“Celebramos el triunfo de la verdad y que parcialmente haya justicia ambiental, pero falta la remediación y reparación del daño causado”, señalaron los pobladores.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua advirtió que se mantendrán en guardia frente al basurero para vigilar que “siga sin entrar la basura”, si la empresa obtiene un amparo, y para obligar a que se cumpla con las medidas correctivas que impuso la Profepa para evitar la infiltración de lixiviados de los desechos al subsuelo.
“Celebramos el triunfo de la verdad y que parcialmente haya justicia ambiental, pero falta la remediación y reparación del daño causado”, advirtió la organización conformada por habitantes de los pueblos y vecinos de las colonias aledañas al basurero.
Recordaron que el confinamiento fue clausurado luego de que se comprobó que ya había concluido su vida útil, pero también porque no cumplió con las medidas correctivas que le impuso la Profepa, lo cual se encuentran aún pendiente de verificar, remediar y sancionar conforme a la ley.
Fue a través de un amparo que los pobladores prácticamente obligaron a la Profepa a volver a cerrar el basurero, ahora de manera definitiva, luego que la dependencia había retirado los sellos de clausura pese a que la empresa no había cumplido con las medidas que la misma para evitar la contaminación del medio ambiente.
Con solicitudes de información, los vecinos lograron exhibir que además el basurero ya abarcaba un área mayor por la cual contaba con permisos y además exhibieron que realmente no operaba como un relleno seco, como se propuso al ser concesionado.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos reclamó al gobernador Salomón Céspedes Peregrina, al secretario de Gobernación del Estado, Javier Aquino y a la Secretaría Estatal del Medio Ambiente, su postura de defender la operación de este basurero, cuando ya no tenía vida útil y la Profepa documentó incumplimientos a la norma.
En ese sentido, consideraron necesario investigar la relación de corrupción que pueda haber entre el gobierno estatal y la empresa concesionaria Pro-Faj Hidrolimpieza, que acusan es propiedad del senador electo por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, quien además fue funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El gobierno y la empresa pretender dejar así el basurero cuando diariamente se siguen filtrando lixiviados al subsuelo, por lo que la empresa deberá cumplir de manera urgente con las medidas correctivas de infraestructura para el adecuado manejo de lixiviados y el gas natural que se genera”, advirtieron.
Agregaron que, como parte de esa remediación, la empresa está obligada a cubrir el socavón que hizo en un intento de ampliar el confinamiento en un área donde no contaba con permisos, pues esa excavación implica un riesgo de mayor contaminación a los mantos acuíferos de la zona. También consideraron que la empresa debe pagar y remediar por la contaminación que generó en los pozos de agua de la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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