Un total de 1,100 jueces, juezas y magistrados del PJF solicitaron a la CIDH que intervenga de manera urgente ante el Estado mexicano.
“Le estamos pidiendo a la Comisión que intervenga de inmediato y hemos tenido información de que ya ha solicitado información al estado mexicano y es posible que esta semana misma realice otro pronunciamiento”, aseveró en Aristegui En Vivo.
Especificó que por la naturaleza de lo solicitado, la comisión debiera reaccionar de inmediato, porque la reforma está en curso y, de acuerdo con los tiempos que se ha establecido en el Poder Legislativo, por indicación del Poder Ejecutivo, se pretende concluir con este proceso de reformas antes de que concluya el mes de septiembre.
El pasado 27 de agosto, un total de 1,100 jueces, juezas y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron a la CIDH que intervenga de manera urgente ante el Estado mexicano para suspender de forma provisional la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Misma que contempla la elección de juzgadores locales y federales por voto popular, pero con filtros previos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Soy parte de este grupo de jueces y magistrados federales que principalmente tenemos la función de, a través del juicio de amparo, defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Este mecanismo que estamos activando ante el sistema interamericano lo hacemos en principio porque México es parte de este sistema”, aseveró Olvera en entrevista.
Además, añadió que México reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, en este sentido es que se siente obligado por las decisiones que se tomen en estos dos organismos.
“A partir de aquí lo que estamos solicitando, por ahora, que está en curso el proceso de reforma, no son medidas cautelares, solamente, por ahora, que intervenga la Comisión para que realicen una serie de medidas que permitan seguir en tiempo real el desarrollo de este proceso de reforma”, especificó.
Además, buscan que le peda al estado mexicano que rinda un informe sobre los fundamentos de esta reforma, especialmente de información empírica, es decir, que se sustente sobre información de la operación general del sistema de justicia en México, sobre derechos humanos y no solo en apreciaciones personales y subjetivas sobre una persona como ha venido ocurriendo.
“Ciertamente, las medidas que adopte la Comisión en este momento no son vinculantes, y no lo son generales, porque las opiniones que emite la comisión no lo son en general, y en estos momentos tampoco porque apenas está en desarrollo el proceso de reforma”, añadió.
Olvera López además destacó que las acciones coordinadas entre el Ejecutivo y el Legislativo buscan el desmantelamiento de los derechos de todas las personas.
“Por otro lado, está desmantelando al tercer poder, el poder judicial, que tiene la función de servir de contrapeso, de servir de límite al abuso de ese poder, como los jueces de amparo, no estamos reaccionando de la misma manera”.
“A través del desmantelamiento del poder judicial independiente y sustentado en la capacidad técnica de los juzgadores, deja sin garantías de todos los derechos humanos de todos los mexicanos”, agregó.
ENTREVISTA COMPLETA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario