El decreto fue presentado por Batres Guadarrama, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México expuso que con dicha reforma quedaban protegidas en la capital de la República, según él, la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social, dentro de los marcos y principios establecidos por el referido artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Pero, sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros”, expresó el titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.
“Ante la falta de claridad estamos en riesgo en cualquier momento de que el actual poder judicial, en alguna de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte [de Justicia de la Nación] pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para apoyarse en una disposición local”, detalló Batres Guadarrama.
“Como ese riesgo existía consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guíe en la Ciudad de México, en materia de propiedad, es el que señala el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, comentó el mandatario capitalino.
Con la reforma, se modificó el inciso A), numeral 2 del artículo 3 de la Constitución local, para establecer, entre otros aspectos, que se reconociera la propiedad de la Ciudad de México, sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal.
“¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. Esa es la reforma que estamos celebrando el día de hoy”, insistió Batres Guadarrama.
“Esta contradicción, esta falla y los riesgos que implicaba para defender el interés público en la Ciudad de México fue advertida con mucha oportunidad o inmediatamente por Pablo Gómez Álvarez [de la Unidad de Inteligencia Financiera] quien escribió un estudio publicado en la revista ‘Memoria’, donde hace una crítica de diversas contradicciones de la Constitución Política de la Ciudad de México y comienza con su observación a este precepto introducido entre los principios rectores de la Constitución política local”, expresó el mandatario capitalino.
Batres Guadarrama mencionó que la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, no se remitió a la Carta Magna, pero sí a la ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’ -aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, el 26 de agosto de 1789-, que en su artículo 2 dice: “la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.
El titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República mencionó que al tocar el tema de la propiedad, la Constitución de la Ciudad de México aprobada en 2017 reflejaba, según él, un atraso de más de dos siglos, que no fue otra cosa que el retroceso neoliberal que colocó el interés particular como principio superior a todo interés social, nacional o público.
“Lo que hicieron los neoliberales a lo largo de 36 años fue desmantelar la propiedad pública, la prioridad social y el dominio de la nación, esto que aprobó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se debe en buena medida, así tenemos que interpretarlo, a la compasión del mismo, que debemos recordar, tenía de sus 100 constituyentes, 40 que fueron designados y no fueron elegidos por el pueblo de la Ciudad de México”, explicó el mandatario capitalino.
Batres Guadarrama mencionó que ceñirnos a lo que dice la Constitución del país es obvio, pero en los años del neoliberalismo se buscó socavar el sentido original del Artículo 27 de la Constitución, es decir, hacerlo inaplicable.
Asimismo, Batres Guadarrama felicitó al Congreso de la Ciudad de México por la reciente conformación de la Tercera Legislatura, además de que agradeció que autorizaran el citado decreto y pidió que se apresuraran a instalar las respectivas comisiones y comités, porque, según lo indicó, en lo que restaba de septiembre de 2024, enviaría más reformas de ley.
“Ya enviamos el día de ayer, que inició el periodo ordinario de sesiones, otra iniciativa, y a lo largo de septiembre vamos a enviar más iniciativas. Yo espero que el Congreso pueda constituir pronto sus Comisiones porque las vamos a necesitar”, añadió el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“Este lunes publicamos las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de propiedad para restablecer los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que habían sido olvidados y sustituidos por un ‘principio rector’ de ‘respeto a la propiedad privada’ en el ordenamiento local”, escribió el mandatario capitalino, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
“Ahora, con la reforma, se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad originaria de la Nación, así como el derecho de la Nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Así, se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública y a la propiedad social, todas ellas subordinadas al interés superior de la Nación y de la Ciudad”, agregó Batres Guadarrama.
“Se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos. Se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalando el neoliberalismo. Me acompañaron [Pablo Gómez Álvarez] @PabloGomez1968 [titular de la Unidad de Inteligencia Financiera], la Presidenta del @Congreso_CdMex [Martha Soledad Ávila Ventura] @MarthaAvilaCDMX, así como alcaldes, legisladores y miembros del gabinete”, finalizó el titular de la Jefatura de Gobierno de la Capital de la República.
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, indica el artículo 27 de la Carta Magna.
“Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente”, agrega el artículo 27 constitucional.
“El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada”, abunda el artículo 27 de la Carta Magna.
El 23 de agosto de 2024, en periodo extraordinario de sesiones, la mayoría de los congresistas capitalinos votaron a favor las modificaciones para reformar el inciso a, numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de respeto a la propiedad privada, pública y social.
El diputado Alberto Martínez Urincho, del grupo legislativo de Morena, fundamentó que ante la evolución del concepto de propiedad, era congruente la armonización de la propuesta, “en cuanto al respeto de la propiedad privada, pública y social, para que en caso de conflicto tenga prioridad lo social sobre lo privado”.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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