Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), subrayó que “desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el Presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad”.
“Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por nueve mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado”, dijo Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.
Desde Palacio Nacional, recordó que “las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos”. “Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, los cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento”, apuntó.
Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, Salcedo Aquino reiteró que “las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad”. “Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias”, insistió.
“Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Diconsa y Liconsa recopilaron las evidencias y los documentos justificatorios y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República, y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras con el objeto de aclarar las observaciones”, explicó.
“A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, de los nueve mil 500 millones de pesos observados en las Cuentas Públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información: cuatro mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes; dos mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso”, agregó el encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Asimismo, señaló que otros dos mil 700 millones de pesos, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que éste constituye el monto de daño patrimonial. De este modo, se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en su caso, se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables.
Roberto Salcedo detalló que los documentos también fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que éste imponga las sanciones correspondientes por tratarse de faltas graves.
“En los años de [20]21, [20]22, [20]23 y [20]24, se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública. El daño patrimonial consignado hasta este momento es precisamente de dos mil 700 millones”, destacó en su exposición.
Ante dicha situación, el funcionario repitió que “el proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, y se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal”. “No hay ni habrá impunidad”, sentenció frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
En su mensaje, afirmó que “Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo; y apoyar directamente a los pequeños productores de grano en las zonas de mayor rezago del país para favorecer la producción de maíz, frijol, trigo, y asegurar la adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada”.
“Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades, y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa”, sostuvo Salcedo.
“A partir de los resultados de diversas auditorías, de las denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de estos tres organismos; se tomó la determinación de cambiar a las personas servidoras públicas de mando de estas entidades, y se creó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal y la nueva administración de Segalmex con objeto de corregir la problemática propiciada por la crisis administrativa e investigar las posibles irregularidades y actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos”, argumentó.
Por ello, se logró también la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. “Por este hecho se presentaron las denuncias penales correspondientes”, precisó la cabeza de la SFP.
AUTOR: REDACCIÓN.
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