Un total de 1,100 jueces, jueces y magistrados mexicanos presentaron ante la CIDH una solicitud para que se dicte la medida cautelar para tratar de frenar la reforma judicial mientras se analiza si viola derechos humanos.
En conferencia de prensa, el magistrado federal Juan José Olvera López explicó que la petición presentada ante la CIDH se solicita que aplique el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) sobre violaciones a derechos para solicitar al Estado mexicano un informe sobre el proceso legislativo para aprobar la reforma judicial y su posible vulneración a los derechos humanos reconocidos por México ante ese organismo internacional.
“Solicitamos a la CIDH que, a la mayor brevedad solicite al Estado mexicano que, en aplicación del artículo 41 de la CADH, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso legislativo de reforma judicial en curso”.
La suspensión como medida cautelar dictada por la CIDH tendría como propósito “realizar una revisión integral y exhaustiva de la convencionalidad del proyecto de reforma, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante la CIDH entre el propio Estado mexicano y los suscritos”, es decir, para una revisión conjunta con los jueces y magistrados mexicanos que serían removidos de sus cargos de forma gradual.
Al anunciar dicho recurso, el magistrado Olvera López recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de vigilar que se respeten los derechos humanos de todos los mexicanos, por lo que alertó sobre una reforma judicial que concentra el poder en una sola persona bajo la apariencia de promover una mayor democratización de la justicia con el voto popular.
Esta reforma apunta hacia un golpe de estado, paradójica y perversamente enmascarado bajo un discurso democratizador que en la realidad persigue la concentración total del poder y que anula los principios esenciales de la democracia misma, el poder democrático limitado y limitable.
Por lo anterior, la petición presentada por 1,100 jueces y magistrados mexicanos también le pide a la CIDH que analice la vulneración al principio de independencia judicial, ya que la reforma aprobada en las comisiones de la Cámara de Diputados podría representar una infracción a dicho principio.
También se advierte que el despido masivo de los juzgadores de carrera “es un acto ilícito que atenta contra el acceso a la justicia, la protección judicial, las garantías judiciales y la independencia judicial.
Por lo que se refiere a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial pretende “castigar y remover a jueces incómodos para el régimen, incentivando favores políticos en lugar de la imparcialidad judicial”, por lo que los impartidores de justicia no podrían resistir presiones ni defender sus decisiones ante el citado órgano.
En este sentido, se solicita que haya una misión presencial de observación para vigilar que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y elaborar los informes respectivos, el cual deberá incluir entrevistas a los propios jueces y magistrados afectados.
Por último, los juzgadores concluyen que la reforma judicial en curso no tiene pretensión de mejorar el sistema de justicia en México, sino “la captura, cooptación y sometimiento del Poder Judicial” para que se ponga al servicio de una sola fuerza política, reforma que de concretarse materializaría “un golpe de Estado técnico” y “una dictadura de facto” en nuestro país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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