Gómez Fierro advirtió que, en un sistema donde se selecciona a los jueces y magistrados a través de un sorteo o tómbola, la capacidad y el mérito de los aspirantes quedan en segundo plano.
En el contexto de la reforma el Poder Judicial y las acusaciones que existen respecto a que esta tiene ‘tintes de venganza’ por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado explicó en Aristegui en Vivo que las decisiones judiciales, aunque a veces incómodas para algunas partes, se basan en las reglas constitucionales que fueron adoptadas para mantener la convivencia y resolver conflictos.
“Entiendo que en muchas ocasiones las resoluciones no puedan gustar, pero nadie duda que las reglas de convivencia están en la Constitución”, afirmó Gómez Fierro, refiriéndose a casos recientes como la industria eléctrica, la Guardia Nacional y el padrón de telefonía, donde los jueces han defendido los derechos de las personas basándose en la Constitución, a pesar de los intereses políticos del partido en el poder.
“Es nuestra labor, y es la labor de cualquier tribunal constitucional en el mundo, precisamente servir como contrapeso y proteger este núcleo duro de derechos humanos y de reglas constitucionales”, afirma.
Dentro de los diversos aspectos que contiene la reforma judicial, cómo sustituir a la Suprema Corte, cambiar a un órgano de la administración judicial, crear un tribunal de disciplina, s modificaciones sustanciales al juicio de amparo, Gómez Fierro expresó particular inquietud sobre la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, argumentando que tal cambio podría politizar la justicia y socavar la independencia judicial.
El magistrado explicó que, durante los últimos 30 años, el Estado mexicano ha promovido un sistema de carrera judicial, cuyo objetivo es que los jueces y magistrados sean seleccionados con base en su capacidad y méritos acumulados a lo largo de su trayectoria. Este sistema prioriza la experiencia, el esfuerzo y la demostración de habilidades adquiridas a lo largo de los años en el ámbito judicial. Normalmente, un juez promedio requiere entre 10 y 20 años de experiencia previa en la carrera judicial antes de alcanzar la responsabilidad de juzgar los asuntos de sus semejantes, poniendo en el centro la importancia del mérito y la capacidad en el proceso de selección.
Lo que se propone en la reforma cambia este sistema de mérito y capacidad por otro de suerte y popularidad.
Señaló que ya no necesitarías haber estado en los tribunales, simplemente basta que tengas un título de licenciatura en derecho.
Gómez Fierro advirtió que, en un sistema donde se selecciona a los jueces y magistrados a través de un sorteo o tómbola, la capacidad y el mérito de los aspirantes quedan en segundo plano. En lugar de priorizar la eficiencia y el esfuerzo demostrado a lo largo de la carrera judicial, este proceso se enfoca en la popularidad y la capacidad de los candidatos para conseguir votos. Esto, según el magistrado, politiza el sistema de justicia, abriendo la puerta a influencias de grupos políticos, económicos, del crimen organizado e incluso religiosos, que buscarían intervenir en la selección de jueces para favorecer sus propios intereses.
“A mí me parece que esto es muy preocupante porque se pierde la Independencia judicial como eje fundamental para la defensa. Es lo más importante no de los derechos como jueces, sino de los derechos de todas las personas”. afirma. “El mérito no lo compras, el mérito no lo patrocina nadie… [los jueces] fallamos con base en esto y tenemos la templanza y la experiencia suficientes para poder resolver estas controversias”.
En cuanto a las críticas recientes hacia jueces que han suspendido la discusión legislativa de la reforma constitucional, el magistrado indicó que no puede pronunciarse sobre el criterio jurídico específico, ya que es probable que esos casos lleguen a su tribunal. Sin embargo, subrayó que existe un amplio debate sobre la posibilidad de revisar reformas constitucionales a través del juicio de amparo y que el recurso de queja es el mecanismo legal previsto para impugnar decisiones judiciales.
Finalmente, Gómez Fierro subrayó que el conflicto actual tiene una naturaleza más política que jurídica y que, aunque algunos hablan de juicio político, las decisiones jurisdiccionales no deberían generar una responsabilidad política. “Estamos frente a un conflicto que tiene una naturaleza política y no jurídica en estricto sentido”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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