Los conflictos y disputas territoriales del crimen organizado en los territorios ha provocado que, en lo que va del año, más de 8 mil 190 personas fueran desplazadas de los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa, Chicomuselo, y Siltepec; mientras que en Michoacán tan sólo este martes fueron atendidos 110 indígenas desplazados, y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
“Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aun así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños”, alertaron las organizaciones en un comunicado, entre ellas el Fondo Defensores, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México.
Precisaron que la respuesta de las fuerzas armadas ha sido de “omisión sistemática” para proteger a los pobladores que, indicaron, expresamente han solicitado su presencia para garantizar su seguridad. “En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda”, explicaron.
En el caso de Michoacán, agregaron, se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; “sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad”.
Ante la situación “de suma gravedad” las redes y organizaciones urgieron al gobierno federal coordinar los esfuerzos interinstitucionales para proteger a la población civil con medidas preventivas, construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, implementar rutas para el desarme de los grupos armados, buscar a las víctimas de desaparición y proteger a los defensores “que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias”.
COMUNICADO:
Llamado de Organizaciones Civiles al Gobierno Federal
para que proteja a la Población Civil en Riesgo.
17 de septiembre de 2024
A los Pueblos Indígenas de México y del mundo
A la opinión pública solidaria
A los medios de comunicación
Al Gobierno Federal
Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.
En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.
Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.
Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.
Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.
Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:
- Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.
- Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.
- Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.
- Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
- La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.
- Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.
- Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias.
Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.
Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.
ATENTAMENTE.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Data Cívica
Fondo Defensores
Grupo de Periodistas Independientes.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.
AUTOR: REDACCIÓN.
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