En un comunicado conjunto, señalaron que la violencia contra los territorios “ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen”, mientras que las autoridades estatales y federales “minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población”.
Los pueblos y organizaciones resumieron que las problemáticas que atraviesan los pueblos en México se relacionan principalmente con la presencia del crimen organizado, el despojo territorial y cultural para la imposición de megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, las minas y las presas hidroeléctricas y fotovoltaicas, la agroindustria, así como la criminalización de los defensores comunitarios.
“En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”, destacaron los pueblos y organizaciones, que identificaron entre las entidades más afectadas por la presencia de grupos armados y del narcotráfico a Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos y Puebla.
Respecto a las normativas y políticas del gobierno, criticaron que la reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador “no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI”, sino que es una reforma “poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos”.
Frente a la escalada de violencia y sus diferentes manifestaciones contra los pueblos, las comunidades y organizaciones incluyeron entre sus exigencias que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad “a quienes ha dejado en manos del crimen organizado”, así como que se respeten los territorios indígenas y campesinos, sus acuerdos de asamblea y su libre determinación, con la que han decidido decir “no” a los proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios, y a la presencia de empresas, gobiernos y grupos armados que se disputan sus territorios.
COMUNICADO:
Alto a la violencia contra los pueblos originarios y las comunidades rurales
Los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika, rarámuri, yaqui, junto con organizaciones, colectivos y movimientos sociales que defendemos nuestros territorios y formas de vida campesina, desde distintas regiones, en 18 estados, constatamos que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país.
En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Con distinta intensidad de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras comunidades y territorios:
En estos momentos Chiapas arde a causa de la violencia, las comunidades de la Zona Fronteriza, de la Selva Lacandona, de La Frailesca, de los Altos, han sido arrasadas por los cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la población.
En estos territorios ocupados los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale, controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias.
Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera.
En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades durante horas, como en Ostula, Michoacán, matan a las autoridades, enfrentan a las policías comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios.
Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen.
Las autoridades estatales y federales minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población.
Los megaproyectos que promueve el gobierno como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, ubicados en territorios de los pueblos originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad nacional fueron exentos de regulaciones, y se impide que la población ejerza sus derechos.
El Tren mal llamado Maya despoja al pueblo maya de sus tierras y bienes naturales, favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las agroindustrias y la urbanización. Parte por la mitad comunidades, deforesta miles de hectáreas de selva, afecta cuevas y cenotes, contamina el agua subterránea, destruye vestigios arqueológicos. Las resistencias mediante procesos legales han enfrentado decenas de obstáculos y aunque los amparos y suspensiones se han conseguido legalmente, el Estado los viola, las obras continúan y provocan el ecocidio —tras el escudo de una consulta indígena amañada— en una de las selvas mejor conservadas de México.
El devastador giga-proyecto Corredor Interoceánico que aglutina un conjunto de megaproyectos extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble amenaza la cultura y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México. Los opositores al Corredor Interoceánico han sido criminalizados y reprimidos por defender sus tierras ante la imposición de distintos proyectos de infraestructura como son los polos de desarrollo, la ampliación de la escollera de Salina Cruz, las plantas de energía eólica y solar, los derechos de vía, etcétera. El control del territorio del Corredor Interoceánico (incluyendo sus tramos Z, FA, K y G) está en cruenta disputa por los Cárteles CS y CJNG,
Samir Flores Soberanes, luchador social nahua, fue asesinado en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos en tanto que sus compañeros han sido encarcelados y perseguidos en distintos momentos. Este proyecto que aún no se ha echado a andar atenta contra la salud y los recursos vitales, como el río Cuautla, de un poblado dedicado a la siembra y a la ganadería.
Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces articulado también a los intereses de las empresas concesionarias.
La violencia también se ejerce desde los proyectos agroindustriales que compiten con la milpa de los campesinos temporaleros y con los apicultores. Los invernaderos de berries, las huertas de aguacate, las hortalizas de exportación, las megagranjas de puercos reses y pollos, las plantaciones de soya transgénica, no sólo acaparan la tierra destruyendo selva o bosque para establecerse, también acaparan el agua de manera formalmente legal mediante concesiones que les otorga la Conagua —en tanto que a los campesinos se las niega— o de forma ilegal desviando las corrientes de los ríos, arroyos o manantiales, construyendo pozos profundos y ollas de agua sin licencia, extrayendo agua de presas y lagos. Además utilizan el bombardeo de nubes con cañones antigranizo para ahuyentar la lluvia. El uso de agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los desechos tóxicos de las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de minerales, tierras y agua.
Las manifestaciones sociales fueron criminalizadas por el gobierno en tanto que el dominio del crimen organizado se amplió y se mantiene en la impunidad. Los intereses de las empresas se protegieron y toleraron sus violaciones ambientales y sociales. Las penas de años de prisión o montos de reparación de daño para quienes resisten son excesivas y desproporcionadas y tienen el objetivo de castigar y disuadir de organizarse a quienes defienden sus territorios y se oponen a los despojos.
La reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la república no tiene que ver con los Acuerdos de San Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI. Es una reforma poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema de partidos.
Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado.
Por ello:
- Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad a todos los pueblos indígenas y comunidades rurales a quienes ha dejado en manos del crimen organizado.
- Reclamamos el respeto a los territorios indígenas y campesinos, a sus acuerdos de asamblea y a su libre determinación.
- Denunciamos la criminalización de las resistencias y movimientos sociales, de sus líderes y defensores de derechos humanos y del territorio.
- Nos sumamos a la exigencia de las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de su aparición con vida, y la de los otros cientos de miles de desaparecidos en el país.
- Demandamos el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, y del resto de defensores del territorio: 102 asesinados y varios miles de desaparecidos sólo durante este sexenio.
- Exigimos la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz del Cecop, de Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla y de los cientos de miles de desaparecidos en el país, muchos de ellos defensores del territorio y luchadores sociales.
- Rechazamos las condenas injustificadas y las penas desproporcionadas impuestas a los luchadores y defensores del territorio indígena como David Hernández de la APIIDTT por defender las tierras de uso común de la comunidad de San Blas Atempa, despojadas para establecer un polígono de desarrollo del Corredor Interoceánico.
- Nos oponemos a las injustas órdenes de aprehensión levantadas en contra de 17 integrantes de la APIIDTT y de 16 integrantes de UCIZONI por oponerse a las obras del Corredor Interoceánico en sus territorios.
- Rechazamos las 161 órdenes de aprehensión levantadas injustamente en contra de los pobladores de San Mateo del Mar y demandamos su cancelación definitiva, así como el restablecimiento de la paz en términos de la Comisión de Paz.
- Repudiamos el asesinato de los defensores del agua y el ambiente contra Granjas Carroll, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, que fue perpetrado por la Fuerza Civil de Veracruz. Rechazamos las denuncias penales contra 8 campesinos del Movimiento de la Cuenca Libres-Oriental, de Puebla y condenamos la criminalización al derecho a la protesta.
- Denunciamos la grave situación de violencia que se vive en la Selva Lacandona y en los Altos de Chiapas, donde los cárteles del narcotráfico pretenden establecer su dominio, obligando al desplazamiento forzado de la población que se opone a ser reclutada.
- Denunciamos y repudiamos la gravísima situación que vive la población en Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar, Las Chicharras, Chiapas, en donde los cárteles en disputa han bloqueado carreteras, reclutado de manera forzada a un gran porcentaje de la población para obligarla a participar en sus actividades. Desde mayo pasado se han registrado masacres y asesinatos de población inocente por oponerse a los cárteles y desde hace 15 días los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales se han agudizado y la población ha sufrido sus consecuencias. Esta violencia extrema les ha desplazado de sus comunidades para buscar refugio y salvar sus vidas, incluso hacia comunidades de Guatemala. Exigimos que el gobierno federal y estatal ponga un alto inmediato a la violencia en Chiapas y restablezca la paz en esos territorios indígenas. Nos adherimos a la acción urgente La disputa por el control deterritorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias emprendida por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y 80 organizaciones de la sociedad civil (https://shorturl.at/eCE3v) y al comunicado de la Red Todos los Derechos para Tod@s y varias organizaciones más En riesgo la vida e integridad de la población civil en Chiapas. (https://shorturl.at/zMuaV)
A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad. Protegemos la propiedad social de nuestras tierras y elaboramos nuestros estatutos ejidales y comunales, mantenemos nuestras asambleas y cargos comunitarios. Establecemos policías y guardias comunitarias, para nuestra seguridad. Promovemos el trabajo colectivo solidario, practicamos nuestra agricultura campesina, la apicultura y la pequeña ganadería. Cuidamos nuestras semillas, manantiales, cenotes, lagos, lagunas, ríos, playas, montes, bosques y selvas, vigilamos y protegemos nuestro territorio. Celebramos nuestras fiestas y ritos. Conservamos nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad.
Somos pueblos originarios que habitamos este territorio antes de la existencia del Estado-nación. Somos pueblos, comunidades y barrios con otro proyecto de futuro y de Nación Exigimos un alto inmediato a la violencia en nuestra contra y el respeto de nuestros territorios.
México, 1 de agosto de 2024
Chiapas: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Colectivo de Defensores del Territorio en la Región Sierra Fronteriza de Chiapas; DESMI; Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC); ZODEVITE; Coordinación Regional Bachajón por la Defensa del Territorio Chilón Chiapas del Congreso Nacional Indígena; Organización de Agricultores Biológicos; Los Lagos de Colores; Instancia Pastoral de la Madre Tierra. Chihuahua: SINE-COMUNARR. Ciudad de México: Organización de Interpretes y Traductores en Servicios Comunitarios A.C.; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Maderas del Pueblo del Sureste AC. Colima: Unidos por Armería. Estado de México: 26 de agosto de 1972, San Pedro Atlapulco, Estado de México. Guerrero: Tlachinollan. Jalisco: Colectivo por la Autonomía. Mexicali: NCCP Mexicali. Morelos: Jorge Velázquez Escalvazeta; Asamblea de la resistencia Amilcingo, Morelos; Casa Tecmilco. Oaxaca: CEDIAO; Yunhiz Espacio Alternativo; Colectivo Matza de San Miguel Chimalapa; UCIZONI; Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoot; Servicios del Pueblo Mixe; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC); Mujeres de Lachatao en defensa de la tierra y territorio; UNOSJO; Guardianes del Mar de San Mateo del Mar; Mungier Ndyuck (defensores del mar) San Dionisio del Mar; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Santiago Tlatepusco. Joel Aquino, Víctor Aquino. Puebla: Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental; Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos puebla y Tlaxcala; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pue-Hgo. Quintana Roo: Colectivo de semillas Muuch’ Kanan I’inaj, Bacalar, Quintana Roo; Colectivo Xa’aybej. Sonora: H. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación Yaqui. Veracruz: Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Yucatán: Múuch’ Xìimbal; Selvame del Tren; Colectivo de comunidades indígenas Chenes. Asociación de estudiantes e investigadores Carlos Pellicer Cámara. Colombia: Colectivo Colónbia; Descubrimiento de Europa. España: Colectivo la Tasquiva de Andalucía, España; Asamblea Plaza de los pueblos en Madrid España. México: Red en Defensa del Maíz. Internacional: Grupo ETC.
AUTOR: REDACCIÓN.
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