La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos para la empresa Oro Negro, sin embargo, la debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas, de donde ya habían conseguido más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de sus plataformas marinas.
La Secretaría de Energía detalló que el pasado 19 de agosto, el tribunal arbitral constituido resolvió de manera unánime y a favor de México no tener jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas por la empresa Oro Negro, con lo cual desestimó el caso en su totalidad.
“El tribunal también ordenó que las demandantes paguen en favor de Mexico alrededor de 400 mil dólares por concepto de costos del arbitraje”, señaló.
La SE apuntó que el caso fue administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, en el cual las demandantes reclamaron más de 270 millones de dólares en contra de México; por otro lado, las autoridades mexicanas fueron representadas por funcionarios de la Dirección General de Consultoria Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaria de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP.
#ComunicadoEconomía
— Economía México (@SE_mx) August 28, 2024
La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje iniciado en 2018 por un grupo de inversionistas. El tribunal administrado por el #CIADI resolvió a favor de México en el caso Alicia Grace y otros demandantes.
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“El resultado de este arbitraje es un logro importante para el Estado mexicano y un valioso precedente en materia de arbitraje de inversión. En esencia, el tribunal determinó carecer de jurisdicción para resolver un caso en el que individuos con doble nacionalidad, teniendo como dominante y efectiva la mexicana, presentaron reclamaciones en contra de su propio país. De igual forma, el Tribunal consideró que diversos Demandantes no contaron con la legitimidad necesaria para presentar reclamaciones en contra de Mexico conforme el TLCAN”, calificó.
Asimismo, aclaró que el laudo está en proceso de revisión para identificar posible información de carácter confidencial, y que posterior a ello, el laudo será publicado en la página del CIADI.
EL CASO ORO NEGRO
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó en julio de 2012 por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Francisco Gil Díaz, quien fuera el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Vicente Fox Quesada
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos contratos por cuatro mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después, otro de tres mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
De acuerdo con la prensa nacional, la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de sus plataformas marinas.
La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Finalmente se le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México.
En 2018 salieron a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de fraude en la administración de Oro Negro.
Un Juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, pidió la aprehensión de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la compañía, por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
El diario La Jornada publicó una entrevista con el abogado de cinco empresas afectadas, Guillermo Barradas, en la que explicó que el fraude cometido por Oro Negro, por disposición y transferencia ilegal de recursos, alcanzaría los mil millones de pesos y ameritaría prisión preventiva.
AUTOR: REDACCIÓN.
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