Con votos a favor de Morena y la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dos dictámenes del plan C para que nadie gane más que el presidente y para que el gobierno impulse los trenes de pasajeros.
Por segundo día consecutivo, la Comisión aprobó dictámenes que forman parte del último paquete de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión.
Legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) votaron a favor de los dictámenes, incluso con el apoyo de diputados de oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Los dictámenes aprobados serán enviados al Pleno de la Cámara de Diputados para que, a partir del próximo mes de septiembre, puedan ser discutidos por los 500 legisladores que forman parte de este recinto.
Será hasta el 9 de agosto cuando la Comisión de Puntos Constitucionales se reúna de nuevo para discutir los dictámenes que forman parte del plan C. Por ahora se tienen registrados seis documentos a debatir para ese día.
Plan C: Diputados aprueban trenes de pasajeros a cargo del Estado
El primer dictamen que fue aprobado este día por la Comisión de Puntos Constitucionales fue el relativo a vías y transporte ferroviario, con el que se busca que el gobierno federal promueva los trenes de pasajeros en el país.
El dictamen aprobado señala que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, a través de asignaciones a empresas públicas o concesiones particulares.
El documento fue aprobado en lo general con 30 votos a favor, ocho en contra y una abstención. En esta votación se opuso el PAN, entre otros argumentos porque los legisladores consideraron que el gobierno podría entregar al Ejército el proyecto de los trenes de pasajeros.
“La historia nos ha marcado, al menos estos últimos seis años, que el uso del Ejército para llevar a cabo algún ejercicio de desarrollar actividades económicas ha tenido completamente números negativos”, señaló el panista Héctor Saúl Téllez.
El legislador panista también señaló que el dictamen deja en incertidumbre a las empresas que ya tienen concesiones de vías férreas para el transporte de mercancías, pues ahora el gobierno las podría utilizar para el transporte de pasajeros.
“Se crea incertidumbre jurídica sobre concesiones otorgadas, se crea incertidumbre sobre inversiones en nuestro país, se crea incertidumbre por mantenimiento de vías férreas”, señaló Téllez.
En sentido contrario se pronunciaron Morena y sus aliados, junto con el PRI y MC, quienes defendieron esta reforma al señalar que México tiene un rezago de 30 años en cuanto a transporte ferroviario de pasajeros.
“Esta es una de las reformas más importantes que estamos haciendo, no en el periodo, en la historia de muchos años de México porque por muchos años a nuestro país le han hecho falta ferrocarriles, ha faltado inversión en todo lo que implica trenes de pasajeros y de carga”, expresó Yeidckol Polevnsky, diputada federal de Morena.
En tanto, el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió que el Estado mexicano es el que debe hacerse cargo del transporte de pasajeros en trenes.
“El servicio de transporte ferroviario es un servicio público y en mi opinión los servicios públicos no deben ser concesionados nunca”, comentó Robledo.
Austeridad para que nadie gane más que el presidente
El segundo dictamen puesto a discusión fue el relacionado con austeridad y percepciones de servidores públicos, con el que se establece, entre otros temas, que los integrantes del Poder Judicial no podrán tener un salario mayor al del presidente de México.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales y demás trabajadores del Poder Judicial de la Federación no podrán ganar más que el presidente de la República.
Andrés Manuel López Obrador gana 128 mil pesos netos al mes, de acuerdo con la página Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública.
El dictamen también pone un tope al salario del presidente de México, que no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.
Este dictamen fue aprobado con 37 votos a favor por parte de Morena, PT, PAN, PRI y PVEM. En este caso Movimiento Ciudadano dio su votación en abstención.
A favor de este dictamen habló Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, quien señaló que “esta reforma constitucional es una redundancia obligada porque ha habido funcionarios públicos, particularmente del Poder Judicial de la Federación, que se han negado a ajustar sus ingresos” por debajo de lo que gana el presidente.
Cynthia López Castro, diputada federal del PRI, se sumó a esta iniciativa al igual que toda la bancada de su partido político.
“Estamos a favor de esta austeridad de servidores públicos y quien quiera ganar más, ahí está la institución privada”, señaló López Castro.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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