A petición de miembros del circuito del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, abrió dos nuevas consultas referentes a la constitucionalidad de la reforma judicial.
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió dos nuevas consultas ante el Pleno del Máximo Tribunal del país para analizar la procedencia y constitucionalidad de la reforma judicial.
Ambos recursos fueron presentados por juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación que solicitan al Máximo Tribunal del país analizar la constitucionalidad del Decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales.
De acuerdo con las personas juzgadores, esto es debido a “las evidentes violaciones constitucionales durante el proceso legislativo” y a que no se ha estudiado si la reforma judicial cumple con la Convención Americana sobre derechos humanos, “en razón de que pudiera implicar la violación al principio constitucional de división de poderes y especialmente en la vulneración a la autonomía de los órganos del Poder Judicial”.
Por este motivo es que la ministra abrió estas dos consultas (8/2024 y 9/2024) y para que el Tribunal Pleno estudie la constitucionalidad del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
Ambos asuntos fueron turnados a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al estar estrechamente relacionados con otras tres consultas a trámite (5/2024, 6/2024 y 7/2024), mismas que ya tienen proyecto de resolución.
Ministros publican proyectos sobre consultas en la Corte contra reforma Judicial
Este martes 24 de septiembre, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Yasmín Esquivel Mossa publicaron los proyectos sobre las consultas abiertas por la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el Pleno del Máximo Tribunal del país revise la constitucionalidad de la reforma judicial.
En su proyecto (4/2024) el ministro Alcántara Carrancá propone admitir la consulta planteada por un grupo de impartidores de justicia federal, al considerar que la Corte puede “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
Mientras que la ministra Esquivel Mossa propone en sus tres proyectos desechar los recursos al señalar que la Corte no tiene facultades para “actuar en contra del texto constitucional o de su procedimiento de reforma”.
Los proyectos fueron publicados en la lista de asuntos que el Pleno discutirá en los próximos meses, pero dado que ocupan los primeros lugares de este registro es probable que comiencen con su discusión a partir del próximo 3 de octubre.
De esta forma suman ya nueve consultas abiertas antes del Pleno de la Corte para analizar la reforma judicial. Las primeras tres consultas que fueron abiertas por la ministra Norma Piña para determinar si la Corte puede o no frenar la reforma judicial quedaron en manos de la ministra Lenia Batres, quien informó que estos recursos buscan declarar la invalidez de la reforma judicial y analizar la constitucionalidad y convencionalidad de estas modificaciones a la Constitución. Sin embargo, los proyectos de las consultas en manos de la ministra Batres no han sido publicados.
Consultas dentro de la Corte ¿qué son y para qué sirven?
De acuerdo con la Suprema Corte, en caso de que no exista un procedimiento claramente definido para atender algún asunto que ingrese a la Corte, la persona presidenta del Máximo Tribunal del país designa a una ministra o ministro para que lo analice y proponga al Pleno de la propia Corte el trámite o procedimiento que deba seguirse, a fin de que éste determine lo conducente.
De esta forma, la consulta sólo tiene como finalidad establecer, preliminarmente, el trámite o procedimiento que debe seguir, pero no emitir la resolución final de éste, aunque no existe plazo alguno previsto para que estos se lleven a cabo.
La ministra o ministro ponente es el encargado de formular la propuesta de atención, la cual somete al Tribunal Pleno, misma que debe ser adoptada por mayoría de votos (mayoría simple).
Una vez definido el trámite por mayoría de pleno el expediente se turna a otro ministro para que éste elabore el proyecto de fondo del asunto y determinen la ruta a seguir.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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