Van dos años y aún no hay fiscal. Los candidatos de Samuel García han sido rechazados por señalamientos de ejercicio ilícito del servicio público y hasta por delincuencia organizada. En tanto, el Congreso está empatado 21-21, por el apoyo de Morena, Verde y PT a MC.
Diferentes carpetas han seguido presuntas triangulaciones de fondos a favor de Samuel García y de algunos de sus allegados, a través de empresas factureras que, al menos en un caso, estarían ligadas a la organización criminal de los Beltrán Leyva, de acuerdo con lo publicado por la más reciente edición de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Por su parte, el gobernador rechaza el contenido de las investigaciones, acusa filtración y manipulación de información y señala a “la vieja política” –expresión genérica con la que identifica a los políticos del PRI y del PAN– de estar detrás de todo. Y como parte de esa designación, incluye a quienes se han ocupado de la FGJNL, desde que en octubre de 2022 dimitió el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, en medio de la crisis por el caso Debanhi que conmocionó a la entidad y al país.
El más reciente lance por obtener el control de la Fiscalía pasa por la toma del Legislativo. Con MC en minoría, el gobernador neoleonés ha conseguido el apoyo de las bancadas de Morena, PT y PVEM, con lo que alcanzó 21 legisladores frente a las 21 curules que poseen PRI, PAN y PRD. El resultado es la parálisis.
Congreso empantanado
La parálisis no es nueva. Ya en periodos anteriores las inasistencias resultaban en falta de quórum, por lo que el desacuerdo en el orden del día es la novedad de la temporada que ha quedado marcada por dos factores:
El primero, un enroque que mandó al líder parlamentario naranja a la Oficina del Ejecutivo, al relevo de Miguel Ángel Flores Serna quien, a su vez, fue enviado al Congreso para convertirse en el líder de MC y su alianza con las bancadas de la 4T.
Flores Serna, uno de los más cercanos amigos y colaborador de confianza del gobernador García Sepúlveda, a quien llama “el Mike”, operador clave del sexenio, anticipó desde el pasado viernes que su papel será conducir el Congreso y sacar consensos para la elección de cargos como la Fiscalía y la gestión de un presupuesto acorde con los planes samuelistas para 2025.
En efecto, la idea era que Flores Serna asumiera el liderazgo legislativo porque a MC le correspondía este año, pero de acuerdo con la diputada petista Guadalupe Rodríguez, las bancadas unidas del PRI, PAN y PRD obstruyeron el paso de Flores Serna y se quedaron con la conducción legislativa indebidamente.
En cualquier caso, el Legislativo está paralizado y, por lo tanto, la renovación de la FGENL también, del mismo modo que los pedimentos presupuestales de García Sepúlveda, es decir, Fiscalía y presupuesto son los dos motivos detrás de la crisis parlamentaria.
Desde la salida del fiscal Guerrero, quien alegó su retiro voluntario del servicio público, quedó encargado del despacho Pedro Arce Jardón, quien ha permanecido en el cargo y fue brevemente electo por un periodo que sólo duró tres días, en los que una decisión judicial decidió reponer el proceso de elección.
La decisión mantiene a la entidad sin fiscal debidamente electo desde hace casi dos años, en un ir y venir de controversias y decisiones dilatorias de los poderes Ejecutivo y Legislativo confrontados.
Los candidatos samuelistas
En su afán por conseguir un fiscal de su confianza, el mandatario nuevoleonés propuso cuatro perfiles que resultaron inaceptables debido a sus antecedentes.
Se trata de Carlos Contreras Segovia, Carlos Eduardo Mendoza Cano, Carlos Manuel Cuevas Martínez y Lorena Ahidee Treviño Pérez, quienes en su trayectoria reciente se han desempeñado en actividades relacionadas con la materia fiscal y de inteligencia financiera.
Carlos Manuel Cuevas y Lorena Ahidee Treviño cuentan con orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad. Cuevas cuenta con una trayectoria en el sistema de procuración de justicia, donde se ha desempeñado como agente del ministerio público, director de averiguaciones previas, también de bienes asegurados y fue secretario particular de Adrián de la Garza durante los primeros años en que fue procurador.
Sin embargo, se distanció de Adrián de la Garza, el priista considerado hoy líder de la oposición y alcalde electo de Monterrey, al integrarse al gobierno de Samuel García como titular de la Oficina Ejecutiva de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en la entidad durante el primer trimestre de samuelismo. De esa época, la FGENL procesó un caso por ejercicio ilícito del servicio público en su contra.
El mismo delito de ejercicio ilícito del servicio público se le imputa a Lorena Ahidee Treviño, quien es abogada con maestría en Derecho Fiscal y su área de especialidad es precisamente Derecho Penal especializado en prevención y combate al lavado de dinero. Además de haberse desempeñado en áreas de inteligencia financiera en la Profeco y la FGENL, su cargo anterior a la postulación fue como coordinadora de Asesoría Jurídica en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Samuel García.
Así que Carlos Manuel Cuevas y Lorena Ahidee Treviño cuentan, como decíamos, con orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.
Otro caso es el de Carlos Contreras Segovia y Carlos Eduardo Mendoza Cano, quienes fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas por formar parte de un grupo de abogados implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del servicio público, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, “puesto que han utilizado esquemas de financiamiento a grupos criminales, desvíos de recursos, corrupción y lavado de dinero”.
De hecho, el caso de Contreras Segovia es más grave. Desde 2021, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, informó que el abogado fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por hechos ocurridos cuando se desempeñó como administrador Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México.
La funcionaria explicó que Contreras Segovia fue despedido del SAT porque detectaron que, al atender a grandes contribuyentes, alteró documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos que les correspondían.
Los perfiles han sido impulsados por Samuel García desde que en octubre de 2022 renunció el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, con lo que inició el inacabado proceso de elección de un nuevo fiscal.
La crisis de dos años
Desde que inició su mandato, Samuel García estuvo confrontado con el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, quien atrajo la atención nacional que se suscitó en torno a la desaparición de Debanhi Escobar, a la postre localizada muerta en una cisterna bajo condiciones de investigación que fueron ampliamente cuestionadas en la opinión pública.
La renuncia de Guerrero, en medio de los reclamos y las críticas de Samuel García a la actuación de la Fiscalía, devino en la llegada como encargado del despacho de Pedro Arce Jardón y la convocatoria a elegir fiscal.
El proceso de elección fue un desastre, porque tanto desde el Congreso local como en la Fiscalía y el propio gobierno estatal se metían el pie. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública negaba las cartas de no antecedentes penales necesarias para el registro a quienes eran afines a la oposición, mientras que ésta, en el Congreso, hizo cambios en la convocatoria, inaugurando así un aplazamiento tras otro, que en febrero pasado resultó por resolución constitucional en la reposición del proceso.
Dicho proceso se concluyó el pasado 26 de agosto, cuando Arce Jardón fue designado, ahora sí de manera formal, como fiscal general por el Congreso, pero con la bancada minoritaria de Movimiento Ciudadano denunciando fraude a la Constitución.
Samuel García se movió de inmediato y promovió un recurso contra dicha acción. El pasado 28 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el nombramiento de Pedro Arce. Dicha decisión es la más reciente en el intento del gobernador Samuel García Sepúlveda por tomar el control del aparato de procuración de justicia, a partir de la designación de uno de sus incondicionales, frente a un Congreso de oposición que procura su propio coto.
Las tensiones entre el gobernador García Sepúlveda y el Congreso del estado de Nuevo León, que a lo largo de su sexenio es de mayoría opositora, han provocado como nunca constantes crisis entre poderes, controversias constitucionales e intentos por someter al mandatario a juicio político, en uno de los sexenios más controvertidos de la historia del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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