El sindicato encabezado por Genaro González Pimentel, busca que los candidatos a jueces y magistrados realicen exámenes de oposición previo a recibir las candidaturas que postularán los poderes de la Unión y afianzar la irreductibilidad de los salarios de la base trabajadora.
A través de un correo electrónico, González Pimentel remitió su propuesta de adiciones a la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que será la encargada de dictaminar dicha modificación legal en septiembre próximo.
De acuerdo con el documento, al que Proceso tuvo acceso, el líder sindical no buscó en su propuesta eliminar la posibilidad de que los juzgadores sean electos por voto popular, sistema que eliminaría la carrera judicial.
En cambio, planteó la posibilidad de que los aspirantes a una candidatura sean sometidos a concursos de oposición.
“Al no exigirse a todos los aspirantes que se sometan a concursos de oposición, se soslaya la carrera judicial y se coloca en desventaja a la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación, para poder acceder a tales cargos”, señaló.“Se propone que se agregue un párrafo posterior al primero en la fracción II del artículo 96 constitucional, en el que se disponga que las personas que postulen los tres poderes de la Unión, deberán previamente ser vencedoras en los concursos de oposición que se emitan a partir de la vigencia de la presente reforma y dentro de los procesos de selección de candidatos, conforme a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la normativa aplicable”.
González Pimentel argumentó que con esto se garantizará el avance profesional de los trabajadores para ascender a los cargos de titulares en igualdad de oportunidades.
Otra modificación planteada se refiere a un artículo transitorio que establece que, una vez aprobada la reforma, los derechos de los trabajadores de base serán respetados y considerados en los ejercicios fiscales subsecuentes para garantizar el pago de las prestaciones que les corresponda.
Al respecto, el sindicato prevé que se manifieste expresamente en la reforma la irreductibilidad de las remuneraciones de los trabajadores y la permanencia de los derechos y prestaciones adquiridos (como los seguros y otros beneficios que el PJF otorgaba a través de los fideicomisos que fueron eliminados por el Congreso).
“Se considera que el artículo décimo transitorio no contiene un apartado donde salvaguarde las prerrogativas laborales de la parte trabajadora en activo, garantice el respeto a derechos y prestaciones adquiridos; es decir, observe siempre los principios de estabilidad en el empleo, progresividad e irreductibilidad en sus remuneraciones, reconocidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, acuerdos emitidos por el otrora Consejo de la Judicatura Federal, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás normativas aplicables”, enfatiza.
La reforma planteada por el presidente López Obrador establece la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser sustituido por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración judiciales.
Por ello, el sindicato señaló que se debe precisar en el artículo 123 constitucional que los conflictos entre el PJF y sus trabajadores serán resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Asimismo, que las resoluciones de la Comisión de Conflictos Laborales del PJF podrán ser impugnadas mediante un recurso de revocación en el que se escuche a un representante del sindicato mayoritario, que es el que encabeza González Pimentel.
Con ello, el líder sindical monopolizaría la defensa de sus agremiados pues deja fuera de dicha potestad al Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, organización que tiene afiliados a una minoría de integrantes de la institución.
“Al resolver el recurso se debe escuchar a un representante del sindicato mayoritario, a fin de que las decisiones que se tomen sean democráticas, con perspectiva de género, en las que se aplique el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia”, señala la propuesta.
Este martes durante una concentración afuera de los juzgados federales de San Lázaro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) pidió al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum y al nuevo Congreso a detener el proceso de reforma hasta hacer un diagnóstico previo.
Anunció que de no hacerlo, los juzgadores ya acordaron la suspensión temporal de labores con fecha por definir.
González Pimentel ha afirmado públicamente que la reforma no afecta los derechos de sus agremiados y los ha invitado a no participar en ningún paro de labores.
En el evento de este martes, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, repudió a González Pimentel y afirmó que él no los representa.
"Somos la base trabajadora los que estamos organizando y llevando a cabo todos estos actos de disidencia y de defensa, inclusive al margen de los líderes sindicales que hoy no nos representan", dijo y fue apoyada por diversos trabajadores que gritaban “¡Fuera Pimentel, fuera Pimentel”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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