Encinas había viajado un poco antes a Israel, a mediados de febrero de 2022, para convencer a Zerón de Lucio de que colaborara con la investigación y, a cambio, le había ofrecido inmunidad.
Mientras el antiguo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dilucidaba si aceptaba la oferta oficial o no, el subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotizanapa (Covaj) le envió un cuestionario de 70 preguntas.
El jefe policiaco aceptó responderlas y usó la ocasión para “regalarle” a Encinas información clave e inédita hasta ahora: el presidente Enrique Peña Nieto fue el responsable de armar la “verdad histórica” en las “Juntas de Autoridades” realizadas en su oficina de Los Pinos, con la presencia de los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y el director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
Ahí, cuenta el exdirector de la AIC, se les instruyó al procurador Jesús Murillo Karam y al propio Zerón de Lucio a salir a medios de comunicación y dar esa versión de que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados la misma noche en el basurero de Cocula y que sus restos habrían sido lanzados, después, al río San Juan.
En las más de 18 cuartillas que contienen las respuestas a las 70 preguntas, Zerón de Lucio aprovechó la oportunidad y se esmeró en presentarse como un personaje sin mayor poder, obediente y sumiso, un hombre del sistema que obedecía a sus jefes y cuya palabra no valía mucho en un mundo dominado por las torturas, los marinos, el espionaje, los policías y militares.
En sus respuestas, desconocidas hasta esta fecha, Zerón de Lucio no acepta ninguna responsabilidad de su parte, se ve a sí mismo sólo como un “vocero”, un instrumento para dar a conocer a la sociedad la “verdad histórica”, una verdad a cuya construcción se dice ajeno, pero en ellas hace referencia a elementos hasta ahora no conocidos: el papel de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, por ejemplo, o las “investigaciones paralelas” realizadas por el Ejército.
Tomás Zerón de Lucio es una de las piezas clave para desentrañar la verdad de los hechos que llevaron a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Es un eslabón muy relevante para entender las irregularidades que ocurrieron en la investigación y cómo y quiénes tomaron la decisión de cerrar, al menos públicamente, el caso”, dice Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, cuyos abogados son los asesores legales de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa.
Como jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el brazo investigador de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Zerón de Lucio, un ingeniero industrial del IPN metido a los sótanos policiacos, era un hombre clave para el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con quien había colaborado de manera cercana cuando éste ocupó la gubernatura del Estado de México.
Tomás Zerón no era cualquier policía con mando asignado al caso. “Él era el hombre del presidente en la PGR. El nombramiento de Jesús Murillo Karam era parte de las cuotas políticas que cubrían con otros grupos del priismo. Zerón reportaba a Murillo Karam, sí, pero también lo hacía directamente con Peña Nieto”, considera Santiago Aguirre. Y, justo por eso, “era un hombre con mucho poder”.
Fábrica de Periodismo obtuvo el cuestionario y sus respuestas a través de una solicitud vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El documento entregado está rotulado con la leyenda “Anexo 4” y tiene por título “Cuestionario: COVAJ”.
Y en una segunda hoja, que antecede al cuerpo del cuestionario y sus respuestas, aparece una nota que da cuenta del momento en que estaban las negociaciones con Zerón y la esperanza de Encinas de que éste colaborara:
“Tomás Zerón. Se mantiene comunicación con Tomás Zerón para explorar su criterio de oportunidad por cooperación con la investigación. A la fecha dio respuesta al cuestionario que se le hizo llegar y se estableció el compromiso de acercar a sus excolaboradores”
El cuestionario elaborado por Alejandro Encinas y su equipo está dividido en cinco secciones temáticas, de la A a la E:
A.- Relacionadas con la “verdad histórica”.
B.- Relacionadas con el Río San Juan.
C.- Relacionadas con los actos de tortura.
D.- Relacionadas con actos de encubrimiento de los hechos.
E.- Relacionadas con los actos de investigación.
El segmento más extenso es el de la “verdad histórica”. Se le dedican 27 de las 70 preguntas del cuestionario. La intención expresa de esa sección es obtener información sobre quién fue el responsable de crear la versión oficial para desviar las investigaciones y cómo se construyó, de dónde surgieron los elementos para tratar de darle sustento, cuál fue el papel de las autoridades federales en ese proceso, quién ordenó hacer las intercepciones telefónicas de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, dónde quedaron esas grabaciones.
Varias de ellas buscan obtener información sobre puntos clave de la investigación: que ocurría en las llamadas “Junta de Autoridades” realizadas en la oficina de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, si algún funcionario de alto nivel lo presionó para que saliera a difundir en medios de comunicación el “destino de los 43 normalistas en las condiciones que se conoció (sic) como verdad histórica”, cuál fue el paradero final de los estudiantes o cuál fue el móvil que llevó a la desaparición de los normalistas.
También se le pregunta a Tomás Zerón sobre el papel que desempeñó el Ejército en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes, en particular sobre las “investigaciones paralelas” que realizó la Secretaría de la Defensa, así como el papel de la Secretaría de Marina en la construcción de la “verdad histórica”.
Las líneas que escribió Tomás Zerón de Lucio permiten ver algunos destellos reveladores en un caso que agoniza junto con el sexenio del presidente López Obrador.
Hasta ahora, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República han acusado al exprocurador Jesús Murillo Karam de ser responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, de haber torturado a presuntos responsables y de haber obstruido la justicia.
Pero no han ido más allá de ese nivel de autoridad. Jamás se ha mencionado al superior inmediato de Murillo Karam, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde abril de este 2024.
Y la única persona que estaba por encima de Murillo Karam era el presidente Enrique Peña Nieto.
Cómodamente refugiado en Tel Aviv, y luego de haber grabado clandestinamente a Encinas en el encuentro que tuvieron en febrero de 2022 en un restaurante de esa ciudad, Zerón decidió responder tres preguntas clave sobre cómo se originó la “verdad histórica”, la construcción desde el gobierno federal que buscaba legitimar una falsa verdad, que se revistió de “acciones institucionales y estrategias de comunicación que buscaban el cierre de las investigaciones para dar un carpetazo al caso y excluían a las fuerzas armadas y a las autoridades federales”, como la definió el propio Alejandro Encinas:
–¿Quiénes diseñaron o redactaron la “verdad histórica”?
–Durante las sesiones del Gabinete de Seguridad, realizada en la oficina de Los Pinos del Presidente de la República en el que participaron el Presidente de la República, y los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión e instruyeron al procurador general de la República para que con la información que se tenía informara sobre el destino de los estudiantes de acuerdo con las declaraciones y evidencia presentada por el Ministerio Público Federal hasta ese momento.
El término de “verdad histórica” fue adoptado por el procurador general de la República, Lic. Jesús Murillo Karam.
–¿Quién ordenó dar a conocer la versión de quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula a través de los medios de comunicación?
–Durante una de las sesiones del Gabinete de Seguridad realizada en la oficina de Los Pinos del presidente de la República en el que participaron el presidente de la República, y los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión e instruyeron al procurador general de la República para que con la información que se tenía informara de los avances en el tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
–¿Algún funcionario de alto nivel lo presionó o influyó en usted para salir a los medios a informar sobre el destino de los 43 normalistas en las condiciones en que se conoció la “verdad histórica”?
–Durante una de las sesiones del Gabinete de Seguridad en el que participaban los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión y me instruyeron para que fuera el vocero de la Procuraduría General de la República y con información proporcionada por el Ministerio Público Federal, en coordinación entre la oficina del procurador general de la República y el área de comunicación social de la Procuraduría General de la República, se realizaban los contenidos de las conferencias de prensa en donde se informaba sobre los avances en el tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, siendo mi función únicamente darle lectura y explicar el resultado de aquellos.
Lo que Tomás Zerón revela en el cuestionario es que la “verdad histórica” fue construida en reuniones presididas por Enrique Peña Nieto, en las que participaron los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, general Salvador Cienfuegos, almirante Vidal Soberón, el director del Cisen Eugenio Ímaz, el procurador Jesús Murillo Karam, así como Aurelio Nuño y Eduardo Sánchez, vocero y el jefe de la Oficina de la Presidencia, respectivamente.
A la fecha no se había hablado con detalle de estas “Juntas de Autoridades”. En su Tercer Informe, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) dedica un apartado a unas juntas de autoridades, pero la referencia corresponde a otras, en las que participaban funcionarios estatales y federales de distintas dependencias.
Y en el informe final de la Comisión de la Verdad presidida por Encinas, quien renunció a su cargo un mes después de haberlo presentado, en octubre de 2023, sólo se hizo una mención en general.
La revelación de la existencia de estas “juntas de autoridades” realizadas en Los Pinos ha llamado la atención de especialistas que han trabajado en el tema con profundidad. Una de ellas es Kate Doyle, investigadora senior del National Security Archives (NSA), una organización dedicada a desclasificar información de agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre casos relevantes de violaciones de derechos humanos en América Latina.
Líder del Proyecto México del NSA y autora de una serie documental sonora sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, Kate Doyle considera que es muy importante que se haya mencionado directamente al expresidente Peña Nieto.
“No podemos concluir, así nada más, que Peña Nieto encabezó todo. No sabemos, pero es una pieza de información muy importante. Si el presidente está en la sala, el presidente manda”, dice Doyle, a quien se le compartió el cuestionario y las respuestas para su revisión.
–¿Por qué es importante que haya mencionado directamente a Enrique Peña Nieto?
–Porque Peña Nieto está ausente en la narrativa sobre Ayotzinapa. Cuando he hablado con gente dentro y fuera del gobierno, me han dicho: “Es obvio que el presidente no quería tener este problema en su escritorio. No quería este problema en su agenda. Entonces le dijo a su mano derecha “Zerón, resuélvelo. Haz lo que tengas que hacer”. Por eso me parece significativo que el jefe de la investigación, Tomás Zerón, se refiera a la presencia del presidente.
–La postura oficial y la investigación se ha limitado a funcionarios como Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón y ya. Hasta ahí se queda la responsabilidad.
–Exacto. Y decisiones de esa naturaleza eran un asunto de Estado.
–No podían tomarlas ni Murillo Karam ni Tomás Zerón por sí mismos.
–Y la Sedena. No hay que olvidar el papel que tuvo el Ejército en las investigaciones.
A Santiago Aguirre le llaman también la atención las implicaciones de las respuestas de Tomás Zerón, en particular las que corresponden a preguntas que tratan de indagar un poco más en el papel de la Sedena, un tema sobre el cual el cuestionario enviado por Encinas no indagó mucho.
Y es que el Ejército, destaca el director del centro jesuita de derechos humanos, ha mostrado una permanente renuencia a entregar la información que conserva sobre la desaparición de los estudiantes, a tal grado que ha desacatado la instrucción del propio presidente López Obrador de abrir sus archivos.
Aunque extrañamente el cuestionario no abundó mucho en el tema del Ejército, las respuestas de Zerón marcan un pequeño quiebre en la forma en cómo aborda otros temas:
–¿La Sedena le informó sobre las investigaciones paralelas que llevó a cabo?
–A mí no se me informó y desconozco sobre alguna investigación paralela por parte de la Sedena. Desconozco si (se le informó) al titular de la investigación, es decir, al Ministerio Público.
–¿Durante las reuniones de la mesa de inteligencia de la Junta de Autoridades se planteó investigar la participación del ejército?
–En las mesas en que yo participé, no tuve conocimiento de ello.
–¿La Sedena le informó de la existencia de un militar infiltrado en Ayotzinapa?
–A mí no me informaron tal situación.
Por eso, dice el defensor de derechos humanos, resulta relevante que Zerón haya manifestado por escrito una situación que habla de que el Ejército se maneja con bastante autonomía incluso del presidente de la República.
“Eso corrobora que, desde el comienzo del caso y hasta el presente, la Sedena se ha dedicado a administrar la información”, considera Aguirre, quien también revisó las preguntas y respuestas para su evaluación.
“Todavía en este sexenio, con decreto presidencial firmado que instruía a la Sedena a colaborar, intentó engañar al subsecretario Encinas al negarle que uno de los jóvenes desaparecidos (Julio César López Patolzin) era un infiltrado del Ejército en la Normal de Ayotzinapa. Que Zerón diga ‘no nos lo dijeron’ me parece relevante”.
El Tercer Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa abordó el tema de la “verdad histórica” y las “juntas de autoridades”.
En ese informe, difundido en febrero de 2022, se destacan, entre otros, los siguientes puntos:
La escena sobre el río San Juan, donde se señaló que encontraron en una bolsa los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos, había sido alterada un día antes, con la presencia de Tomás Zerón de Lucio y uno de los presuntos responsables, a quien se trasladó sin su abogado defensor.
Existió toda una actuación paralela y subrepticia, que nunca se registró en el expediente oficial, y que culminó con la construcción de la llamada “verdad histórica”.
La Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dirigida por Tomás Zerón de Lucio, organizó, con un grupo de múltiples autoridades civiles y militares, mesas de coordinación e inteligencia, “juntas de autoridades” que se realizaban en la sede del 27 Batallón de Infantería, desde al menos el 7 de octubre de 2014. Desde ese día, la Agencia de Investigación Criminal estuvo –de facto– al frente de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
Por instrucciones de Zerón se gestionaron y obtuvieron “escuchas telefónicas” que nunca se volcaron en el expediente ni guiaron la investigación para esclarecer los hechos.
Tomás Zerón acusó al GIEI de mentir y después, ante el cúmulo de evidencias, enfrentó un proceso disciplinario que quedó sin efecto ante su renuncia para ser nombrado asesor de seguridad nacional por el presidente Peña Nieto. Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia y está pedido en extradición desde Israel.
Eso escribían los expertos independientes en febrero de 2022.
Ese y otros reportes del GIEI, así como los dos informes de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, subrayan la responsabilidad de Tomás Zerón en las torturas, el encubrimiento de los hechos y el desvío de las investigaciones, hechos por los cuales cuelgan dos órdenes de aprehensión sobre su persona.
Y, sin embargo, en las respuestas a Encinas se presenta a sí mismo como una pieza pequeña, casi insignificante, de la maquinaria del Estado mexicano, alguien que alegaba formalismos administrativos para decir que no tenía prácticamente ningún poder sobre nadie y era apenas un burócrata de cierto nivel con facultades muy limitadas.
Zerón elude una y otra vez su participación en los hechos y en la toma de decisiones clave, desde la tortura de detenidos, las intercepción de comunicaciones, las líneas de investigación, peritajes, etcétera.
Zerón recurre repetidamente en sus respuestas a frases como “dicha información sólo la conocía el Ministerio Público de la Federación por ser el titular de la investigación”, o “desconozco dónde se encuentran los seguimientos telefónicos debido a que no eran mis atribuciones”, o “a mí no me entregaron información alguna sobre vuelos de drones; desconozco si la tiene el titular de la investigación, es decir el Ministerio Público federal”.
Cuando le preguntan sobre hechos que están comprobados, responde que desconoce “qué funcionario ordenó la ejecución de esa forma, ya que yo no era superior jerárquico ni instruía al agente del ministerio público a realizar o a asentar diligencia o investigación alguna”.
Y así en muchas ocasiones. Zerón no dejó escapar oportunidad alguna para usar la palabra “desconozco”. Lo hizo en 31 ocasiones.
Esa manera de presentarse a sí mismo deja desconcertada a Kate Doyle. “Se pinta prácticamente como un títere, que sólo obedecía. ¡Resulta ahora que Tomás Zerón es un don nadie, no sabe nada, no dirigió nada y todo lo hizo por órdenes superiores! Eso es mentira. El era el jefe de la investigación. El la dirigía. Es hasta perverso que ahora diga que no sabe nada de nada”.
A juicio de la investigadora del NSA, quien ha sido llamada a testificar en juicios contra perpetradores de delitos de lesa humanidad en América Latina, es una conducta típica de las autoridades que no quieren reconocer su papel en un crimen.
“Me vienen a la mente las respuestas de la gente del presidente Richard Nixon frente al Congreso durante las audiencias por el Watergate: ‘No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo’. ¡Mentiras!”.
–Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas se acabó el tema y empezamos –se escucha hablar a Tomás Zerón la madrugada del 16 de enero de 2015, cuando interroga de forma ilegal a Felipe Rodríguez Salgado, un integrante del grupo criminal de Guerrero Unidos que participó en la desaparición de los 43 normalistas y a quien apodan El Cepillo.
Un video difundido en medios de comunicación en julio de 2020 muestra la manera en que agentes de la PGR someten, con el torso desnudo y la cabeza cubierta, a Rodríguez Salgado. Las imágenes no dejan lugar a dudas: lo torturan y se escucha otra amenaza directa.
–A la primera mamada, te mato, güey –intimida Tomás Zerón al detenido en el pequeño cuarto donde lo interrogan–. A ver, síguele. ¿Dónde es ahí? ¿Qué día era? Habla más fuerte.
El video forma parte de un paquete de 40 grabaciones realizadas por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante esos interrogatorios y que fueron obtenidos por Omar Gómez Trejo, el exfiscal especial del caso.
Las grabaciones exhiben un patrón claro de violaciones de derechos humanos. Agentes de la PGR, del CISEN y la SEMAR usaron la tortura como herramienta para quebrar a los detenidos y obligarlos a confesar lo que las autoridades les indicaran para “cuadrar” la investigación hacia la “verdad histórica”.
A pesar de que aparece a cuadro dirigiendo el interrogatorio y las torturas, Zerón negó los hechos en el cuestionario que respondió a Alejandro Encinas:
–¿Fue la rapidez para cerrar la investigación lo que motivó los actos de tortura efectuados contra El Cepillo?
–Desconozco –responde Tomás Zerón a la pregunta– si hubo actos de tortura (…) sólo leí algunas de las declaraciones en donde él (El Cepillo) menciona que fue golpeado por los agentes aprehensores.
–¿Por qué se requería que dicho inculpado declarara hechos que cuadraran con la “verdad histórica”?
–Desconozco si se le requirió que declarara de alguna manera en específico, ya que mis facultades no eran las de recabar declaraciones de los inculpados.
Sin embargo, en una entrevista que concedió al periódico israelí Yedioth Ahronoth, el exfuncionario justificó la amenaza de muerte a El Cepillo: “Hablas con este abominable asesino, te das cuenta de lo que hizo y con qué frialdad masacró a estos desaparecidos, y simplemente explotas”, le dijo al periodista Ronen Bergman en abril de 2023.
A la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, en cambio, le dijo algo distinto cuando le preguntaron al respecto:
–¿Estuvo presente usted en algún otro acto de tortura, además del de Felipe Rodríguez Salgado o conoce algún otro acto de tortura relacionado con los hechos?
–Nunca he estado presente en algún acto de tortura y no me consta ningún acto de tortura.
No fue el único hecho de tortura que se le ha acreditado. En una declaración realizada en febrero de 2020 y hecha pública en septiembre de 2021, Agustín García Reyes, El Chereje, integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos acusó a Tomás Zerón de haberlo obligado a declarar falsedades el 28 de octubre del 2014, día en que acudió al Río San Juan a decir que ahí habían lanzado bolsas con los restos incinerados de los estudiantes.
“Tú, hijo de tu puta madre, te voy a llevar al Río San Juan para que hagas lo que te voy a decir”, pronunció Tomás Zerón, en camino a la controvertida diligencia del 28 de octubre, según la versión de El Chereje.
Y, a bordo del helicóptero, en que lo trasladaban de la Ciudad de México a Cocula, le advirtió, según la declaración oficial que hizo: “Hijos de su puta madre, ahorita que ya lleguemos ya quiero que hagan las cosas tal y como les dije, sino que ahorita que vengamos de regreso los voy a aventar del helicóptero”.
–¿Cómo justifica usted los interrogatorios que derivaron en pruebas de tortura y faltas al debido proceso?
–De ninguna manera justifico el uso de la tortura para la obtención de información en un interrogatorio –replica Zerón, sin importarle que se le haya visto en imágenes hacerlo.
Y repite el guión que ha usado al responder el cuestionario: él no hizo, él desconoce, él no tenía atribuciones.
No importa si abordan los actos de tortura, la implicación de las fuerzas armadas, el tema del basurero de Cocula, lugar en donde según la “verdad histórica” se habrían incinerado los cuerpos sin vida de los 43 jóvenes estudiantes, o el móvil que llevó a la desaparición de los normalistas, las respuestas de Tomás Zerón no sólo están impregnadas de ese lenguaje “legaloide” que busca minimizar su responsabilidad, sino que dejan también una huella de desazón.
–¿Por qué en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 cambió la versión, donde usted aseguró que en el basurero fue quemado un grupo importante de estudiantes, pero sin aclarar la cantidad de normalistas?
–Ninguna versión en conferencia de prensa fue elaborada o expuesta a título personal. En mi función de “vocero” por instrucciones del procurador general de la República, informaba y daba lectura a los avances de la investigación. Jamás he dicho que en el basurero fueron quemados el total o un número exacto de los estudiantes.
–¿Cómo fue la división de grupos para la desaparición y quema de los normalistas?
–Desconozco si fueron divididos los estudiantes, ya que, como he referido, los que llevaba a cabo entrevistas, diligencias y determinaciones eran los ministerios públicos a cargo de la investigación.
–¿Qué pruebas científicas sustentan que los 43 estudiantes desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula?
–Desconozco si los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. El tema del incendio fue corroborado por un grupo colegiado de 6 expertos internacionales con especialidad en incendio.
–¿Cuál fue el móvil que llevó a la desaparición de los normalistas?
–Reitero que la investigación era y es dirigida por los agentes del ministerio público, por lo que el móvil que llevó a la desaparición de los normalistas es el que obra o debe obrar en la investigación.
Y la última pregunta y su correspondiente respuesta, la número 70, dejan una impronta de frustración porque 10 años después de que esa negra cortina nocturna cayó sobre la vida de 43 jóvenes que estudiaban para ser maestros, no hay una respuesta a dónde están los desaparecidos.
–¿Dónde están los restos de los jóvenes de Ayotzinapa?
–Desconozco en dónde están los restos de los jóvenes de Ayotzinapa.
Y aunque su número podría haber sido mayor o podrían haberse incorporado otras, o excluir algunas más, o frasearlas de otro modo, lo cierto es que Kate Doyle considera que “las preguntas son buenas”.
Aun con sus respuestas tan generales, tan evasivas, dice la especialista, “conocemos información nueva, aprendemos dimensiones del caso que no entendimos antes”.
La relevancia de las respuestas de Tomás Zerón, en su opinión, es que ayudan a entender muy bien la impunidad en que sigue el caso.
“Leer sus respuestas es leer un mapa de impunidad. Aunque los mexicanos no necesitan más pruebas de la impunidad que existe en México, estas respuestas ofrecen evidencia de la firmeza de la impunidad”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/FABRICA DE PERIODISMO.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO RODRÍGUEZ REYNA/JUAN GÓMEZ.
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