En general, de 2019 a 2023, un total de 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron el 48.57 por ciento de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43 por ciento.
Estos tres medios, arrojan los mismos datos, sumaron 680 millones de pesos, lo que representa el 26.57 por ciento del total. En contraparte, 414 medios agruparon el 54.95 por ciento del gasto en medios. Aunque en 2023 la concentración de recursos continuó, señalan las organizaciones, “hubo ligeros cambios en los tres principales beneficiarios, destacando la posición de La Jornada y la incorporación de Medios Masivos Mexicanos en lugar de TV Azteca”.
“Llama la atención la disminución de la asignación a TV Azteca en un contexto de crecientes tensiones públicas entre Ricardo Salinas Pliego, dueño de dicho medio, y el gobierno federal, lo que demuestra la discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de recursos. En 2022, TV Azteca recibió 242.87 millones de pesos, mientras que ahora solo recibe 106.88 millones, lo que representa una reducción de 55.99 por ciento”, destacan Fundar y Artículo 19.
Las organizaciones recordaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador llegara con la promesa de una transformación profunda en las políticas públicas, incluyendo un cambio significativo en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. “Uno de los temas centrales era la regulación de la publicidad oficial, un recurso utilizado históricamente por los gobiernos para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. Sin embargo, a más de cinco años de iniciado su mandato, la falta de avances en esta materia es una asignatura pendiente”, lamentaron.
“Desde el inicio de su campaña, López Obrador criticó duramente el gasto excesivo y la falta de transparencia en la asignación de publicidad oficial por administraciones anteriores. Su discurso se centró en la necesidad de reducir en un 50 por ciento por ciento el gasto ejercido por Enrique Peña Nieto, y en aplicar criterios justos y equitativos en su distribución. A pesar de estas propuestas, los avances en la regulación de la publicidad oficial han sido mínimos. El presupuesto destinado a este rubro se redujo, pero la falta de un marco regulatorio robusto ha permitido que la distribución siga siendo discrecional”.
Los mismos datos muestran que en este sexenio, el Gobierno de López Obrador ha mantenido tres tendencias en el presupuesto de publicidad oficial: 1) subejercicio del gasto y reducción del presupuesto; 2) (hiper)concentración del gasto en unos cuantos medios; y 3) falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos.
En cuanto al primer punto, el gasto en publicidad oficial durante este sexenio, es decir de 2019 a 2023, ascendió a 14 mil 500 millones de pesos, una diferencia de 78.70 por ciento respecto del gobierno de EPN en los primeros cinco años, cuyo gasto fue de 68 mil 79 millones de pesos.
“En este gobierno se ha subejercido el presupuesto destinado a la publicidad oficial, alrededor de 27.85 por ciento en el periodo 2019 a 2023. Esta reducción es resultado de la aplicación de la ‘austeridad republicana’. Si bien la austeridad puede ser vista como un esfuerzo para reducir el gasto público, también plantea interrogantes sobre las consecuencias de limitar los recursos destinados a la difusión de información oficial como afectar la capacidad del gobierno para mantener a la ciudadanía informada y garantizar la transparencia en sus acciones”, destaca el reporte.
De hecho, Fundar y Artículo 19 indicaron que el gasto de 2023 tuvo un subejercicio de 14.06 por ciento, “es decir, se dejaron de gastar 418 millones de los 2,978 millones que se aprobaron originalmente”, mientras que detectaron que una vez más, una gran parte del gasto se concentró en diciembre, con el 73.85 por ciento del presupuesto ejercido en ese mes. “Este fenómeno, conocido como ‘gasto decembrino’, indica una falta de planificación y ejecución adecuada a lo largo del año”.
LOS BENEFICIARIOS EN EL SEXENIO
Se destaca, además, que de 2019 a 2023, un total de 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron el 48.57 por ciento de los recursos, mientras que los 911 medios restantes se repartieron el 51.43 por ciento.
En general, Televisa, La Jornada, y TV Azteca fueron los medios que concentraron la mayor parte de la publicidad oficial. Televisa recibió, por ejemplo, el 10.43 por ciento del total, La Jornada el 9 por ciento, y TV Azteca el 8.71 por ciento.
“Juntos, estos tres medios acumularon 4 mil 79 millones de pesos, lo que representa el 28.13 por ciento del presupuesto total destinado a publicidad oficial. Esta situación revela un problema recurrente de inequidad en la asignación de la publicidad oficial, donde un reducido grupo de medios se beneficia de la mayoría de los recursos, dejando a la gran mayoría con una proporción menor”, se lee en el reporte.
Y añade: “Esta concentración podría reflejar una estrategia del gobierno para influir en medios de amplia cobertura y mayor audiencia, pero también plantea serias dudas sobre la transparencia y los criterios utilizados para distribuir estos fondos. Repetidamente, se ha señalado la necesidad de una mayor equidad y pluralidad en la asignación de la publicidad oficial, ya que la concentración en pocos medios afecta a la pluralidad informativa y también puede socavar la independencia editorial de aquellos que dependen en gran medida de estos ingresos”.
En cuanto a las dependencias, la distribución del gasto en publicidad oficial por parte de la Administración Pública Federal entre 2019 y 2023 muestra una marcada concentración de recursos en un pequeño número de instancias.
De las 158 dependencias que gastaron en publicidad oficial durante este periodo, solo diez concentraron el 78.07 por ciento de los recursos, mientras que las 148 restantes compartieron apenas el 21.93 por ciento. El IMSS, la SEGOB y la Lotería Nacional lideran la lista, con un gasto conjunto de 7 mil 139 millones de pesos, lo que representa casi la mitad del presupuesto total.
“Esta concentración pone de manifiesto la desigualdad en la distribución de los recursos destinados a la publicidad oficial, reflejando una posible priorización de ciertas áreas gubernamentales para la promoción de sus actividades y programas. La inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) entre las diez dependencias con mayor gasto en publicidad oficial, con un total de 894 millones de pesos, equivalente al 6.17 por ciento del presupuesto de este sexenio, también es significativa”.
Tan solo este año, diez dependencias gastaron el 80.51 por ciento (2,060 millones). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron las dependencias que más gastaron en publicidad oficial, acumulando en conjunto mil 452 millones de pesos, lo que representa el 56.73 por ciento del total. “Esto marca un cambio con respecto a 2022, cuando el ISSSTE no figuraba entre las diez dependencias con mayor gasto en publicidad oficial. La inclusión del ISSSTE en 2023 destaca una reconfiguración en la distribución del presupuesto entre las principales dependencias del gobierno federal”.
Fundar y Artículo 19 indican que ante la proximidad de un cambio de gobierno, el tema de la publicidad oficial se mantiene como un desafío pendiente. “El gobierno de Claudia Sheinbaum deberá enfrentar la tarea de reformar el marco regulatorio vigente para que se garantice que la publicidad oficial no sea utilizada como un mecanismo de censura sutil sobre los medios de comunicación, sino como una herramienta para informar a la ciudadanía de manera imparcial y efectiva”.
En este contexto, refieren que es importante recordar que aún está pendiente el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), identificada con el folio AR 308/2022, emitida el 8 de septiembre de 2021. “Esta sentencia ordena al Congreso de la Unión reformar la ley para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Poder Legislativo tiene como plazo el 10 de septiembre de este año para llevar a cabo dicha reforma”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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