El exmilitar fue acusado junto con su compañero de asesinar a un civil y de lesionar a otros tres en Nuevo Laredo a inicios del 2021. En ese entonces la Sedena aseguró que las víctimas iniciaron la agresión pero resultó falso.
El lunes 23 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra con motivo de la causa penal 37/2022 en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó en un comunicado que durante dicha audiencia se le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa por el homicidio en agravio de Javier Flores del Ángel, así como por el delito de retención de personas y lesiones en contra de los jóvenes Osvaldo Jasso, José Luna y Daniel Gómez.
Ejecución extrajudicial de civil en Tamaulipas
Los hechos tuvieron lugar la noche del domingo 7 de febrero del 2021 en el crucero de Cerro de la Silla y Cerro de las Águilas, del fraccionamiento Colinas del Sur en Nuevo Laredo.
En ese entonces la Sedena informó sobre el “abatimiento” de una persona y la detención de tres “cómplices” que supuestamente pertenecían al crimen organizado y que presuntamente habían iniciado un ataque armado, cuando en realidad iban de regreso a sus domicilios después de haber asistido a una carne asada.
Evidencias, declaraciones de los sobrevivientes y peritajes de la FGR demostraron que los militares falsearon información, sembraron evidencias y cayeron en contradicciones.
Ranulfo “N” y su compañero, José María “N”, fueron imputados por los delitos mencionados desde el 6 de junio de 2022. Ambos elementos de la Sedena pertenecían al 16º Regimiento de Caballería Motorizada.
José María “N” fue detenido en julio de 2023 y actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 ubicado en Ramos Arispe, Coahuila. Sin embargo, Ranulfo “N” permanecía prófugo desde entonces.
Encubren a mandos militares
Las investigaciones de la FGR permitieron ubicar que ambos militares fueron quienes dispararon en contra de los jóvenes, pero el responsable del operativo, el teniente de Caballería, Alejandro Morales Leyva, nunca fue imputado por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad.
Este militar fue quien presuntamente ordenó a los soldados sembrar un fusil AK-47 y varios cargadores para justificar la agresión, así como de negarles atención médica a las víctimas, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
De igual manera, el teniente Morales Leyva aseguró a la FGR, mediante un Informe Policial Homologado, que las víctimas los habrían agredido con armas de fuego, información que resultó falsa tras las indagatorias.
Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, cuyo seguimiento y cumplimiento desconocen las víctimas y sus familiares, ya que a la fecha no han recibido la indemnización correspondiente.
Ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en sexenio de AMLO
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hasta el 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha documentado al menos 11 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército.
De acuerdo con la organización, los elementos castrenses siguen un patrón determinado en este tipo de eventos.
“Después de vivir momentos de extrema tensión al enfrentarse a la criminalidad organizada, privan arbitrariamente de la vida a personas que ya se encuentran aseguradas e inermes, para después alterar las escenas criminales sembrando armas y posteriormente mentir y distorsionar los hechos en los informes donde dan cuenta de lo ocurrido”, señala en su texto: Nuevo Laredo: más ejecuciones y más ampliación de facto del fuero militar.
Por ello, afirma, no se trata de casos aislados, sino de “una muestra de lo que ocurre cuando se amplía el poder militar y cuando se deposita en los castrenses la función de seguridad pública”.
Mientras que Amnistía Internacional sostiene que estos hechos ocurren porque los militares carecen de la formación para gestionar conflictos de seguridad pública.
En abril de este año, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que elementos del Ejército dispararon arbitrariamente a dos jóvenes que iban a bordo de una camioneta, causando la muerte de uno de ellos.
Por esta agresión murió Jesús Fernando, de 25 años, padre de dos niñas y que trabajaba como empacador en una pollería, mientras que su amigo sobrevivió a cuando menos cuatro disparos que realizaron los soldados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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