Los nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el dictamen, son extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Los legisladores de Morena aprobaron el dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa en una reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. En un principio el proyecto solo proponía ampliar el catálogo de delitos a los que se puede aplicar esta medida cautelar, pero de última hora los morenistas y sus aliados también aprobaron una reserva para que los juzgados y la Corte no frenen su aplicación.
El dictamen fue aprobado, en lo particular, con 20 votos a favor de Morena y sus aliados. Mientras que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) emitieron 14 votos en contra, insuficientes para evitar la aprobación del proyecto que todavía tiene que ser discutido por los 500 legisladores que forman parte del Pleno de la Cámara de Diputados.
Los nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el dictamen, son extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Mientras que la reserva aprobada por Morena, para evitar que la SCJN y los juzgados eviten la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, quedó redactada de la siguiente forma:
“Para la interpretación y aplicación de las normas previas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea manera total o parcial”.
El dictamen aprobado por Morena contradice sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido contra México. En noviembre de 2022 y enero de 2023, ese organismo internacional ordenó a nuestro país hacer cambios a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que vulnera los derechos de las personas.
La prisión preventiva oficiosa se refiere al encarcelamiento automático que puede sufrir una persona a la que se le acuse de cometer uno de los delitos estipulados en el artículo 19 de la Constitución Política.
La CoIDH pidió a México modificar esa medida cautelar luego de analizar dos casos de personas que estuvieron encarceladas hasta 17 años sin recibir una sentencia por falta de pruebas, pero su encierro persistía por la prisión preventiva oficiosa.
Morena ata de manos a la Suprema Corte y los juzgados
“¿Qué es lo que se propone aquí? Evitar lo que trató de hacer la Suprema Corte dos veces, brincarse al Congreso de la Unión para que, ante una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenar desaplicar el segundo párrafo del artículo 19”, expresó Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por su parte, Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, defendió que con esta reserva se busca que la ley sea aplicada tal cual está escrita en la Constitución Política.
“Aquí lo que se busca es que efectivamente lo previsto en este artículo 19 solo merezca interpretación literal, gramatical, y no por analogía o por mayoría de razón, que desde los principios del Derecho se ha establecido que no puede ser así”, señaló Godoy.
La reserva propuesta por los morenistas causó molestia y preocupación en los legisladores de oposición, quienes expresaron su inconformidad en voz alta, pero no tenían los votos suficientes para frenar la modificación.
“Lo que ustedes quieren evitar es que el juez trate de hacer justicia”, reclamó Rubén Moreira, quien puso un ejemplo de las implicaciones que podría tener la interpretación literal de la ley de prisión preventiva oficiosa, sin dar espacio a que los jueces razonen al tomar sus decisiones.
“Por una defraudación fiscal llevan a una persona con problemas de salud mental, muy pobre, ante un juez. El juez se da cuenta de que esa persona fue engañada, de que se utilizó su identidad para cometer un delito de defraudación fiscal. Si nos ajustamos a lo que ustedes quieren, hoy ese señor estaría en la cárcel. ¿Qué hizo el juzgador? Se dio cuenta de que se habían aprovechado de esa persona y la liberó”, ejemplificó Moreira.
Por su parte, Braulio Ochoa, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, señaló que “la interpretación que se quiere poner es una camisa de fuerza a la Corte”.
Diputados prohíben los cigarrillos electrónicos y vapeadores
Como parte de su agenda de trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados también aprobó una reforma a los artículos 4 y 5 constitucional, con el objetivo de prohibir los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.
La aprobación en lo particular se dio con 34 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.
Esta reforma también forma parte del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador y busca proteger la salud de la ciudadanía.
La Comisión de Puntos Constitucionales se volverá a reunir este miércoles 14 de agosto a las 16:30 horas para discutir otras dos iniciativas de reformas presidenciales.
Mañana tocará el turno de las iniciativas en materia de áreas y empresas estratégicas, así como otra en materia de agua, alimentos y protección al medio ambiente.
AUTOR: ALEXIS ORTÍZ.
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