Tres de los cuatro comisionados que formaron parte de la Comisión de la Verdad para los casos de violaciones a derechos humanos de 1965 a 1990 entregaron el informe en la Oficialía de Partes de la Presidencia ante la falta de certeza de que el presidente lo haya recibido.
De acuerdo a la carta firmada por tres de los cuatro comisionados que formaron parte de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, este lunes 23 se hizo entrega de seis volúmenes que comprenden el informe, organizado en nueve tomos, ante la inminente culminación del mandato del organismo creado por decreto presidencial en octubre de 2021.
“Acudimos a esta entrega de este informe final de esclarecimiento histórico que estuvo a nuestro cargo ya que, a la fecha no tenemos certeza de que este material hay sido canalizado a su persona, ni tampoco tenemos noticia de que el informe integrado de la Comisión de la Verdad haya sido elaborado o presentado a usted como indica el decreto, y en tanto que su vigencia llega a su fin el 30 de septiembre del presente”, se indica en la carta dirigida a López Obrador.
Al destacarse que en las fechas del 25 de junio y el 15 de agosto pasados se le entregó al subsecretario Arturo Medilla Padilla copias del informe, los comisionados recordaron que el decreto establece que la CoVEHJ presentaría al presidente, a las víctimas, a los familiares y a las personas sobrevivientes “un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general”.
Los comisionados sostuvieron en su carta al presidente que el informe “fue elaborado sin sesgos, con independencia, imparcialidad y rigor con los recursos y condiciones con las que se contó para investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el periodo 1965-1990 para contribuir a la verdad, justicia, búsqueda de personas y para entender el actuar el Estado mexicano en aquellos años contra las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto”.
Los comisionados aseguraron estar convencidos de que “las agendas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia son de interés de todas y todos y por tanto de un Estado mexicano democrático y encaminado a la paz en un proyecto de justicia y verdad de largo aliento”.
La carta, dada a conocer en las redes sociales del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), detalla el contenido del informe, en una relación pormenorizada de las 4 mil 822 páginas del informe.
De acuerdo al desglose, el volumen 1 del informe contiene un resumen ejecutivo de los principales hallazgos y conclusiones generales, recomendaciones y un listado de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos ubicadas a partir de la investigación.
El volumen dos, compuesto por cuatro partes, aborda a las distintos tipos de víctimas de distintas políticas de Estado, como los abusos cometidos en contra de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el contexto de la contrainsurgencia; las violaciones de derechos humanos contra de poblaciones “que se opusieron a políticas públicas de desarrollo”; contra los habitantes de las zonas en que se combatió el narcotráfico; contra “personas marginalizadas y criminalizadas”; contra integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; contra los movimientos democráticos y disidencias, así como contra el movimiento urbano-popular.
En la cuarta parte de ese volumen, también se abordan las violaciones graves a derechos humano contra las disidencias sexo-genéricas, contra las disidencias religiosas, contra periodistas y personas refugiadas guatemaltecas.
El volumen tres aborda las causas políticas, económicas y socioculturales de la violencia de Estado, en tanto que en el cuatro es dedicado a los perpetradores, tanto a las instituciones como a las personas implicadas en las comisión de los agravios, entre ellas los actores políticos y sociales, así como las “influencias e injerencias extranjeras en seguridad, inteligencia y contrainsurgencia en México” y los vínculos entre violencia de Estado y criminalidad.
El volumen cinco analiza los “factores de persistencia de la violencia estatal” después de 1990; los actores e instituciones “que siguen operando bajo la lógica de seguridad política del Estado” , así como “la impunidad persistente”.
El último volumen está dedicado a los anexos, entre ellos un lisado de 4 mil 482 víctimas de violaciones graves a derecho humanos identificadas en la investigación; un análisis estadístico de las víctimas; listado de las personas que rindieron testimonio; una relación de personas señaladas como perpetradoras de los abusos, así como documentos de la Dirección Federal de Seguridad, del Estado Mayor Naval de la Armada de México, la lista de víctimas “arrojadas al mar adentro en las costas de Guerrero, según la carta del C. Benjamín Apresa dirigida a la Sra. Rosario Ibarra de Piedra” y el expediente militar sobre “vuelos de la muerte”, entre otros documentos y fotografías.
Ese informe es uno de los dos documentos elaborados por el MEH, el otro es el de “Verdades Innegables”, coordinado por la historiadora Eugenia Allier, focalizado en las víctimas de la llamada “guerra sucia”, organizaciones político militares, movimientos estudiantiles u obrero sindicales, así como organizaciones de familiares y sobrevivientes de defensa de derechos humanos, contabiliza mil 103 víctimas de desaparición forzada y más de 2 mil 200 nombres de perpetradores y “de personas que participaron en el sistema represivo”.
El documento elaborado por Allier y un equipo de investigadores, que consta de más de 2 mil páginas, será entregado a las víctimas al final el mandato del CoVEHJ y presentado públicamente el próximo 10 de octubre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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