El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la intervención de la DEA en el combate al crimen organizado en México; su gobierno tampoco muestra interés en asumir la responsabilidad y detener a los grandes capos.
A diferencia de las personas a las que calificó de opositores (fueran políticos, periodistas, profesionales de otras carreras, pensadores o activistas), a quienes AMLO exhibía y les arrojaba todo el poder del Estado Mexicano para apabullarlos mediante el impulso de juicios sumarios, López Obrador trató con respeto a los integrantes de la delincuencia organizada; a ellos nunca los consideró adversarios.
En un país cuyas estadísticas apuntan a la posibilidad de que alcanzará las 200 mil víctimas de homicidio en el sexenio, convertido ya en el más violento de la historia en materia de muertes violentas, los hechos evidencian que el Presidente no tiene proezas que presumir en este apartado; y aunque publicitó la captura de hasta 30 objetivos generadores de violencia en el país, la realidad es que la mayoría fueron delincuentes, muchos de nivel medio, cuyos liderazgos fueron inflados con fines de promoción.
El gobierno de López Obrador tiene en las capturas de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, y la recaptura de Rafael Caro Quintero, sus principales medallas en torno a la caza de integrantes de la delincuencia organizada. Un poco más abajo en el organigrama criminal, pero también puede presumir las capturas de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”; y a Antonio Oseguera Cervantes, alias “El Tony Montana”, hermano del Mencho.
Los demás detenidos, representan a objetivos de menor nivel, como el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”; y también a su hijo.
Baja California se encuentra una situación similar, pues tras la ruptura de trabajos entre la DEA y el Gobierno de México, se complicó la interlocución de autoridades locales y federales para la captura de criminales; la “efectividad” de las autoridades locales también se redujo.
Así, las capturas que presumen en el Estado también son de actores secundarios: está la de David López Jiménez, alias “El Cabo 20”, a quien tienen preso, pero la FGE no ha logrado reunir suficiente evidencia sólida para implicarlo en los homicidios que se le imputan; también Felipe Eduardo Barajas Lozano, conocido como “El Omega”, que sólo pudo ser asegurado por tener un mandamiento judicial por feminicidio en Culiacán; y David Fernando Vásquez Bejarano, alias “El Acelerado”, estos dos últimos, integrantes de la célula de Los Rusos.
Pero de los cabecillas… nada. Además, la mayoría de estas intervenciones se han generado por la investigación de la Secretaría de Marina y no de la Fiscalía General de la República (FGR) porque en realidad son muy pocos los que cuentan con mandamientos judiciales por hechos delictivos cometidos en México.
Entonces, tratándose de crimen organizado, lo evidente es que López Obrador muestra, en el mejor de los casos, desinterés; y en el peor, sumisión hacia los grupos delictivos.
Además de haber faltado a su responsabilidad presidencial de encabezar y coordinar los esfuerzos por la seguridad, trasladando este deber a las Fuerzas Armadas, quienes son las que controlan puertos, aeropuertos y aduanas; pero además definen cuándo y cómo realizar las capturas de los capos de la mafia, sin posibilidades de completar el trabajo para sacarlos de la calle, porque el gobierno del Presidente ha dejado claro que nos tiene las ganas o la capacidad para “armar” los casos en contra de los líderes de las agrupaciones delictivas.
Bajo el argumento de nacionalismo, le restringió la capacidad de operaciones a la DEA dentro del territorio mexicano, pero tampoco su gobierno asumió la responsabilidad de capturarlos. Pero además, cuando llega a detener a alguno de ellos, igual deciden entregarlo lo más pronto posible al gobierno de Estados Unidos, entendiendo la incapacidad de sus propias autoridades para procesarlos.
Sin embargo, ahora que el familiar de un capo -Joaquín Guzmán- entregó a otro -Ismael “Mayo” Zambada-, el gobierno fue extrañamente rápido y eficiente para iniciar una carpeta en contra del hijo del Chapo, bajo el argumento de que su conducta fue una traición a la patria.
Durante seis años, desde su espacio como la persona con más poder en el país, el Presidente insultó, se burló y acusó delitos, la mayoría de las veces sin presentar pruebas; ésa fue su manera de combatir discursivamente a quienes consideraba sus detractores políticos. Sin embargo, por alguna razón, esa valentía no se replicó contra los generadores de la inseguridad que envenenan y pervierten, los que han generado más daño en todo país; a estos siempre los mencionó como el “Señor Guzmán” o el “Señor Zambada”, mostrando así una mirada desviada y desequilibrada en torno a los problemas del país, que a los cárteles les resultó en abierta impunidad.
FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.
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