martes, 6 de agosto de 2024

En defensa del INAI: organismos de transparencia y ONG demandan diálogo a Sheinbaum y al Congreso

En un cierre de filas frente a la iniciativa que busca su desaparición, representantes del Sistema Nacional de Transparencia llaman a un debate amplio que incluya a la academia y grupos civiles. México Evalúa argumenta que el presupuesto de los órganos autónomos no es una carga para el gasto federal.

A poco más de una semana de que sea abordada en comisiones de la Cámara de Diputados la desaparición de organismos autónomos, en los institutos de transparencia y las organizaciones civiles se reforzó el llamado al Poder Legislativo y a la futura presidenta electa Claudia Sheinbaum para reflexionar y ampliar el diálogo sobre las implicaciones de esta iniciativa.

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) anunciaron el lunes un cierre de filas ante la propuesta oficialista, que busca desaparecerlos para transferir sus funciones a dependencias del gobierno.

Y ayer mismo la organización México Evalúa solicitó a los legisladores tiempos y espacios de deliberación para la iniciativa que desaparece órganos autónomos, así como reconsiderar la propuesta de reforma en vista de las afectaciones que tendría para el bienestar de los mexicanos, para la democracia y la economía nacional.

Incluso argumenta en contra de una de las principales justificaciones del gobierno para impulsar esta iniciativa, que es la del presunto ahorro de recursos públicos, al exponer que el presupuesto asignado a los organismos autónomos es apenas el 0.05 por ciento del total del gasto federal.

La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Morena, presentó el predictamen para la desaparición de órganos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otros, aun cuando se había acordado que la dictaminación se llevaría a cabo el próximo 15 de agosto.

La iniciativa forma parte del "Plan C" al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el envío de un paquete de reformas constitucionales en febrero pasado, y que podrían aprobarse si se concreta la mayoría calificada de Morena y aliados en la próxima legislatura.

Defensa firme

El lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre integrantes de los organismos garantes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la que reivindicaron la defensa de esas instituciones con unidad, liderazgo y firmeza.

En el encuentro, el comisionado presidente del INAI y del SNT, Adrián Alcalá Méndez, propuso entablar un diálogo abierto, horizontal, respetuoso y transparente con el Poder Legislativo federal y la administración que encabezará la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la iniciativa que busca desarticular a los organismos garantes.

“Debemos iniciar en el seno de este Sistema Nacional de Transparencia una discusión objetiva y sin prejuicios, fuera del status quo y los esquemas tradicionales”, propuso.

Incluso expresó la disposición a debatir sobre austeridad y un uso más racional de los recursos.

“Desde el INAI, mis compañeras comisionadas y un servidor llevamos a cabo meses platicando y diseñando escenarios sobre cómo podríamos mejorar la efectividad de nuestro instituto con más transparencia, más austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos y estoy convencido de que las propuestas que hemos intercambiado servirán precisamente para este diálogo que hoy proponemos”, aseveró.


Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y comisionada Presidenta del organismo garante de Quintana Roo, fue más allá al advertir que si se aprueba la propuesta de reforma se quebrantaría el equilibrio de poderes y regresaría a México a antiguos esquemas de gobierno.

“Es cierto que todas las instituciones pueden mejorarse y el INAI no es la excepción. Sin embargo, cualquier reforma debe basarse en un diagnóstico integral que incluya a la academia, a la sociedad civil y a las autoridades involucradas”, sostuvo.

Lozano Ocman propuso, entre otras acciones, impulsar el diálogo con las autoridades entrantes y buscar puntos de convergencia, así como solicitar a organismos internacionales su opinión técnica sobre la propuesta de reforma.

Asimismo, pidió “trabajar con la sociedad civil organizada, quienes han sido actores clave en la reforma constitucional y estarían en desacuerdo con este retroceso”.

También demandó involucrar a la academia especializada como la UNAM y el Colegio de México.

“La propuesta de reforma que desarticula los organismos garantes representa un retroceso para los derechos humanos que tutelamos, transferir las atribuciones de esos órganos a las instituciones gubernamentales quebranta el equilibrio de poderes y nos regresa a antiguos esquemas”, advirtió.

En su oportunidad, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la importancia de combatir la campaña de desinformación contra los organismos de transparencia.

“Lo que tenemos que hacer, más allá de la confrontación, es la explicación. Decir qué hacemos nosotros y qué hace la Secretaría de la Función Pública. En estas tareas no hay duplicidad, no habría un ahorro como se espera. Entonces, ¿qué hay detrás de la intención de desaparecer al INAI?”, cuestionó Del Río Venegas.
Recordó que la andanada contra el INAI comenzó desde 2018 y ahora la realidad política obliga a hacer una reflexión.

“Hay una campaña de desinformación muy fuerte sobre lo que hacen los organismos garantes, en especial el INAI. Ahorita platicaremos esto y este ahorro del que se habla de cien mil millones de pesos, pues veíamos un estudio y tan solo de los siete organismos autónomos, porque no son todos, son cinco mil millones de pesos (de ahorro)”, añadió.

Graves consecuencias

El tema de los ahorros presupuestales argumentados por el gobierno federal también fue cuestionado por México Evalúa:

“En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, se argumenta que dichos órganos son onerosos para el Estado. Sin embargo, el presupuesto asignado a ellos para 2024, de 4 mil 534 millones de pesos, representa apenas el 0.05% del presupuesto federal”, sostiene el centro de investigación y análisis en un comunicado en el que alerta sobre las graves consecuencias de extinguir siete órganos autónomos.

México Evalúa expresó su preocupación ante la dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que avanza en el proceso para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador destinada a extinguir siete órganos constitucionalmente autónomos: la Cofece, el IFT, el INAI, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) .

Al señalas que la desaparición de los órganos autónomos impactaría negativamente en el bienestar de la población, el think tank plantea que desarrollan funciones clave de especialización y agilización de tareas del Estado, destinadas a salvaguardar derechos humanos consagrados en la Constitución sin alterar la división de los poderes.
“Extinguirlos para transferir sus funciones a la administración pública federal, podría incrementar los riesgos de corrupción, la concentración de los mercados, elevar los precios y generar desabasto de bienes y servicios

“Sin órganos independientes que tomen decisiones técnicas y transparentes, los ciudadanos enfrentarían retrocesos en acceso a información pública y protección de datos personales”, considera México Evalúa.

“La autonomía de estos órganos se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada de los ciclos políticos, sin conflictos de interés en sus resultados”, argumenta.

“Desde México Evalúa solicitamos a los legisladores tiempos y espacios de deliberación para esta iniciativa, con la incorporación de especialistas y de evaluaciones completas y objetivas que verifiquen el desempeño verdadero de los órganos autónomos y ayuden a trazar rutas de mejora.

“Instamos a los tomadores de decisiones a reconsiderar la propuesta de reforma en vista de las afectaciones que tendría para el bienestar de los mexicanos, para la democracia y la economía nacional”, concluye en su pronunciamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

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