de Migración”, añade el excomisionado.
En los seis meses que estuvo al frente de Migración, “hubo un planteamiento de apertura y renovación” en el Instituto y con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también se había mostrado contraria al uso de militares en labores de contención migratoria, se acordó dos principios fundamentales en la nueva política migratoria.
“Uno era la aplicación del respeto a los derechos humanos, y el otro era el de establecer una estrecha conexión entre la política migratoria y las políticas de desarrollo del gobierno de López Obrador’”.
Por ejemplo, dice el exfuncionario federal, se preveía una ampliación del mercado laboral en los estados de la frontera sur mexicana y la “modernización de la movilidad fronteriza” para que migrantes centroamericanos pudieran moverse con más facilidad para trabajar en los estados del sur. Mientras que en el norte se proyectaba la atención a migrantes mexicanos deportados a través de la alianza con la sociedad civil para incluirlos en programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Asimismo, también había un programa para la modernización de los aeropuertos y de los puertos de acceso al país, y una iniciativa para que los migrantes menores de edad no pudieran ser detenidos, sino alojados en albergues de la sociedad civil o de los centros DIF, en espera de que las procuradurías de la niñez analizaran sus casos. Una reforma que acabó aprobándose y entrando en vigor en enero de 2021, pero que, como documentó Animal Político en la investigación ‘Niñez Migrante: promesas de papel’, no se está cumpliendo a cabalidad.
“Todo esto nos permitía pensar realmente en una nueva política migratoria”, resume Guillén, que subraya que hubo un hecho que marcó sobre el terreno la aplicación real de esa nueva política: la caravana migrante de enero de 2019.
A diferencia de lo sucedido a finales de 2018 en el todavía gobierno de Peña Nieto, cuando policías intentaron disolver esta primera gran caravana de migrantes que provenía de Centroamérica, en la primera que le tocó al gobierno de López Obrador los migrantes fueron recibidos en el puente internacional que atraviesa el río Suchiate, en la frontera entre Tecún Umán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ahí, con carpas que protegían del sol y con personal médico y de emergencias, el personal del INM recibía a los migrantes con una tarjeta de visita por razones humanitarias, para que pudieran transitar por el país con acceso a salud y educación, en lo que se resolvían las peticiones de asilo y refugio, o su estatus migratorio.
“Esa caravana fue el cambio más simbólico de la política migratoria”, hace hincapié el extitular del INM.
“No solo se volvió a la política anterior, sino peor, a una más cruda”
Pero eso duró poco, vuelve a recordar Guillén. En concreto, hasta que, después de la aplicación del programa ‘Quédate en México’ de manera unilateral por el gobierno de Trump, éste inició pláticas con el canciller Marcelo Ebrard para que el ‘muro’ del republicano se trasladara hasta la frontera sur de México.
“Y todos esos acuerdos entraban en tensión con todo lo que estábamos haciendo en el INM”, expone Guillén.
Posteriormente, llegó la amenaza pública de Trump de imponer elevados aranceles a productos mexicanos como el acero, los automóviles, o productos agrícolas, si México no se ponía a detener migrantes indocumentados. A la par, cuenta Guillén, el presidente López Obrador decidió que “lo de migración lo viera Marcelo (Ebrard)”, y desplazó al INM y a la Segob del tema, mientras que en mayo de 2019 se le atribuyó por ley a la Guardia Nacional atribuciones para hacer labores de contención migratoria.
“Ahí entendí que había dos visiones para un mismo tema que no eran compatibles, y que mi proyecto estaba terminado. Por eso presenté mi renuncia en junio de 2019”, comenta el extitular del INM, que a cinco años de aquello considera que “se volvió a la misma política migratoria de antes, pero mucho más cruda con un aparato militar detrás y con la militarización del INM”.
“Es decir –recalca–, no solo se volvió a lo anterior, sino que se dieron varios pasos atrás con la militarización de la contención migratoria, algo, además, con lo que soñaría el propio Donald Trump en Estados Unidos, pero que no puede hacer, porque allá el ejército no puede intervenir de manera directa en el control migratorio. Allá es una raya jurídica muy fuerte, mientras que aquí la movimos muy rápidamente. Pero ese es el sueño de la ultraderecha estadounidense”.
Militares y migración en México en sexenio de AMLO
Lo expuesto por Tonatiuh Guillén sobre la militarización va en paralelo a las cifras: de acuerdo con datos oficiales, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el INM detuvo a 128 mil migrantes. Para ese mismo periodo de tiempo, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, respondieron por transparencia a este medio que “coadyuvaron” en operativos para capturar a 104 mil 798 migrantes.
Es decir, que en el 82% de las detenciones de migrantes ocurridas en un año hubo intervención de soldados del Ejército, la Guardia Nacional y de la Marina, especialmente del Ejército mexicano, que intervino en más de 90 mil casos, el 70% del total de detenciones.
Asimismo, hasta 19 comisionados estatales de migración (los jefes del INM en los estados) fueron sustituidos entre 2019 y 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad nacional. De hecho, cabe recordar que el perfil de Francisco Garduño, el actual comisionado que sustituyó al académico Tonatiuh Guillén, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país.
En este contexto de aumento sobresaliente de las detenciones de migrantes en México y de militarización del aparato de contención migratoria, apenas el pasado 18 de julio el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, integrante del gabinete del presidente saliente Joe Biden, felicitó a México por los “grandes esfuerzos” para frenar la migración en la frontera.
“Hemos visto, hasta ahora, una disminución dramática en el número de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera”, dijo el funcionario estadounidense en un evento público en Washington.
“Desde nuestra perspectiva”, agregó, “esta alianza nunca ha producido mejores resultados”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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