En sesión pública, un total de tres de los cinco consejeros que integraban dicha Comisión del órgano constitucional autónomo determinaron que las reformas a los estatutos del PRI se realizaron cuando el proceso electoral aún no concluía y el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe reformas a los documentos básicos con los comicios en curso, por lo que no podrían declarar que eran constitucionales.
“La discusión no es cuando empezó el proceso de renovación de documentos básicos del PRI, en efecto también hay un criterio reiterado de la Sala Superior [del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación], en el sentido de que se puede dar inicio a este proceso en cualquier momento, el punto es que no debe concluir durante el periodo de prohibición […] El tema es que el proceso de reforma de documentos básicos concluyó todavía cuando estaba vigente la etapa de resultados y calificación de la elección”, argumentó el consejero Arturo Castillo Loza.
Por su parte, su homólogo Uuc-kib Espadas Ancona afirmó que él siempre había defendido la auto organización de los partidos, pero que sus decisiones tenían límites, y el PRI no podía, por conveniencia, derogar fragmentos de la ley, argumentando que había precedentes donde sí se permitió.
“La realidad es que la realización de una Asamblea Nacional con procesos electorales que todavía no concluyen, con segmentos muy importantes de la militancia y de las dirigencias estatal y nacional involucradas, en la etapa post jornada de los procesos electorales, afecta la capacidad del conjunto de la militancia de deliberar y participar en una Asamblea Nacional. No hay justificación en este caso para que se puedan hacer modificaciones estatutarias en contra del mandato legal. No se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley”, indicó Espadas Ancona.
Por su parte, la presidenta de la Comisión del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, criticó que el PRI argumentara que hizo su reforma para cumplir con una orden del INE para la paridad de género y violencia política, cuando pasaron tres años sin hacerlo.
Las dos consejeras que votaron a favor fueron Norma Irene de la Cruz Magaña y Carla Astrid Humphrey Jordan, quien también criticó el proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la que justificaba la reelección de Alejandro Moreno.
“Sobre el fondo de las reformas pues no nos vamos a referir porque estamos hablando más bien del tiempo, y el tiempo es el que impediría, a juicio de tres consejerías, hacer esa valoración y por tanto estaríamos solamente sujetos a determinar que no es la temporalidad adecuada, sin prejuzgar sobre la legalidad o constitucionalidad de las reformas”, resumió Humphrey Jordan.
Ante ello, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano constitucional autónomo tendría que modificar el proyecto, en el sentido de que las reformas priistas no eran legales, porque se hicieron dentro de un periodo prohibido por la ley.
Un total de cuatro ex presidentes del CEN del PRI, promovieron un juicio de ciudadanía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra la 24 Asamblea Nacional Ordinaria -realizada el día 7 de julio de 2024- en la que se reformaron los estatutos, para la reelección hasta por ocho años más del político campechano y de Viggiano Austria.
Entre los firmantes del juicio de ciudadanía interpuesto ante la Sala Superior del TEPJF estuvieron: Dulce María Sauri Riancho (1 de diciembre de 1999 al 4 de marzo de 2002), Pedro Joaquín Coldwell (8 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012), Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016 al 2 de mayo de 2018) y Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015 al 20 de junio de 2016).
A través de un comunicado conjunto, los ex presidentes del CEN del PRI argumentaron que el 7 de julio de 2024 se celebró de manera ilegal y contraria a los estatutos del Partido, la 24 Asamblea Nacional Ordinaria del Revolucionario Institucional.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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