Los padres de familia emitieron un documento para desmenuzar el estado del caso, el papel del Ejército y la impunidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El posicionamiento y el plan de acción para exigir justicia en septiembre a 10 años de la desaparición de 43 estudiantes surgió en la Asamblea Nacional Popular celebrada en la Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la tarde de este sábado.
Las madres y padres de los 43 emitieron el documento “Justicia fallida” donde desmenuzan la situación política actual, el estado del caso, el papel del Ejército y la impunidad a seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los padres ven difícil que haya cambios estructurales en el país debido al retornó del presidencialismo vertical y la construcción de un partido dominante aliado con las élites económicas y los militares.
“La violencia galopante con su estela de miles de desaparecidos y asesinados seguirá, porque las mafias locales y regionales persisten con la complicidad de gobiernos, policías y militares".
"La nueva élite política, indican, llaman intermediario y conservadores a quien camina por una ruta de lucha independiente y desde abajo".
"Organizaciones populares campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son blanco de ataques y vituperios del poder presidencial", dicen.
“Ninguna lucha de izquierda que se emprenda de manera independiente y desde abajo es válida, (…). Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio.“Nada más alejado de la realidad”, indican y aseguran que las elecciones locales se ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del Estado.
Aseguran que resultado de la reciente elección, en Guerrero más de cinco Ayuntamientos serán gobernados por organizaciones criminales.
“En este entramado delictivo la participación electoral pierde fuerza y legitimidad y a largo plazo tendrá consecuencias funestas para la democracia”, advierten.
Por lo demás, agregan, la violencia en el país sigue galopante.
“Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no se esclarecieron en este gobierno por el manto de protección al Ejército”.
Las fuerzas armadas, señalan, están más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda que velar por la seguridad nacional.
En el caso Ayotzinapa, agregan, este gobierno no pudo dar verdad y justicia.
“A la fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022”.
Las tensiones con el presidente iniciaron, precisan, iniciaron cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación.
Además, la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmanteladas y sus titulares renunciaron por presiones y hostigamiento militar.
Las líneas de investigación relacionadas con los 17 estudiantes sacados de la barandilla municipal; los estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, las extradiciones de Tomás Zerón (ex Jefe de la Agencia de Investigación Criminal) y José Ulises Bernabé (ex juez de barandilla) permanecen sin impulso ni avances, indican.
“El presidente se ha empecinado en generar un falso debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Vaticinan que en los últimos días del gobierno actual no habrá avances del caso, ni verdad, ni justicia, nada, pero si vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales.
Enlistan las implicaciones del Ejército en el caso:
- La prueba de que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa. Documentos militares indican que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014.
- Los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición.
- Intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes que están siendo trasladados de barandilla municipal.
- Datos de prueba establecen que mandos militares del 27 batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo Guerreros Unidos
- Un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 batallón y entregados a Guerreros Unidos.
Los militares tenían vínculos criminales y supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la escuela hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes.
“En tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43”.
Finalizan el documento afirmando que gobierne quien gobierne seguirán exigiendo verdad y justicia hasta dar con el paradero de sus hijos.
La Asamblea Nacional Popular acordó protestas, actos políticos y culturales, así como marchas por la presentación con vida de los 43 en Ayotzinapa, Iguala y la Ciudad de México.
El plan de acción es del 18 al 27 de septiembre, en el marco de una década de la desaparición forzada de los estudiantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
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