En conferencia de prensa, los líderes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, que encabeza la lucha contra Granjas Carroll, explicaron que las amenazas llegaron antes de que fueran notificados de que la empresa les interpuso una denuncia penal por las manifestaciones que han realizado en su contra, una de las cuales fue reprimida el pasado 20 de junio, cuando la policía golpeó a los campesinos y asesinó a dos defensores en Totalco, Veracruz.
“Cárcel, desaparición y muerte han sido las amenazas. Nos amagan con cárcel, pero antes funcionarios del gobierno ya nos habían intimidado con asesinarnos y desaparecernos si no frenábamos las protestas contra Granjas Carroll”, denunció Moisés Moratilla, integrante del Movimiento en Defensa del Agua, quien junto a Renato Romero evidenció las amenazas y el citatorio en su contra.
Los defensores responsabilizaron de las amenazas a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de comisionados de la Dirección General de Gobierno; a Osvaldo de la Rosa, delegado de la Secretaría de Gobernación estatal en la región Libres Oriental, y a Celso Leal, presidente del Consejo de Cuenca Río Balsas.
Tras las protestas, al menos ocho personas, incluidos defensores del Movimiento, fueron notificadas en sus domicilios por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) con una invitación a una sesión de mediación respecto del procedimiento alternativo como solución a una controversia de naturaleza penal. El citatorio está fijado para el 7 de agosto, y en él se les conmina a someterse “a un acuerdo reparatorio justo, evitando con ello un proceso jurisdiccional”.
Se trata de “una amenaza y una imposición de censura, criminalizándoles por pedir agua”, aseguraron Moratilla y Romero en la conferencia de prensa. De acuerdo con Romero, el gobierno de Puebla incluso amenazó a los dirigentes del Movimiento desde el 21 de mayo, cuando en reuniones “por separado” les advirtió de no continuar con las protestas porque “vendrían consecuencias mayores”.
“El gobierno de Veracruz no es el único responsable de lo que pasó en Totalco, donde fueron acribillados dos agricultores, también es competencia del gobierno de Puebla. El 20 de junio cumplieron sus amenazas, iban contra mí, dos veces los campesinos me salvaron. Para mí, para los compañeros, esto fue una conspiración contra el pueblo”, sostuvo Romero.
Los defensores recordaron que no es la primera vez que reciben amenazas por defender el agua de la Granjas Carroll, pues en 2007 y 2008 fueron criminalizados cinco defensores que exigieron el cierre de las “pestilentes” naves de la criadora de cerdos. “Años después la fórmula para criminalizar las protestas se repite, silenciando los abusos”, aseguraron.
AUTOR: REDACCIÓN.
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