La relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, destacó que también preocupa la posible intervención del crimen organizado en la elección popular de jueces.
Dijo que la CIDH ha realizado señalamientos sobre las deficiencias estructurales en el sistema judicial mexicano, aunque la reforma aprobada no responde a las verdaderas necesidades del país.
“Lo que advertimos a partir de haber seguido muy de cerca este proceso legislativo es que esta reforma no es la que México necesita y que tiene serias deficiencias en materia de garantías de independencia judicial y de acceso a los cargos judiciales en base al mérito”, sostuvo.
Dijo que cualquier reforma judicial para México “necesitaba incorporar sí o sí a la Fiscalía General, a las Fiscalías Estatales, a las Defensorías Públicas”.
Uno de los principales puntos que genera alarma es el cese masivo de jueces, magistrados y ministros que propone la reforma, aunque este proceso se plantea en dos etapas.
Pochak destacó que esto “no responde a los compromisos internacionales de derechos humanos” y refirió que si bien los países tienen la facultad de renovar su Poder Judicial, este proceso debe realizarse con base en el cumplimiento de los estándares internacionales.
Otra de las críticas que desde la CIDH se hicieron a la reforma es el establecimiento de la elección popular de jueces y magistrados, que, según Pochak, podría comprometer la independencia y la calidad del sistema judicial.
“Nos preocupa el procedimiento de elección popular para todos los jueces, magistrados, ministros del país, porque esto no garantiza que la elección se realice en base al mérito y la idoneidad”, dijo.
La relatora advirtió que este modelo puede abrir la puerta a la intervención del crimen organizado en la selección de quienes ocuparán los cargos más importantes en el poder judicial.
“Nos preocupa cómo puede llegar a impactar el crimen organizado en las elecciones de magistrados, de jueces, de ministros. Y esto es algo que la reforma no está dando respuesta“.
Pochak también abordó las posibles consecuencias que la reforma tendrá en la carrera judicial, ya que consideró, muchos trabajadores y estudiantes del ámbito judicial han expresado su preocupación por la falta de oportunidades de ascenso debido a las nuevas disposiciones.
“Estudiantes que entienden que ya no tienen chances para esforzarse y aspirar a un cargo judicial de relevancia. Trabajadores, trabajadoras del sistema judicial que hace muchos años están trabajando y que ahora no ven expectativas“, afirmó.
Dijo que esto es “desalentador” para quienes dedican su vida a la justicia en México.
Otro aspecto alarmante de la reforma, según la relatora, es la ausencia de un diagnóstico profundo sobre las necesidades reales del sistema de justicia mexicano.
Para la CIDH, cualquier reforma judicial en el país debe incluir a la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas, entidades fundamentales para garantizar un sistema de justicia funcional y efectivo.
En cuanto a las posibles afectaciones que la reforma podría tener en la independencia judicial, Pochak explicó que la elección popular no garantiza por sí sola la democratización del poder judicial, como argumenta el gobierno.
“Una democracia necesita de un poder judicial independiente, que controle al poder político” y resaltó la importancia de mantener un equilibrio de poderes para evitar la concentración del control político.
Por otro lado, Pochak reconoció los avances de México en materia de Derechos Humanos en los últimos años, mencionando los logros en áreas como el combate a la pobreza y la lucha contra la desigualdad y la discriminación.
Sin embargo, consideró que esta reforma judicial es un retroceso en la trayectoria del país luego de que ha sido considerado faro para la región.
“México ha sido un faro en muchos asuntos de derechos humanos en la región. Por eso para nosotros es realmente preocupante esta reforma, porque no es la que México merece, no es la que México necesita”, declaró.
Pochak reiteró que la CIDH no está alineada con ningún sector político, y que su postura está basada en los estándares internacionales de derechos humanos.
“Nosotros hablamos con la objetividad, la honestidad y con la tranquilidad de responder simplemente a los estándares interamericanos de derechos humanos que México ha sabido reforzar y defender”, afirmó.
Finalmente, la relatora hizo un llamado a un diálogo más profundo y a una reflexión antes de que la reforma sea implementada en su totalidad.
“Esperamos que exista un espacio de diálogo, de participación, de reflexión antes de su implementación para poder revertir algunos de estos déficits“, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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