En respuesta a la reforma judicial del presidente, la ministra presidenta de la Corte presentó dos documentos, uno con una serie de propuestas para reformar todo el sistema de justicia, y otro con un análisis y recomendaciones que elaboró el Consejo de la Judicatura Federal.
En lugar de una elección por voto popular de magistrados y jueces, la propuesta “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” prioriza el fortalecimiento de la carrera judicial con la creación de una Ley Nacional, “para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos judiciales, incluidos los magistrados, se realicen mediante procedimientos objetivos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos”.
A diferencia de la reforma presidencial que no aborda el tema de la seguridad pública, la alterna de la Corte propone la desmilitarización de las políticas de seguridad pública y en su lugar reorientar “las políticas de seguridad pública hacia un modelo más civil y participativo, promoviendo la menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y garantizando la participación ciudadana en el diseño y monitoreo de estas políticas”.
Así como estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y Fiscalías, basados en un modelo de carrera y certificación constantes.
“Esta propuesta puede incluir el establecimiento de una institución similar a la del Consejo de la Judicatura Federal que sea independiente de la Fiscalía y con integración mixta entre autoridades ministeriales, sociedad civil y judicatura para evaluar el actuar y desempeño de personal de investigación”.
Prisión preventiva oficiosa y la propuesta a la reforma judicial de AMLO
También, propone la eliminación de la figura de arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que ha sido impulsada por el gobierno de López Obrador para ampliar los delitos que la ameritan.
“En atención a lo que han señalado los órganos del Sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos, México debe buscar la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas”, señala la Corte en su contrapropuesta.
Además, sugiere armonizar la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales, así como homologar los protocolos de investigación policial del feminicidio, y mejorar el control de armas de fuego en el país, con “el control riguroso de las fronteras y aduanas del norte mediante una mayor vigilancia y cooperación con el país vecino y los estados fronterizos”.
Poder judiciales estatales
Mientras que plantea que se debe incrementar el número de personas juzgadoras y juzgados en los poderes judiciales estatales, priorizando las entidades con tasas más bajas de jueces por habitante o territorios más amplios, a partir de un diagnóstico desagregado por materia, población y territorio.
Y sobre la disciplina judicial, —en lugar de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como en la propuesta que discute el Senado—, señala que se deben impulsar reformas normativas en los estados que garanticen que los procedimientos disciplinarios contra personas juzgadoras estén a cargo de una autoridad independiente de otros órganos, con facultades de gobierno judicial, como son los Plenos de los Tribunales Superiores de Justicia y los Consejos de la Judicatura.
“Para asegurar que sólo se sancione conforme a reglas previamente establecidas y con base en criterios objetivos, sin que las decisiones judiciales sean motivo de sanción”, dice.
El mensaje de Norma Piña y la propuesta de reforma judicial alterna
La propuesta fue anunciada por la propia Norma Piña en un video, en momentos en los que se discutía la reforma judicial de López Obrador en comisiones unidas del Senado, luego que el pasado 3 y 4 de septiembre fuera aprobada en la Cámara de Diputados en una sede alterna debido a las protestas de trabajadores del poder judicial federal.
Durante el mensaje, la acompañaron los ministros Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”, dijo Piña.
La ministra presidenta de la Corte anunció también una propuesta que surgió desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a partir de la experiencia directa de personas impartidoras de justicia.
En este otro documento llamado ‘La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura’, producto de las Jornadas Nacionales en el país que organizó el Poder Judicial, la Judicatura hace un análisis de los riesgos de la reforma presidencial, pero también realiza una serie de recomendaciones y propuestas.
Por ejemplo, tras realizar cuestionarios con personas juzgadoras, rechaza la propuesta de la elección de quienes integran el poder judicial y en cambio también propone “preservar un sistema basado en concursos abiertos y transparentes que aseguren la selección de personas juzgadoras a partir de sus capacidades técnicas y habilidades de gestión judicial”.
“Dentro de las mesas de análisis, personas expertas plantearon valorar la pertinencia de que la Escuela Judicial amplíe su ámbito de acción para lograr la profesionalización de defensorías y fiscalías, así como para contribuir al fortalecimiento de la carrera judicial a nivel local”.
El Consejo de la Judicatura también destaca una serie de medidas alternativas orientadas a fortalecer la justicia especializada y mejorar el acceso a los servicios judiciales en el país. Durante las mesas y talleres de la jornada, se sugirió la creación de más órganos jurisdiccionales especializados, junto con la implementación de evaluaciones periódicas para garantizar la competencia continua de los jueces. Además, se propuso brindar apoyo técnico y multidisciplinario para optimizar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
En cuanto a la política pública, se destacó la necesidad de ampliar el número de órganos jurisdiccionales y de personas juzgadoras como una respuesta a los problemas de rezago y acceso a la justicia.
En tanto sobre la reforma constitucional, se propuso modificar el juicio de amparo para hacerlo más ágil y eficiente, además de revisar la legislación procesal ordinaria para garantizar procedimientos accesibles a las comunidades indígenas, así como el fortalecimiento de los Medios Alternativos de Solución de Controversias y de la justicia de paz, con jueces electos por las propias comunidades.
Sugiere también establecer un número mínimo de jueces tanto a nivel federal como local por cada 100 mil habitantes, para asegurar una cobertura adecuada del sistema judicial en todo el país.
“Un mayor número de jueces facilita un acceso más rápido y eficiente a la justicia, lo que reduce los plazos para resolver casos y evita demoras que pueden perjudicar a las personas involucradas. Además, un número adecuado de jueces disminuye la carga de trabajo, lo que mejora la calidad de las decisiones judiciales, reduce errores y aumenta la confianza en el sistema judicial”.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
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