En Guerrero desde hace cinco décadas es complicado que los mexicanos obtengan justicia en casos de violaciones de los derechos humanos en los que están implicados elementos de las Fuerzas Armadas, advierten expertos en la materia.
Otra característica es que las familias de las víctimas han buscado la justicia en instancias internacionales, en las que el Estado mexicano ha sido sentenciado o señalado por estos abusos, considera la organización civil.
En la Guerra Sucia de los 60 en la entidad, recuerda el investigador Gabino Solano Ramírez, el Ejército desplegó actividades muy parecidas a otras expresiones autoritarias en América Latina, e incrementó su presencia cuando Guerrero se convirtió en un productor internacional de amapola.
No obstante, para el académico hoy las Fuerzas Armadas son “una necesidad” ante la ausencia de una policía civil confiable “y para tener una falta mucho” y la presencia cada vez mayor de los poderes fácticos en la vida diaria.
Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abogado Isidoro Vicario Aguilar ha conocido de cerca casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados en esa región y en la Costa Chica.
Considera lamentable que en Guerrero muchos casos donde el Ejército es partícipe de agresiones a los derechos humanos se están quedando en la impunidad, ya que es difícil que se toque a esa institución.
“Recordemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que el 25 de agosto de 1974, durante la llamada Guerra Sucia, fue desaparecido en Atoyac de Álvarez y donde están involucrados militares como responsables”, dijo.
Se cumplieron 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, recordó el activista, pero fue hasta 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos del campesino.
Por otro lado, está el caso de El Charco (comunidad del municipio de Ayutla de los Libres), donde el 7 de junio de 1998 fueron asesinados 11 campesinos. “De ese caso tampoco ha habido justicia y hay una participación directa de elementos del Ejército”.
Por esta masacre, indicó el abogado de Tlachinollan, la petición formal presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha sido admitida.
“Del informe que rindió el Estado mexicano se advierte que no se inició ninguna investigación, ninguna averiguación previa, mucho menos una carpeta de investigación en contra de los efectivos del Ejército que planearon y participaron en la incursión y ataque armado en El Charco. Sin embargo, sí hay varios expedientes abiertos en contra de los habitantes de la comunidad”.
Isidoro Vicario mencionó que entre los más recientes episodios se encuentran los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que fueron agredidas sexualmente por elementos del Ejército en distintos eventos ocurridos en el año 2002.
“En México tampoco las compañeras lograron obtener justicia; esos casos llegaron al sistema interamericano (Corte IDH), se presentó como un asunto formal y se obtuvo una resolución de fondo”.
En 2010, el Tribunal Internacional emitió dos sentencias condenatorias en 2010 contra el Estado mexicano, al encontrar como responsables a soldados del Ejército.
“Ahí el Estado incumplió. Después de la sentencia que dictara la Corte Interamericana se detuvo a dos elementos responsables en el caso de Valentina y hasta en 2019 se dictó ya una sentencia condenatoria”.
Pero por los delitos contra Inés, mencionó, no hay una sentencia condenatoria, aunque el proceso está abierto en contra de elementos responsables.
Vicario Aguilar tiene presente otro hecho reciente en la región de la Montaña. Se trata del asesinato del joven nahua Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar el 20 de junio de 2009.
Bonfilio tomó esa noche un autobús de la línea Sur en la ciudad de Tlapa con destino a la Ciudad de México, pero en un crucero, a cinco minutos de Huamuxtitlán, la unidad se encontró con un retén militar instalado por elementos del 93 Batallón de Infantería, que bajó a los 40 pasajeros para revisarlos de manera minuciosa.
Al momento de subir de nuevo al autobús, los militares detectaron a un pasajero que llevaba botas tipo militar y ya no lo dejaron subir.
Hubo una discusión de militares con el conductor del autobús que argumentaba que no le podían retener a un pasajero porque lleva un control y que todos tenían que llegar a su destino.
Tras firmar uno de los soldados una hoja donde anotó en puño y letra “retén militar pasajero 22”, el chofer inició de nuevo la marcha.
“Después que arrancó, los soldados dispararon en contra del autobús que iba lleno de pasajeros y desafortunadamente a uno de los que iban hasta atrás lo alcanzó un disparo que le quitó la vida. Era Bonfilio Rubio, de 30 años”.
En este hecho también hubo una participación directa de efectivos militares y hasta la fecha no hay ningún responsable detenido, lamentó el abogado. Dos elementos del Ejército fueron procesados, pero uno obtuvo su libertad casi de inmediato y el segundo fue absuelto por un juez de distrito.
El caso ya está en la CIDH como una petición formal, porque en México no hubo responsabilidad contra los militares.
“Y así vemos con el caso Ayotzinapa. Las investigaciones pudieron avanzar, pero cuando se toparon con la Secretaría de la Defensa Nacional se estancaron”.
En los casos graves de violaciones de derechos humanos donde hay efectivos militares implicados, aseguró Isidoro Vicario, es complicado que los mexicanos puedan acceder a la justicia y eso es lamentable.
“Son unos cuantos hechos que son públicos donde los familiares de las víctimas tuvieron el valor de iniciar una denuncia, pero sabemos que hay muchos delitos donde hay participación directa de las Fuerzas Armadas que no se denuncian”.
En esos casos emblemáticos, agregó, fue difícil que pudieran avanzar las investigaciones y que finalmente han quedado en la impunidad.
Función del Ejército, debate permanente
“Se suscitó la Guerra Sucia en los 60, fue un ejercicio, una experiencia única en el país, muy parecida a otras expresiones autoritarias en América Latina. Se vivió con mucha crudeza en la entidad y aún se tienen esas secuelas”.
Solano Ramírez es investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), donde desarrolla la maestría en Estudios de violencias y gestión de conflictos.
Con el tiempo, sostiene, las cuestiones sociales que se incubaron para el fenómeno de la militarización en Guerrero cambiaron.
“El estado se convirtió en productor de amapola para el mercado mundial y el Ejército tuvo un papel de vigilancia en sus procesos, no muy claro por supuesto, pero eso fue causa de que se incrementara presencia de efectivos militares en la entidad”.
En el caso de Ayotzinapa, considera, la historia no lo juzga, las circunstancias todavía no son claras; hoy voces dicen que fue el Ejército, pero evidentemente la responsabilidad es por parte de los grupos delictivos que compiten por el territorio en esa parte del estado, afirma el investigador.
Tras años de la presencia del Ejército en labores de seguridad interna, lo deseable es que se cuente con una policía civil, pero las condiciones no han permitido iniciar ese camino, agrega.
Y pone como ejemplo el municipio de Acapulco, donde no existe una policía preventiva y la Guardia Nacional ha asumido las funciones de brindar seguridad pública.
“Hoy la cotidianidad de los militares en las calles es algo que suple la ausencia de la policía para eventos de seguridad. Las circunstancias que emergieron de este proceso están vigentes”.
El investigador incluso considera que mientras no haya una policía civil profesional, capacitada, autónoma y libre de colusiones con los grupos de poder fáctico, la presencia militar en las calles “es una necesidad”.
“El Ejército es una necesidad hoy, no lo podemos poner de otra manera y no podemos ocultar el fenómeno generado desde hace muchos años, en el cual los poderes fácticos están presentes. ¿Cómo enfrentar esos poderes? Lo único que tiene el Estado es el Ejército en el corto plazo. Hay que entender la magnitud del problema, creo que el Ejército no es el problema, el problema es de otro tipo”, sostiene.
E insistió que mirar al Ejército como un problema es no ver el mercado ilegal que hay detrás de la violencia. Explica que gran parte de los recursos delictivos están operando en el territorio, mercancías ilegales, delitos de alto impacto como secuestro, trata y desaparición de personas. “Éste es el tema de fondo, la salida es la construcción de una policía civil libre de estas colusiones. Eso llevará tiempo”.
En contraparte, Isidoro Vicario sostiene que la labor militar no ha tenido efectividad para el propósito por el que está en las calles.
–¿Cuál es el papel actual del Ejército y de la policía militar de la Guardia Nacional en Guerrero? –se le plantea al abogado de Tlachinollan.
–Hemos visto que llegan cientos de militares y de agentes de la Guardia Nacional más a Acapulco por el tema de seguridad, así en Chilpancingo, pero a partir de esa presencia los índices de los delitos no bajan.
El abogado señala que sería ésta la función real o los resultados que debería tener el Ejército en municipios donde hay mucha violencia. “Acapulco está lleno de militares y guardias, pero aun así a plena luz del día siguen ocurriendo crímenes. Siguen desapareciendo personas en Chilpancingo y en todo el estado. Entonces el Ejército realmente no ayuda en el tema de seguridad”, contrapone el abogado de Tlachinollan.
Por ello, dice ver más bien una justificación por parte de las autoridades federales o del Estado mexicano de militarizar poco a poco el territorio, sobre todo en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“Vemos una forma de militarizar el país y que no necesariamente está ayudando a combatir la desigualdad social, mucho menos el tema de la delincuencia –advierte–. Hay una militarización para tener controlada la sociedad, sobre todo en una entidad con tantos recursos naturales, desigualdad social e injusticia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario