López Obrador gobernó México desconociendo el significado del pacto patriarcal, la estructura misógina de violencia contra las mujeres, el concepto de feminicidio, que las mujeres no somos las cuidadoras del país por tradición, la perspectiva de género o la historia de los estudios de género.
El saldo rojo de sus acciones permite enunciar lo que fue el AMLO que a las mujeres no cumplió.
Andrés Manuel López Obrador gobernó México desconociendo el significado del pacto patriarcal, la estructura misógina de violencia contra las mujeres, el concepto de feminicidio, que las mujeres no somos las cuidadoras del país por tradición, la perspectiva de género o la historia de los estudios de género.
En 2018, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaba el triunfo de la izquierda mexicana en el poder Ejecutivo, más de 150 mil personas se dieron cita en el Centro Histórico de la Ciudad de México, abarrotaron la Alameda Central y el Zócalo Capitalino, esperaron pacientes hasta poder escuchar el discurso obradorista.
Había júbilo en la ciudadanía, se esperaba una nueva forma de gobierno, pero a seis años de estos hechos, se constata que la deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres, niñas y adolescentes no solo persiste, sino que se recrudeció.
La situación de violencia estructural en contra de mujeres, niñas y adolescentes en el país sorprendió y sobrepasó al mismo mandatario, por lo que generó compromisos que nunca alcanzaron a cubrir la deuda histórica.
Hay que recordar que el 21 de noviembre del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyos compromisos se enunciaron en 7 promesas:
(1) Para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la 4T y del desarrollo de México; (2) Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres; (3) Para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.
(4) Para que las familias y centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio; (5) Para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida y (6) Para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno: la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas.
López Obrador afirmó: “por lo que a nosotros corresponde, no va a haber en este gobierno discriminación. No vamos a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo.”
La firma de este Acuerdo nació de los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que describió un cambio de paradigma en seguridad no obstante, ha dejado una deuda con las mujeres, niñas y adolescentes porque su gestión no alcanzó a cumplir con el Acuerdo por la Igualdad.
Algunas cifras de cómo deja el obradorato a México:
- Desde la toma de protesta en diciembre de 2018 al mes de septiembre del 2024, han desaparecido un total de once mil 190 mujeres.
- Al corte del 27 de septiembre de 2024, cierre de administración, 20 mil 938 mujeres fueron asesinadas en México durante el sexenio de López Obrador.
- A la fecha no existe un dato oficial sobre el número de víctimas de violencia vicaria en México.
- En México 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia.
- Desde mayo de 2022 el país superó la cifra de 115 mil personas desaparecidas con más de 27 mil mujeres desaparecidas.
- En 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dos casos de violencia vicaria en México tras la violencia, impunidad y omisión por parte de las autoridades.
- La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %), según datos del INEGI recopilados en 2021.
- Con López Obrador el porcentaje de convenios federales transferidos a instituciones militares con alguna función civil que no era de seguridad pública subió a 83 por ciento.
- 30% de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o Guardia Nacional durante su trayecto en México.
- Hoy, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte público.
- El año de 2023 se colocó como el segundo año más violento para las y los defensores ambientales y de territorio tras registrar 123 eventos de agresión. Al menos 19 defensores fueron víctimas de desaparición y 20 fueron asesinadas o asesinados.
- Sólo 31% de mujeres indígenas son propietarias de una vivienda en el país.
- En promedio, se calcula que 18 mujeres desaparecieron diariamente en México. De estas, el 21% aún no se conoce su paradero.
- En México, la mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres y niñas (55 %).
- Una de cada 218 mujeres de 0 a 17 años localizadas son halladas sin vida.
- 14 niños, niñas y adolescentes desaparecen en México cada día.
- De enero a junio de 2024 se registraron 632 desapariciones en la población en general. De estas, 217 fueron de niñas, niños y adolescentes en la región (34 % del total). La edad más frecuente de las desapariciones es de 17 años.
- Los casos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que desaparecieron en México no localizadas crecieron 19 % en 2022 en comparación con el 2021.
- De acuerdo con el análisis sobre la reforma Judicial hecho por EQUIS Justicia, se llegó a la conclusión de que:
- Las juezas y jueces invisibilizan las violencias hacia las mujeres (47 %).
- No protegen a las mujeres (69 %).
- No analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias contra las mujeres y ven este problema como un dato aislado, no como un problema estructural (80 %).
- Pese a que la Ley 3 de 3 está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las elecciones pasadas del 2 de junio de 2024 aún fue posible observar candidatos de todos los partidos políticos con al menos una denuncia abierta por algún delito de violencia contra las mujeres.
- El Estado no atendió el llamado de la ONU Derechos Humanos para diseñar políticas penitenciarias que garanticen condiciones dignas de detención y prevenir casos como los suicidios de 15 mujeres en los últimos 3 años en la prisión federal para mujeres de Morelos.
- A nivel nacional, el 42.2% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 52.6%.
- El pasado 2 de abril de 2024 Data Cívica ubicó 10 mil 953 nombres de personas desaparecidas quienes fueron borrados entre la versión más actualizada de la base de datos nacional y la de 2017.
- De acuerdo con organizaciones civiles y de derechos humanos, existe un margen de impunidad de más del 96 por ciento en todo el país que vulnera los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
- Solo el 44 % de lactantes menores de seis años reciben leche materna como alimentación exclusiva. Esto se debe a que aún faltan espacios adecuados en el trabajo para que las mujeres amamanten.
- En pleno 2024 la tasa de embarazo adolescente en México permanece alta, pues actualmente hay 59 nacimientos por cada mil personas de entre 15 y 19 años.
- El gasto del Seguro Popular para cáncer de mama (CaMa) pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93%. El número de tratamientos pagados para esta enfermedad pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos.
El análisis de los temas a detalle:
Desaparición de niñas
Mujeres y niñas desaparecidas: La deuda que no se saldó / Arantza Díaz
«Las desapariciones no están aumentando porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie», dijo López Obrador en su mañanera del 13 de marzo cuando fue increpado por la crisis de desaparición; un deja vu que recordó al 21 de julio del 2022 cuando se defendió de la alta incidencia de personas desaparecidas negando cifras, no sin antes, politizar esta crisis refiriendo que la oposición ha instrumentalizado con esto para amedrentarle y señalar a su Gobierno.
Desde la toma de protesta en diciembre de 2018 al mes de septiembre del 2024, han desaparecido un total de once mil 190 mujeres, asimismo, esta violencia se acentúa en las entidades del Estado de México y la capital mexicana. Quedando constituido el mapa de mujeres desaparecidas y no localizadas a nivel federal de la siguiente forma:
- Estado de México: 2 mil 114
- Ciudad de México: Mil 96
- Jalisco: 970
- Nuevo León: 793
- Tamaulipas: 545
- Veracruz: 486
Asimismo, hay que apuntar a que existió una tendencia en la desaparición de mujeres y niñas a nivel nacional y es que, la incidencia va a la baja conforme las mujeres envejecen. A partir de los 40 años, la tendencia de desaparición comienza a disminuir, mientras que en los hombres se mantiene parcialmente.
En la contracara, son las niñas y adolescentes en quienes repunta de sobremanera este fenómeno a diferencia de sus congéneres; desaparecen más niñas de 10 a 14 años que hombres en este mismo rango de edad. De manera concreta: los hombres desaparecen entre sus 20 y 35 años, mientras que las mujeres en su segunda infancia y primeros años de adolescencia.
Asimismo, consultando datos de la Red de los Derechos de la Infancia México (REDIM) se encontró que por cada 298 niñas desaparecidas, dos de ellas son encontradas sin vida.
En este sexenio desaparecieron mil 143 niñas de 10 a 14 años, posteriormente, en el rango de edad de 15 a 19 años, desaparecieron 2 mil 539 adolescentes de 15 a 19 años.
Un dato alarmante es el que ocurre en el estado de Chiapas, donde las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres van al alza en los últimos años, algunos casos corresponden a desapariciones vinculadas con la sustracción dentro y fuera del ámbito familiar, así como desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, la trata de personas y explotación sexual, comparte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).
Desde 2021, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió en sus observaciones anuales que existía una seria consternación internacional por la persistencia de patrones generalizados sobre desaparición y no localización de mujeres – niñas en México. .
Paralelamente, según la investigación Desaparición de mujeres y niñas en México: aportes desde los feminismos para entender procesos macrosociales de María de Lourdes Velasco Domínguez y Salomé Castañeda Xochitl publicada en Flacso Ecuador, en México se cree que el aumento en la desaparición de niñas en los últimos años está asociado con dos factores centrales:
La existencia de una economía de desposesión de vidas humanas para la acumulación de capital que produce formas específicas de violencia contra mujeres y niñas
Violencia sistemática contra las mujeres ejercida por agentes de instituciones estatales de seguridad y justicia.
La cifra de cien mil 780 personas desaparecidas de 1964 a 2022, ha sido una de las sombras de López Obrador, pues durante su mandato se superaron las cien mil desapariciones; sólo en los últimos seis años (2018 -2024) han desaparecido 47 mil 388 personas -la mitad de esta cifra total-, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
El sexenio lopezobradorista cerró y la crisis de desaparición, quedará como uno de los sellos primarios en la tanda de pendientes.
En añadidura, hay que nombrar la crisis forense y la cantidad de restos óseos de mujeres que no han sido identificados y concluyen en su inhumación. De acuerdo con Artículo 19, se ha hecho un extenso trabajo a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para conocer la cantidad exacta, sin embargo, la Procuraduría General de la República ha dado datos contrariados y poco concretos sobre la cantidad de restos y fosas clandestinas que se han encontrado en el país en los últimos años.
Esto último, podría ser un hilo negro importante sobre la transparencia con la que se conduce la institución, pues también se detectó, que no existe una unificación en los datos sobre fosas clandestinas pues, aunque se han producido reportajes y la prensa ha cubierto este tema de forma reiterada, los números parecen no coincidir y peor aún, en algunos casos, el registro de las fosas clandestinas está muy por debajo de las cifras oficiales.
Caso Debahni Escobar
«Lo seguimos esperando, señor presidente«, la madre y padre de Debahni Susana Escobar Bazaldúa continúan desde su trinchera esperando la resolución del presunto feminicidio de su hija. El sexenio cerró, y la promesa de no impunidad en el caso, también.
Sin respuestas, con contradicciones institucionales y la promesa quebrada de López Obrador, lo sucedido con la joven Debahni Susana Escobar, originaria de Apodaca, Nuevo León, se zanja por segundo año consecutivo; un caso que estremeció al país por develar la inacción y la torpeza de los sistemas de justicia local, pero también, por la ola de violencia mediática. Lo sucedido el 9 de abril del 2022, no se olvida, se mantiene vigente como un recordatorio de que la misoginia, la revictimización y la impunidad es sistémica.
Durante 13 días, Debanhi Escobar fue buscada, supuestamente, en cada rincón de la capital regia: Nuevo León. Ahí, en la ciudad que presume de su acaudalado presupuesto, sólo terminó por imperar la incongruencia de sus autoridades. La búsqueda de la joven concluyó cuando se le encontró al interior de una cisterna perteneciente a un hotel nuevoleonense, el hallazgo, resultó suspicaz para Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, sus padres, ¿por qué el hallazgo si ese hotel ya había sido cateado de ala a ala en cuatro diferentes ocasiones?
Rayos a las nubes, Disneyland e Instagram
En 2022, Nuevo León se convirtió en una de las entidades más violentas en materia de feminicidio, sólo por detrás del Estado de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todo era muy simple para el Gobierno de Movimiento Ciudadano y sus abanderados, Samuel García y Mariana Rodríguez,
Pues mientras se anunciaba con el pecho inflado que iban a desafiar a la naturaleza de la sequía norteña, lanzando rayos a las nubes para producir la lluvia y que inaugurarían Nuevolandia -parque temático al puro estilo de Disney-; el Estado no podía encontrar a las 47 mujeres que se encontraban desaparecidas, entre ellas, Debahni Escobar.
Los intentos de hacer nueva política a través de las redes sociales y la imagen construida de la hegemonía del matrimonio, terminaría por darles un portazo en la nariz a los García González; la furia de las familias y colectivas regias les tocaban, cada vez con más rabia las puertas a Gobernación. Querían respuestas; no más filtros en instagram y tenis fosfo y más justicia.
Este rompecabezas de la ineficiencia local -que después escalaría a lo federal- no estaría completo sin nombrar a otra mujer: María Contreras.
María Contreras desapareció y su padre, Luis Contreras acudió a la fiscalía; dio indicaciones de dónde se encontraba y pidió que la buscaran en un lugar específico. Las autoridades lo hicieron, pero tres días después sólo para encontrarla sin vida.
Horas más tarde de que la familia Contreras recibiera la noticia, Nuevo León recibía un poderoso avión que lanzaría yoduro de plata al cielo.
El responsable, fue presentado a la fiscalía con mordeduras y rasguños en el rostro; liberado horas después por falta de pruebas.
Entre las buenas noticias que asediaban al estado norteño con su parque de diversiones y su gran capital invertido en el avión, no contaban con que el nombre de Debahni Escobar, que recién se unía a la casi media centena de víctimas de desaparición – feminicidio, les haría tambalear la silla del privilegio y también, enterrar su carrera política, junto con la de Alicia Leal, de la Secretaría de la Mujer que terminó por presentar su renuncia un 13 de abril ante la presión social.
El matrimonio terminaría haciendo una transmisión en Instagram contando que no iban a descansar hasta encontrar a Debahni Escobar. Y días después, su cuerpo sería encontrado en la cisterna; muy cerca de donde se reunían con las colectivas de búsqueda.
La respuesta colectiva no se hizo esperar; la población quería un esclarecimiento de los hechos y deseaban abrir la información. Pero en respuesta, Samuel García terminó perdiendo los cabales señalando: «Yo no tengo la mendiga carpeta” (de investigación).
Así, terminaba echado el primer contexto del caso Debanhi, entre transmisiones en vivo, parques de diversiones y una desatención que partió, desde el Gobierno de Nuevo León. De aquí, quedaría por sentado que el camino por la justicia y la no revictimización sería largo; la odisea de la familia Escobedo recién comenzaba, llegando entonces, a oídos del presidente de la República.
Inacción de las Fiscalías de Nuevo León
En un primer momento el fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, afirmó que Debanhi Escobar había fallecido ahogada tras caer “accidentalmente” a una cisterna en desuso ubicada al interior del Motel Nueva Castilla. Esta versión no convenció a la familia de la joven, por lo que ordenaron una segunda autopsia, la cual terminó por contradecir diversos puntos del primer análisis forense.
Ante esto, se decidió violentar nuevamente el cuerpo de Debanhi a través de una exhumación, en ella se arrojó que la joven falleció como consecuencia de una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios; es decir, no fue por sumersión, como en un principio indicó la Fiscalía de Nuevo León.
Se debe apuntar que hasta el 5 de octubre se realizaron tres necropsias al cuerpo de la joven; ninguna arrojó datos contundentes para dar con el o los responsables de su feminicidio. Las autoridades revictimizaron y exhumaron su cuerpo de forma reiterada, sin resultado.
Así han actuado las autoridades durante los últimos dos años: con muestras de evidentes contradicciones a su primera versión y sin perspectiva de género en sus investigaciones.
El salto a lo Federal: Una promesa pendiente de López Obrador
El país entero puso la lupa sobre qué sucedía en Nuevo León; Samuel García no daba respuestas, su padre, Mario Escobar -quien se convirtió en el principal vocero del caso- presionaba de forma insistente y exponía las irregularidades de la fiscalía. Mientras tanto, los medios de comunicación se ganaban espacio con amarillismo, revictimización e incluso, sacando nexos con el crimen organizado que nunca fueron comprobados.
El caso estaba hecho un nudo y la presión no tardaba en estallarle en la cara al Estado de Nuevo León que se tambaleaba sin dar respuestas. Así, la Fiscalía General de la República, tomaría el caso para determinar la verdad y López Obrador se comprometiera a la no impunidad, esto representó un alivio para la familia Escobar que, en realidad, no duraría mucho tiempo.
En el canal de YouTube de Mario Escobar Salazar, -en un video subido el 29 de septiembre- reiteró que encontraron omisiones en la investigación del caso y un cambio en versiones al transitar de una “presunta caída fatal” a un feminicidio.
En el mismo, expuso también que esa primera carpeta de investigación en Nuevo León, “les hizo daño” y acusó directamente el actuar del fiscal general de justicia del estado de Nuevo León Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, así como Griselda Núñez Espinosa, titular de la fiscalía en Feminicidios y Delitos contra la Mujer.
Escobar no solo denunció en su video el proceder de estos fiscales, también hizo responsables al personal del Servicio Médico Forense encargado de las necropsias a su hija y a la gente encargada de los peritajes.
Pasado 10 meses del hallazgo, y que la Fiscalía General de la República prometiera resultados para brindar justicia a Debanhi, su padre, Mario Escobar, acusó que la dependencia no determinó las causas de la muerte de su hija y no tuvo indicios de dar pronta resolución, el caso tampoco fue ratificado como feminicidio, situación que contradijo las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador quien se comprometiera a la “no impunidad” y a brindar verdad a la familia.
En entrevista con Cimacnoticias, el papá de Debanhi acusó a la Fiscalía General de la República de no haber realizado a 10 meses de distancia de la muerte de su hija una investigación con perspectiva de género, por lo que se dijo decepcionado de las autoridades federales. Aun con ello, en ese momento, mantenía la esperanza de que la instancia rectificara.
Para enero del 2023, el presidente se reunió con la madre y el padre de Debahni Escobar de 18 años, donde se resaltó de nueva cuenta que les ayudaría a esclarecer los hechos; pidió calma y refirió que no habría impunidad en el caso. Sin embargo, a más de un año de esta promesa del mandatario, la justicia nunca llegó a la familia que, desde Apodaca, Nuevo León, se mantienen a la espera de una resolución, de justicia, de una sentencia o, al menos, de que López Obrador no olvide el apellido Escobar Baldazúa; la promesa por ajusticiar 2 años de lucha, de violencia sistémica y mediática no se olvida, y tampoco, las cuentas pendientes con las 4 mil 817 (SESNSP) mujeres víctimas de feminicidio en su sexenio.
Cáncer de mama
Uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud fue garantizar a las mexicanas atención médica así como proporcionar medicamentos de manera gratuita. Sin embargo, hubo grandes deudas en estos seis años, en especial con las mujeres con Cáncer de mama.
Datos de la Secretaría de Salud muestran que durante el sexenio de López Obrador se agudizó el problema del cáncer de mama en México. En 2017, la tasa de hospitalizaciones por esta enfermedad era de 50 por cada 100 mil mujeres. Pero en 2023 este índice fue de 82 hospitalizaciones por cada 100 mil mujeres. Un aumento del 60 por ciento.
Así mismo, en 2021 hubo 50 mastografías por cada 100 mil habitantes, cifra que se redujo en 2022 a 18 por cada 100 mil habitantes e incrementó pero permaneciendo aún con números bajos en 2022 a 40 por cada mil habitantes.
La Organización Mundial de la Salud (ONU) señaló que la supervivencia del cáncer de mama es del 50 por ciento o menos en países de ingresos bajos y medios, mientras es superior al 90 por ciento para quienes pueden recibir la mejor atención en los países de ingresos altos. La región de las Américas representó casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020.
Reducción de presupuesto
De 2018 a 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó 157 mil millones de pesos de los fondos destinados a la salud, lo que obligó la suspensión del pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en todo el país, así lo señaló un análisis de México Evalúa.
La organización también indicó que tan solo en 2021 el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi) para atender el cáncer de mama, cervicouterino e incluso infantil llegó hasta el 97 por ciento, lo que impidió que se pagaran hasta 7 mil 900 tratamientos para pacientes con esta enfermedad que no contaban con seguro social.
En cuanto al cáncer de mama, el gasto pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, es decir, hubo un recorte del 93 por ciento del presupuesto en el sector salud. El número de tratamientos pagados pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos, señaló México Evalúa.
Tras la caída del número de consultas por la pandemia, la Secretaría de Salud no ha logrado recuperar el ritmo en el número de consultas, pues pasó de 2.4 consultas por cada derechohabiente en 2017 a 1.28 en 2023, señaló el Colectivo Cero Desabasto.
Estos datos revierten el progreso que el presidente anunció en 2020 en una de sus mañaneras, tras anunciar que el fortalecimiento del sector salud era un objetivo cumplido con la creación del IMSS Bienestar y la Megafarmacia.
¿Cuál fue el resultado de esta situación? Las personas con cáncer de mama gastaron más en comprar medicinas en 2022 que en 2018.
Si bien el país nunca ha tenido un sistema de salud eficiente, tras estos recortes presupuestales las quejas de pacientes y las protestas del personal de salud por la situación en la atención médica fueron constantes en el actual sexenio. Mientras el gobierno presume la aplicación de una política de austeridad en todos los sectores, incluyendo la salud, las mujeres afectadas por el cáncer de mama no recibieron tratamiento adecuado.
De 2016 a 2022 el número de mastografías realizadas a nivel nacional cayó 58.7 %, lo que provocó una disminución del 26.1 % al 9.9 % en la tasa de detección de cáncer de mama en el mismo periodo, de acuerdo con datos del quinto informe de gobierno.
Cáncer de mama, un pago alto
La reducción en el presupuesto para surtir las recetas para atender el cáncer de mama no solo afectó los bolsillos de las personas más precarizadas, también cobró la vida de mujeres con este cáncer, uno de los más frecuentes a nivel mundial y, también, la principal causa de muerte por tumores malignos entre mujeres en el país, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA).
En 2023 María Luisa Guisa Ortega, directora de Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) compartió en entrevista con Cimacnoticias que cada 70 minutos muere una mexicana por esta enfermedad.
Este dato se dio desde un país que se ostenta de ofrecer un «Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad», y que contó en 2023 con un presupuesto por más de 21 mil millones de pesos.
En México el cáncer de mama ha tenido un incremento constante, tanto en su incidencia como en su mortalidad. En las últimas tres décadas se estima que en 2023 se dieron 23 mil 873 nuevos casos,.
Así mismo, del total de muertes por tumores malignos en personas de 20 años y más (87 mil 880), el 9 por ciento fue por cáncer de mama, es decir, 7 mil 888. De estos casos, 99.4 por ciento se presentó en mujeres (7 mil 838) y 0.6 %, en hombres (50), reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2022 se observó que Colima (165.87), Durango (110.39) y Jalisco (94.03) presentaron las tasas más altas de incidencia de cáncer de mama por cada 100 mil mujeres. En contraparte, Puebla (6.96), Tlaxcala (18.74) y Chiapas (21.44) fueron las entidades con las tasas más bajas de incidencia.
La baja probabilidad de que las personas sobrevivan a este cáncer se debe a que la enfermedad se diagnostica en etapas avanzadas y por falta de acceso a tratamientos especializados, puntualiza Diana Fabiola Flores Díaz, especialista en tumores mamarios en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM en entrevista para CIMACNoticias en 2024.
Madres Buscadoras
El sexenio de Andrés López Obrador, que prometió localizar a las 115 mil 457 personas desaparecidas y no localizadas en el país desde 1952 a la fecha —de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)— no le cumplió a las madres buscadoras, pues las cifras de mujeres y hombres desaparecidos no hace más que aumentar.
Frente a esta crisis humanitaria que ha durado años, las mujeres han tenido un papel protagonista en la búsqueda de sus familiares, pues son ellas quienes motivadas por encontrar a sus “tesoros” —como suelen llamarles—, realizan el trabajo que el Estado no hace: buscar a sus seres queridas y queridos.
“Las familias, mayoritariamente mujeres, madres, hermanas e hijas, son quienes indagan sobre el paradero de sus seres queridos y siguen el rastro de sus huellas, poniendo en riesgo su integridad física y psicoemocional”, detalla la Plataforma Ciudadana de Fosas creada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con información de InSight Crime, al menos 15 Madres Buscadoras han sido víctimas de homicidio de 2010 a 2022, mujeres quienes además de enfrentar la pérdida de sus seres queridos, sortean la violencia del crimen organizado.
Muestra de ello es el video que Ceci Flores —madre buscadora que junto a otras mujeres y familias han localizado alrededor de 3 mil mujeres y hombres desaparecidos en fosas clandestinas—, compartió el día de ayer en redes sociales denunciando que en los últimos días ha sido víctima de amenazas, mismas que reportó a las autoridades sin recibir respuesta.
Recordemos que el presidente AMLO inició su gobierno en 2018 reconociendo la gravedad de las desapariciones en el país para atender la situación.
Entre las actividades que realizó para atender esta situación fue nombrar a personas responsables que estaban capacitadas y que contaban con el respaldo de las familias. Sin embargo, en los últimos años de su gobierno, estos esfuerzos dieron marcha atrás con un discurso que busca restar gravedad a la crisis de personas desaparecidas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) el sexenio de Andrés Manuel López Obrador presentó 149 mil 589 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas —de estas 57 mil 883 son mujeres— ; en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 99 mil 455 —de estas 43 mil 269 son mujeres— ; y en el de Felipe Calderón 39 mil 941 —de estas 15 mil 133 son mujeres—.
Aunque estas son cifras sujetas a diversos sesgos, como la tecnología y capacidad de registrar a las personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en sexenios pasados, podemos darnos una idea de la cantidad de desapariciones y localizaciones de personas que han tenido este y antiguos gobiernos.
Asimismo, la Red Lupa, organización encargada de evaluar las acciones del estado para localizar a personas desaparecidas, señala respecto a la desaparición de mujeres que al inicio del actual gobierno estas desapariciones representaban poco menos del 21 por ciento del total de desaparecidos.
Sin embargo, en la actualidad el porcentaje llega al 23 por ciento. Si se revisan las cifras por estado encontramos que Tabasco entre mayo del 2023 y mayo de este año la desaparición creció el 130 por ciento -la mayoría de mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años-.¿Qué pasó en este sexenio para que las desapariciones aumentaron tanto?
Madres buscadoras, aún sin respuestas
Durante este sexenio, el presidente AMLO no recibió a las madres buscadoras, como se dijo en su momento que lo haría.
Ejemplo de ello fue la negativa que le dió a Ceci Flores, madre buscadora en Sonora en marzo de este año. El presidente en su momento comentó que no la recibiría hasta después de la temporada de elecciones porque se podría “usar” con fines políticos. Pese a señalar que se reuniría con ella, esto no ocurrió.
El 30 de agosto, Día en que se conmemora a las víctimas de desapariciones forzadas en México, madres, hermanas, hijas e incluso abuelas de otras mujeres y hombres desaparecidos salieron a las calles este año a gritar en voz alta que, así como en otros sexenios, en los seis años de mandato, Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de encontrar a sus seres queridas y queridos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las mujeres y madres buscadoras no solo tienen brecha acentuada para acceder a sus derechos, sino que también han sido criminalizadas en el proceso.
“Es imperante cambiar el sistema que revictimiza a las madres que buscan a sus familiares, cuando están ejerciendo sus derechos”, explican Ilich Avilés y Noé Amezcua, implementadores del proyecto financiado por Iniciativa Spotlight y promotores comunitarios del Centro de Estudios Ecuménicos (CEE).
Frente a la búsqueda de justicia, madres y mujeres buscadoras como Ceci Flores cierran este sexenio con pocos resultados e inician el siguiente con pocas expectativas:
“Si en la postulación Claudia Sheinbaum no le interesa el tema de desaparecidos, pues yo no veo ninguna esperanza de que le vaya a interesar ahora que está en la presidencia, así que creo que como hasta ahora vamos a tener que seguir trabajando solas por nuestros desaparecidos a como lo hemos hecho en estos años con donaciones de las personas que nos apoyan en redes sociales y buscando a las víctimas como lo hemos hecho hasta ahora”.
Militarización
Una militarización anunciada: El sexenio de AMLO y su relación militar
De carácter combativo y militar, la Guardia Nacional se consolida como uno de los sellos distintivos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en los últimos 5 años, el bastión de la 4T en materia de seguridad continúa enraizándose con más fuerza con tareas de carácter civil y con ello, inflando el poder militar que violenta a la sociedad mexicana, agudizándose aún más, cuando de mujeres se trata.
La génesis de este proceso de militarización se da con la creación de la Guardia Nacional un 28 de febrero del 2019 y oficialmente instaurada en funciones el 26 de marzo de ese mismo año. Desde entonces, este órgano que, en teoría, nació desde la civilidad -desplazando con su creación las actividades de la policía federal y estatal- ha transitado esos 5 años de forma opaca, desdibujando la línea de sus funciones: ¿Hasta dónde se borra la frontera entre lo militar y el órden civil?
La Guardia Nacional ostenta el mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, -aún más que sus pares como el Ejército Mexicano-. Según reporta el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Dererchos Humanos, la GN ha sido señalada por mil 56 personas siendo el delito de tratos inhumanos y violación a los derechos humanos, las principales causas de las denuncias.
Otra institución que arroja datos alarmantes es la Fiscalía Especializada en Tortura, quien reporta que hasta el 2021 se cuentan con 2 mil 125 averiguaciones previas que implican a las Fuerzas Armadas.
Una condicionante reiterativa en esta información es la impunidad, pues de acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA, de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.
En su mañanera del 14 de mayo del 2021, López Obrador señaló:
«No vamos a reprimir a ninguna persona, además, el Ejército mexicano tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo está cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. […] La actitud del Ejército y de la Marina es respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente»
Pero, ¿qué tiene qué ver el Ejército con la Guardia Nacional? En esencia, la respuesta es muy simple: Los dos órganos están fundidos y la plantilla del personal de la GN se conforma hasta en un 70% de las mismas personas que se desempeñaban en el Ejército hacía apenas un par de años, el resto, lo conformaban personas de formación civil.
Este panorama que resultaba preocupante para muchas organizaciones civiles, como Causa Común, que a través de peticiones de información demandaron conocer la cantidad de personas con formación castrense que estaban en las calles portando un uniforme de Guardia Civil; no tuvieron mayor éxito -sólo con respuestas contrariadas-. Consecuentemente, todo terminó por convertirse en un revés que se plantó directo en la cara con la llegada de la Reforma a la Guardia Nacional y que, en un giro -no tan sorpresivo- avanzó con aplanadora para aprobarse en tiempo récord.
La reforma, militares en la Guardia Nacional y la línea castrense
En la carrera por aprobar una de las reformas más polémicas propuestas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el ambiente político y social del país se ha tensado en vísperas del cambio de gobierno.
La reforma ya se ha aprobado, esto como resultado de una antesala de intentos en los que el presidente intentó consolidar esta ofensiva política desde 2020, pero que siempre terminaban echadas para atrás, una de ellas, rebotada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esto, se infiere que el proceso para dotar de mayor poder y facultad a las fuerzas armadas no nace de un día para otro, sino más bien, ha avanzado poco a poco desde hace 5 años a través de la aprobación de leyes como por ejemplo, la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, un paquete de leyes velozmente aprobadas en 2019 que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advierte que poseen ambigüedades y que, en un futuro cercano, bien podrían servir de paraguas para justificar, encubrir y no regular las acciones violentas que pueda cometer la GN.
De 2007 a 2022 el gobierno federal ha firmado 258 acuerdos para transferir funciones y presupuesto civil a instituciones militares. De este total, 94 acuerdos han sido firmados por la administración de AMLO, el 36.4 por ciento.
Así lo apunta el Inventario Nacional de lo Militarizado, que documenta el incremento de la presencia castrense en el país. Esta base de datos, realizada por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta señala que también en este sexenio se ha profundizado la militarización en la vida civil del gobierno y afectado a la población más vulnerable, como mujeres, niñas y personas migrantes e indígenas.
Ya para 2021, las Fuerzas Armadas podían disponer de un capital anual de 459.9 millones de pesos para sus viáticos en el extranjero, y para poner lo duro de la cifra en perspectiva, el Gobierno lopezobradorista dedicó al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Hijas e Hijos, un total de 415 millones de pesos; 43 millones cien mil pesos menos que lo que el ejército gastó en sus viáticos de un solo año.
La adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional representa un detrimento importante, más allá de cualquier postura partidista, resulta en un ejercicio preocupante el camino que se trazó para el manejo de la GN, aunque eso, de sorpresivo, no tiene mucho.
Una militarización anunciada, pero también futura
La mañana del 25 de noviembre de 2018, cuando López Obrador aún no tomaba protesta, sostuvo una reunión histórica con las fuerzas armadas; este hecho quedó documentado como la primera vez en que un presidente electo sin ninguna titularidad en el Poder Ejecutivo buscaba a las instituciones castrenses para discutir sobre tareas de seguridad interior y pública.
Aquella mañana de hace 6 años se dio cita en en el Campo Militar Número 1 y frente a 32 mil elementos del Ejército y Marina, pidió su ayuda, señalando que no quería violar la Constitución y es que, hay que recordar que existe el artículo 129 en la Carta Magna que, de forma manifiesta, sostiene que las fuerzas armadas no pueden llevar a cabo ninguna tarea adicional ajena a su disciplina militar.
En este sentido, es verdad, López Obrador no violó la Constitución que le frenaba para consagrar sus proyecciones para la Guardia Nacional, por eso, la modificó.
Durante aquella histórica reunión señaló:
«Ahora estoy planteando que poco a poco se vaya dando un giro, que ya no solo sea la defensa nacional, la seguridad nacional y la seguridad interior, también la seguridad pública porque eso lo necesitamos los mexicanos, y vengo a pedirles su apoyo»
Frente a la mirada de miles de soldados, quien tomó la palabra fue el almirante Soberón Sanz refiriendo de forma solemne: Las Fuerzas armadas están con usted, seremos una excelente herramienta para usted, para alcanzar el objetivo. Nunca lo vamos a defraudar.
Con esto, se asienta que, en realidad, el trabajo que finalmente se consagró hace un par de días por reformar la Constitución y aprobar la adición de las fuerzas castrenses a las funciones de carácter civil, ya se venía anunciando desde antes que, siquiera, tomara protesta. Ahora, el terreno -que le tomó todo su sexenio a AMLO-, ha quedado despejado y el dote de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en un invencible; invencible en materia de recursos económicos, tecnológicos y ahora, el poderío de sus facultades. Todo esto, queda en manos de una mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.
La futura presidenta sostuvo una reunión el pasado 11 de septiembre que recordó, en demasía, a la que sostuvo López Obrador en 2018. Ahí, se presentó frente a miles de personas de formación militar en el Heroico Colegio Militar. Celebró el avance de la Guardia Nacional a la SEDENA y les advirtió que tendrían noticias de ella muy pronto, pues se les estará convocando en su sexenio de forma reiterada para la construcción de grandes proyectos y seguridad. Refirió respetar a las Fuerzas Armadas y advirtió que nunca emitirá una orden que viole los derechos humanos; consecuentemente, terminó al grito de: ¡Vivan las Fuerzas Armadas!, ¡Viva México!
Las puertas del sexenio lopezobradorista están cerrándose tras una disputa que le tomó años consagrar; una lucha con la SCJN y su titular Norma Piña -que frenó uno de sus intentos-, disturbios dentro de San Lázaro contra su reforma, señalamientos reiterados por parte de Naciones Unidas para frenar la militarización y una serie vaivenes constantes, por fin, el resultado ha sido fructífero para el presidente quien concluye su gobierno con uno de los proyectos de nación más ambiciosos para garantizar la utopía de la seguridad mexicana… con el órgano con el mayor número de denuncias por tratos inhumanos, cruentos, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en las calles, fronteras, obras, protección civil y toda esfera pública donde, ahora, la futura Comandanta Sheinbaum ponga el ojo.
Mujeres periodistas en el sexenio: De embates y resistencias
En el inicio de la gestión presidencial, López Obrador presentó los 100 Compromisos de la Presidencia de la República; un poderoso documento que enmarcaría el actuar del sexenio y que esbozaba cómo sería la ruta del morenista. De forma manifiesta, uno de los compromisos refiere que «las y los periodistas no sufrirán acoso, ni violencia, habrá un respeto absoluto a la libertad de expresión y se protegerá al gremio», una apuesta que, en sentido estricto, resultaba idónea para el ejercicio periodístico pero que con el paso de los años, terminó torciéndose de forma paulatina hasta el cierre de su mandato.
Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra mujeres periodistas ha incrementado. En 2013 se registraron 47 casos, mientras que en 2021 la cifra fue de 232, lo que revela que el número de agresiones se quintuplicó, evidencia el informe “Palabras impunes”, realizado por el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
El Programa de Libertad de Expresión y Género –que registra y documenta los casos mediante el monitoreo de medios, entrevistas y al compartir datos con redes de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos– destaca que si se comparan las 248 agresiones perpetradas contra las periodistas en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, con los 767 casos del primer trienio de López Obrador, el aumento es del 209.27 por ciento
CIMAC y el Instituto Brot für die Welt, han documentado que los ataques a periodistas fueron referidos por el presidente como una de las tantas consecuencias que dejó el gobierno calderonista, todo esto, sin asumir la responsabilidad en el incremento de agresiones y asesinatos de mujeres y hombres periodistas. Asimismo, estos homicidios y privaciones a la libertad de prensa, terminaron por convertirse en una instrumentalización; una herramienta que, en sus palabras, es utilizada por los opositores para perpetuar «el complot» en su contra, algo que quedó por sentado en su declaración expedida el 10 de marzo del 2022 en su mañanera:
“Existe una campaña, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento, y el fondo es lo que ya expliqué, los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer, y están buscando la forma de debilitarnos»
Durante su segundo informe de gobierno 2019- 2022, se aseveró que atender las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos era un tema prioritario y que se estaban realizando avances importantes, como la reestructuración del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esto con la finalidad de asegurar una acción más inmediata en sus protocolo y garantizar la seguridad de protección. Cuestiones que, al cierre de sexenio, terminaron siendo escuetas, pues las y los periodistas asesinados en México no fueron garantes de estos derechos que tanto se prometieron, pues muy poco después de la presentación de este informe, 7 hombres y 3 mujeres periodistas fueron víctimas de homicidio.
A propósito del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se debe atajar que, actualmente, no hay un protocolo que permita la recepción inmediata de las solicitudes de incorporación. Asimismo, para finales de 2022, se registró un total de mil 657 personas incorporadas al Mecanismo, 550 son periodistas, de los cuales 151 son mujeres, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.
En un mapeo informativo, CIMAC ha documentado que para este 2024, el 80 por ciento de las situaciones de riesgo que atendió el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato entre abril del 2021 y marzo de 2022, fueron contra de mujeres.
“Las mujeres defensoras y periodistas son objeto de ataques y agresiones por causa y como consecuencia de la labor de defensa y trabajo periodístico que llevan a cabo. Además del género –que es una de las principales causas de la violencia ejercida en su contra– existen otros factores que las afecta desproporcionadamente y, por lo tanto, las coloca en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
Finalmente, hay que referir que, en este último semestre (junio – septiembre) -que representa el cierre del sexenio lopezobradorista-, CIMAC presentó su reporte estadístico sobre las últimas agresiones cometidas en contra de periodistas y defensoras de los derechos humanos. Con un registro total de 37 agresiones, donde la Ciudad de México se convierte en la entidad con el mayor número de reportes, López Obrador cierra los últimos 3 meses de su sexenio.
Norma, María de Lourdes, María Elena, Yessenia y Sheila
Cinco mujeres periodistas fueron asesinadas en el sexenio de López Obrador, la mayoría de ellas, pidieron apoyo por parte del Estado para permitirles continuar con sus funciones de manera segura; el auxilio no se les brindó de forma oportuna y los avances de investigación por la justicia de estas cinco periodistas se mantienen congelados.
Norma Sarabia Garduza: Asesinada el 11 de junio del 2019 a sus 49 años. Se desempeñaba como corresponsal en Tabasco Hoy y contaba con una trayectoria de 20 años cubriendo la fuente policiaca y de seguridad, parte de la precarización periodística, la forzaba a ejercer una doble jornada laboral como secretaria en una escuela secundaria.
Madre autónoma de un niño de 13 años y estudiante de psicología, Norma fue atacada por dos hombres armados que le dispararon mientras viajaban en una motocicleta. Meses antes, la periodista acudió a la Fiscalía para Delitos contra Periodistas para denunciar a Héctor T y a Martín L, quienes la habían amenazado de forma reiterada; la denuncia nunca procedió.
María Elena Ferral: Corresponsal de El Diario de Xalapa y cofundadora del medio local El Quinto Poder, muere el 30 de marzo del 2020 en un hospital, luego de ser atacada con arma de fuego en calles de Papantla, Veracruz.
Con una carrera de 30 años, María Elena dedicó su vida a denunciar y exponer las complejas redes políticas y económicas que imperan en Veracruz, antes del atentado mortal, líderes y políticos la buscaron para contarle sobre la disputa de poder en la región Totonaca y Huasteca; todas estas personas fueron asesinadas.
Se señalan a once personas que planearon el asesinato de María Elena, sólo 6 han sido detenidas y el resto, se encuentra prófuga desde hace 4 años.
María de Lourdes Maldonado López: Conocida por haberse acercado al presidente López Obrador en la mañanera de junio del 2019 diciéndole: «Temo por mi vida» y pidiendo protección, pues aseveró que era probable que pronto un ataque terminara con su vida. María de Lourdes fue asesinada el 23 de enero de 2022 con un arma de fuego cuando arribaba a su domicilio en Villas de Santa Fe.
“Vengo a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de un senador con licencia y próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla”. López Obrador le respondió que le pediría a su vocero, Jesús Ramírez, que atendiera su petición de justicia.
La periodista señaló de forma reiterada a Jaime Bonilla, con quien tuvo un conflicto laboral que terminó por escalar. El hombre es propietario de una red televisora, senador morenista y para 2019, se convirtió en el gobernador de Baja California.
Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila García Olivera: Asesinadas el 9 de mayo de 2022 en Cosoleacaque, Veracruz.
El 9 de mayo del 2022, Yessenia Mollinedo Falconi recibió un mensaje en un grupo de WhatsApp, donde se reportó el aseguramiento de armas en Minatitlán y la detención de 3 personas, por lo que le pidió a Sheila Johana García Olivera que la acompañara para cubrir la noticia.
Cuando las dos comunicadoras regresaron a Cosoleacaque se estacionaron frente a una tienda de conveniencia, donde fueron interceptadas por al menos 2 hombres quienes les dispararon, luego huyeron a bordo de motocicletas. Yessenia Mollinedo Falconi falleció al instante; Johana García Olivera murió camino al hospital.
Tres hombres fueron detenidos y vinculados a proceso.
En el Quinto Informe de Libertad de Expresión, “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022”, Comunicación e Información de la Mujer A. C (CIMAC) visibiliza cómo, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, las y los servidores públicos continúan siendo sus principales agresores y los ataques se han multiplicado en el espacio digital, una situación en la que ha influido el discurso estigmatizador del Presidente contra el gremio periodístico, que ha sido un sello de su gobierno.
Feminicidio
Datos y Cifras de feminicidios y violencia
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta de las cifras para las mujeres durante el gobierno de AMLO.
Al corte del 27 de septiembre de 2024, cierre de administración, 20 mil 938 mujeres fueron asesinadas en México durante el sexenio de López Obrador.
Durante los últimos seis años, en promedio, 10 mujeres fueron asesinadas cada día a lo largo del país.
De este total, una cuarta parte son víctimas de feminicidios: cinco mil 345 crímenes de odio contra las mujeres. El resto son víctimas de homicidios dolosos reconocidos por el SESNSP.
Los datos analizados por Cimacnoticias muestran que, si bien la crisis de asesinatos de mujeres en México se redujo gradualmente durante este sexenio, no fue suficiente. Pues terminó igual que cuando empezó la administración.
En 2017 ocurrieron 26 homicidios y feminicidios por cada millón de mujeres. En 2019 la cifra se elevó a 30 mujeres asesinadas por cada millón de mexicanas. Y, aunque año con año bajó este índice de violencia el 2023 cerró con 26 asesinatos por cada millón de mujeres.
En mayo de este año, el Observatorio Ciudadano con el Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó a la futura presidenta sobre los desafíos que enfrentará en materia de violencia contra las mujeres, que también abarca a adolescentes y niñas, pues cada día hay 10 mujeres víctimas y un registro de 26 mil 120 desaparecidas y no localizadas.
La red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y colectivas precisaron que de enero a diciembre de 2023, fueron asesinadas 3 mil 408 mujeres, de los que solo 827 casos se investigan como feminicidios.
Cabe señalar que las mujeres no viven la violencia de manera accidental, sino que es resultado de una discriminación arraigada y muchas veces no percibida que el Estado tiene la obligación de abordar y resolver.
En la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el sexto y último informe de gobierno reveló ciertos datos respecto a la seguridad de las mujeres que resultó contrastante con datos de su propio gobierno y organizaciones civiles.
Ejemplo de ello fueron las Alertas por Violencia de Género. De acuerdo con el informe, todas las alertas activadas en su gobierno fueron atendidas. Sin embargo, muchas de ellas siguen sin desarrollarse, como las registradas en los municipios de Puebla y Tlaxcala -declaradas en 2019- o las de Baja California, Chihuahua y Sonora, declaradas en 2021, de acuerdo con datos del Gobierno de México.
Presupuesto
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto del Anexo 13 ‘Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres’ se destinó mayoritariamente a los programas del Bienestar sin aplicar la perspectiva de género para el que fue destinado. Al cierre del sexenio, hablar del cumplimiento de las promesas de la 4T es clave en un país donde la desigualdad y la violencia hacia las mujeres siguen siendo problemáticas urgentes de tratar.
En México, existen recursos destinados a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En 2006 por primera vez se elaboró un anexo en la materia y en 2015 se creó el Anexo 13 ‘Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres’. No fue hasta el 2018 que finalmente se implementó al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y agrupó los programas presupuestarios para mujeres en los que se repartiría el gasto público.
El presupuesto durante esta administración inició con 47 mil 918.4 millones de pesos (mdp) en 2018 y alcanzó los 409 mil 107.9 mdp en 2024; sin embargo, su distribución es cuestionable. De acuerdo con el informe “Análisis PEF 2023 vs PPEF 2024” del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), en este año el 89.23% se concentró en 9 programas del Bienestar.
Dentro del 10.77% del presupuesto que se destinó a otros 84 programas, se encuentran los que tienen un impacto directo en la vida de las niñas y mujeres y sus variaciones en 2024:
- Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, incrementó 1.37%;
- Fortalecimiento para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, incrementó 0.88%;
- Prevención y Atención del VIH/SIDA y otras ITS, incrementó 0.38%;
- Programa de Adelanto, Bienestar e Igualdad de las mujeres, incrementó 0.02%;
- Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, incrementó 0.02%;
- Atención a víctimas, disminuyó 84.52%;
- Promover la Atención a los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación, disminuyó 40.04%;
- Entidades no sectorizadas, disminuyó 4.63%;
- Fiscalía General de la República, disminuyó 3.40%;
- Salud, disminuyó 3.14%;
- y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, disminuyó 0.26%.
La igualdad de género, una promesa más sin cumplir
En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Hombres y Mujeres junto a Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la entonces secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero. El gobierno de la 4T se comprometió a «poner en el centro a quienes han sufrido históricamente desventajas, desigualdades y abandonos».
El presidente también resaltó la importancia de acabar con las múltiples violencias de género y dar acceso a educación, salud, recursos económicos y la participación en la vida política de forma igualitaria. Sin embargo, al cierre del sexenio, ¿cuál es la realidad de las mujeres en México? Los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del Instituto Nacional de Geografía (INEGI) nos muestran el siguiente panorama:
La brecha de pobreza sigue siendo mayor en las mujeres, ya que en hombres es de 35.6% y 6.9% en pobreza extrema.
Aunque la participación femenina en el mercado laboral fue de 46.2%, más de la mitad de las mujeres en México en edad de trabajar no lo hacían y persistió la brecha por 30.3 puntos.
El 51.0% de las mujeres padecieron carencia de seguridad social (que engloba la salud; trabajo; orfandad, discapacidad y vejez; y el ingreso) frente al 49% de los hombres.
La carencia en servicios de salud fue menor en mujeres con 49.9% que en hombres con 50.1%.
Aunque el presupuesto de igualdad entre hombres y mujeres incrementó cada año, la mayoría fue ocupado por los programas del bienestar. Si bien hay mujeres que los necesitan para satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud y educación, la realidad es que se benefician una porción mínima de la población femenina. Además, no se prioriza los programas integrales que atienden las diversas formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres.
Sin presupuesto no avanzaremos
Para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) los presupuestos con enfoque de género son una herramienta clave, en la cual, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos aceleran el paso hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Antes eran consideradas “neutrales al género” donde los impactos desiguales entre mujeres y hombres no fueron tomados en cuenta. Ahora con la “economía feminista” se exigue al Estado el compromiso de promover el empoderamiento económico de las mujeres, así como compensar y remediar el daño historico hacia ellas.
En América Latina y el Caribe solo el 13% de los países contaban con sistemas que monitorean las asignaciones monetarias que atienden la igualdad de género, según el informe del secretario de la ONU sobre los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sustentable en 2021.
FUENTE: PROCESO/CIMAC.
AUTOR: /ARANTZA DÍAZ, LUZ CECILIA ANDRADE, WENDY RAYÓN.
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