El titular del INM intentará una vez más que un juez de control le apruebe una “solución alterna”, que en los hechos le significaría “liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio de Ciudad Juárez”, advierten organizaciones.
En un pronunciamiento firmado por organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, resaltaron que el 12 de agosto se llevará a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez en la que Garduño Yáñez intentará una vez más que un juez de control le apruebe una “solución alterna”, que en los hechos le significaría “liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez”.
Las organizaciones que representan a las víctimas, explicaron que la Suspensión Condicional del Procedimiento (“solución alterna”), considerada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, “tiene por objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal”, pretensión final de Garduño a quien “no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso”.
Las organizaciones destacaron que a los 16 meses de la tragedia “once personas de mandos medios y bajos, incluidos dos migrantes, continúan en detención acusados de homicidio y lesiones”, en tanto que Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones, mientras que el ex coordinador de Control y Verificación y Control, Antonio Molina, “se encuentra prófugo”.
Tras recordar que el 30 de abril, el comisionado del INM fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y que hasta ahora no ha rendido cuentas sobre el incendio ante el Poder Legislativo, las organizaciones firmantes consideraron que ante la próxima audiencia, “el juez debe negar -como ya lo hizo antes- la ‘solución alterna’, pues ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se investigaría más ni se le sancionaría incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia”.
Recordaron que en septiembre de 2023, Garduño promovió por primera vez la “solución alterna”, en la que se comprometía “pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la Fiscalía General de la República (FGR) y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos”.
Agregaron que Garduño volvió a solicitar la misma medida “aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorga por el Juzgado de Distrito y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes”.
Las organizaciones que representan a las víctimas hicieron un llamado “a las diferentes autoridades a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias, incluso posterior al incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”.
Al señalar que la FGR “debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas”, resaltaron que Francisco Garduño Yáñez “se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca los cuales ha ignorado”.
Para las organizaciones, “los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos”, sobre todo si se considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó los hechos como graves violaciones a derechos humanos en su Recomendación 111VG/2023.
Las organizaciones que firman el exhorto a las autoridades están encabezadas por las que defienden a las víctimas, Derechos Humanos Integrales en Acción, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
A la petición se suman decenas de organizaciones y albergues aglutinados en el Bloque Latinoamericano sobre Migración, el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, Grupo de Identidad y Educación y Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras más.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario