Los padres y madres que rechazaron la búsqueda encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, que “fue decidido de manera unilateral por el presidente en la reunión que sostuvimos en días recientes”.
En un comunicado emitido la noche del 31 de julio, los padres y madres se rechazaron la búsqueda encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, que “fue decidido de manera unilateral por el presidente en la reunión que sostuvimos en días recientes”, y contra la que “no se les permitió hablar para manifestar su oposición a la diligencia”.
De acuerdo al comunicado, la decisión del presidente surgió cuando se le recordó que un testigo protegido validado por su administración sostuvo que “25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 Batallón de Infantería y posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos en una colonia de Iguala, Guerrero”, lo que se contrapone con su negación de que la participación de los militares en la desaparición de los 43 muchachos.
Insistieron en que la instrucción del presidente a Arturo Medina surgió como una “acción desesperada del gobierno de limpiar la imagen de un ejército que tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que la noche del 26 de septiembre se colocó del lado de los perpetradores, supo en tiempo real lo que ocurría con nuestros hijos y ha ocultado información relevante del caso”.
Tras señalar que la orden “no fue consultada ni consensada con las madres y padres de los 43”, consideraron ociosa la búsqueda al ya haber sido realizada en 2019 “sin éxito alguno”, además de que “no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes puedo inhumados en fosas en este lugar”.
Resaltaron que “ningún sentido tiene buscar en esas instalaciones militares”, pues el testigo que mencionó que 25 jóvenes fueron ingresados al cuartel militar refirió que “estuvieron temporalmente en el batallón mientras eran torturados, después sacados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos criticaron que el gobierno de López Obrador recicle prácticas de gobiernos anteriores, empeñándose en dividir a las víctimas, llevando a un dos padres de los estudiantes a la búsqueda y a su vocero Felipe de la Cruz.
Apuntan: “la asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos esas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora reeditan”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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