Además de presionar a autoridades federales y estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional también usó influencias en el Poder Judicial para hacerse de la propiedad de un rancho que fue propiedad de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
A través de diversos correos hackeados por el grupo de Guacamaya, se pudo evidenciar la forma de operar de la Sedena para que altos funcionarios del país, como el fiscal Juan Ramos, entonces mano derecha del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le ayudara a recibir en “depositaria y custodia” el 33.33% del rancho Las Mesas, también conocido como El Eterno, donde el Ejército mudó el centro ecuestre que tenía en Santa Lucía.
También se revela la forma en la que actuaron las Fuerzas Armadas para conseguir que Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y mano derecha del entonces ministro Arturo Zaldívar, interfiriera para tumbar un amparo promovido por Moisés Mansur Cysneros, supuesto amigo de Duarte y quien aparecía como dueño de una tercera parte del terreno, dando paso al fallo que finalmente otorgó a la Sedena la totalidad del predio.
Por este tipo de gestiones, tanto Zaldívar como Alpízar fueron denunciados recientemente ante el Poder Judicial de la Federación, por supuestamente presionar a jueces y magistrados en diversos temas emblemáticos para la 4T, en una investigación que sigue abierta.
Las acciones referidas se llevaron a cabo mucho antes de que el Congreso de Veracruz aprobara la donación de parte del predio -requisito indispensable para ocupar la propiedad.
La Sedena vs Mansur: el origen
En 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de Javier Duarte y diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), luego de investigaciones como Las empresas fantasma de Duarte, reveladas por Animal Político.
En la causa penal 97/2016, que se abrió sobre el asunto, la PGR presentó pruebas para asegurar que “durante los años 2011 a 2016 (Duarte) dirigió una organización criminal” por la que, a través de diversas empresas fantasma, el exgobernador consiguió desviar millones de pesos del erario público.
A raíz de esta causa penal, la PGR acusó que la mayor parte de los más de 253 millones de pesos que presuntamente lavó Javier Duarte, y que salió de las áreas de Salud y Educación de la entidad, fueron triangulados a través de empresas fantasma para adquirir el rancho “El Eterno”.
Precisamente, durante una audiencia del caso celebrada en octubre de 2016, el fiscal federal Roberto Rojas Esquivel aseguró que, después de finiquitarse el pago del rancho, la propiedad quedó registrada con tres presuntos prestanombres de Duarte en partes iguales, según una nota publicada en el diario Reforma.
Se trataba de José Juan Janeiro, identificado como el principal operador financiero de Duarte, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Moisés Mansur Cysneros, amigo del exmandatario. Los tres se quedaron como los dueños de la propiedad, cada uno con el 33.33%. El Gobierno de Veracruz pudo conseguir la porción de terreno de los dos primeros individuos, pero no del último.
Por este motivo, desde el 3 de abril de 2020, la Sedena comenzó a gestionar con el Gobierno de Veracruz y la FGR para que aceleraran el procedimiento contra Mansur, según lo muestran los documentos obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya.
La presión de la Sedena sobre la FGR
La primera referencia sobre Mansur Cysneros en los correos de la Sedena se dio el 24 de abril de 2020, cuando Belisario Reyes Herrera, director general de Patrimonio de Veracruz, dirigió un escrito a Miguel Carrasco Hernández, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, en la que le envió “la evidencia documental referente a la denuncia de hechos, así como gestiones realizadas para obtener la depositaria del predio denominado “El Eterno””.
El estado de Veracruz era propietario únicamente del 66.66%, por lo que para la Sedena era “necesario adjudicarse el porcentaje restante, a efecto de poder iniciar con los trámites ante las instancias correspondientes para enajenar a título de gratuidad toda la propiedad”.
En un documento adjunto, en el que se agregó el “acta de comparecencia” del director general del Patrimonio de Veracruz, se establece que, a las 11 horas del 3 de abril de 2020, Reyes Herrera se presentó ante la FGR en cumplimiento a un citatorio dentro del procedimiento de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, para buscar la posibilidad de obtener la depositaria del porcentaje antes mencionado.
“Solicito de esta autoridad se me haga la depositaria de la tercera parte alícuota del inmueble conocido como “Las Mesas”, ubicado en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, toda vez que el mismo ha sido debidamente asegurado por esta autoridad, y en el entendido de que el inmueble en cuestión fue adquirido por su propietario el C. Moisés Mansur Cisneros, con recursos de procedencia ilícita, habidos del erario público del Gobierno del Estado al que represento”, dijo el funcionario, según se puede ver en la copia de la diligencia.
Luego de su aprehensión, Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que el mandatario priista aceptó declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en un procedimiento conocido como “juicio abreviado”, a cambio de que se le dictara la pena mínima y que se le retirara el delito más grave, que era por delincuencia organizada.
Pese a lo anterior, meses después Duarte impugnó la sentencia por lo que, en mayo de 2020, un Tribunal Federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta a Duarte, tras considerar que el proceso penal en el que aceptó declararse culpable fue totalmente legal, aunque sí revocó el decomiso de 41 propiedades supuestamente ligadas a Duarte.
Ante esta situación, el secretario particular del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandre Jiménez, envió un correo a un funcionario identificado como Alberto Ramos, de la FGR, para hablar sobre la revocación del decomiso de los 41 inmuebles, pese a no tener ninguna facultad legal para requerir este tipo de información.
“En seguimiento a la comunicación telefónica que tuvimos el día de ayer respecto a la resolución del 15 de mayo de 2020 emitida por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, dentro del Toca Penal No. 53/2020-NS, referente a la revocación del decomiso de 41 inmuebles, cuya propiedad se atribuyó a los prestanombres del exgobernador, por tratarse de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o no han sido detenidas, entre los que se encuentra el predio denominado “El Eterno” […] se solicita su valioso apoyo, para que de ser posible se proporcione copia simple de la sentencia emitida por dicho Tribunal de Alzada a esta Secretaría de Estado; o en su caso, únicamente información respecto a la situación jurídica del mencionado predio “El Eterno””, señala el correo.
Días después, el 7 de julio de 2020, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Miguel Carrasco Hernández, escaló el asunto al enviar un correo directamente al fiscal Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR -que falleció en septiembre de 2023, pero que era considerado mano derecha de Gertz- para solicitar “su valioso apoyo”.
“En relación con la carpeta de investigación No. FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, me permito solicitar su valioso apoyo, en la medida que su agenda lo permita, me reciba en su despacho o por el medio que estime usted más conveniente, para tratar lo relacionado con algunos inmuebles, entre los que se encuentra el denominado “El Eterno” […] en virtud de que se tiene conocimiento que el Gobierno del Estado de Veracruz se encuentra realizando diversas gestiones con el propósito de regularizar el predio en comento, del cual se está solicitando apoyo a esta Dependencia del Ejecutivo Federal para su vigilancia y resguardo”, señaló en el correo.
Días más tarde, en un oficio enviado por Carrasco Hernández a Reyes Herrera, el militar no solo aprovechó la oportunidad para reiterar su solicitud “a fin de que se agilicen las gestiones ante el Congreso Local para que se autorice la donación del 66.66%” del predio, sino que además nuevamente insistió en el asunto de Mansur Cysneros.
“(Agradeceré) se continúen las acciones legales […] para la recuperación del 33.33% del citado predio, con el fin de obtener la depositaria y la propiedad a favor de esa Entidad Federativa, para la formalización de la donación a favor de la Federación con destino a esta Secretaría, toda vez que es interés de este Instituto Armado, obtener el referido inmueble para el desarrollo de actividades castrenses”, señaló en una carta.
Finalmente, el 31 de julio de 2020, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, a través del mayor de justicia militar Juan Guerrero Hernández, informó a Arturo Sosa Vázquez, director general de Patrimonio del Estado de Veracruz, que la FGR “autorizó la petición de depositaria […] del 33.33% restante”, para lo cual resultaba “necesario que funcionarios de esta Entidad comparezcan para realizar la renovación que se tiene y en el mismo acto, materializar la entrega a este Instituto Armado”.
“Por lo anterior, y tomando en cuenta que el próximo 5 de agosto de 2020, se trasladara a esta Ciudad, estimo conveniente que se haga acompañar de los funcionarios y la documentación respectiva, para estar en condiciones de acudir a la Fiscalía General de la República y formalizar la depositaria en favor de esta Secretaría de Estado”, señala el escrito que fue firmado por Carrasco Hernández.
Precisamente, un día después, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval se envió un correo en blanco desde una cuenta personal a una institucional, pero en cuyo objeto del correo se podía leer: “DONACIÓN DEL PREDIO RANCHO LAS MESAS, VALLE DE BRAVO, MÉX.pdf”.
Benito García Álvarez, un agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR también envió a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena un documento titulado “Acta administrativa de Entrega Recepción en depositaria del predio “Rancho Las Mesas”” para cerrar el traspaso de la propiedad.
De esta forma, el 10 de agosto de 2020 se llevó a cabo un acto protocolario en el predio “El Eterno” entre autoridades del Estado de Veracruz y la FGR donde le hicieron la “entrega formal en depositaria” a la Sedena de un tercio del “Rancho Las Mesas”. Con este movimiento el trato quedó “cerrado”.
No obstante, cuestionada sobre este proceso, Cristina Reyes Ortiz, directora de Litigio Estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que los predios o propiedades que están bajo una investigación penal o administrativa no pueden ser “donados” o traspasados de una entidad a otra, sobre todo si estos terrenos esta asegurados por la FGR o una Fiscalía Estatal, porque están siendo sujetos activos de una investigación.
“A veces son resultado de una actividad ilícita o escena del crimen de una actividad ilícita, entonces son inmuebles asegurados por las fiscalías y por lo tanto ni la entidad ni los municipios tienen la capacidad de disponer de esos terrenos o de estos inmuebles”, señala la experta en entrevista con Animal Político.
Existe un supuesto en el cual se pueden declarar la extinción de dominio en ciertos bienes, pero son por delitos muy específicos enlistados en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entre ellos están, por ejemplo, los que tienen que ver con delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, delitos relacionados con hidrocarburos o corrupción, entre otros.
“Si se trata de esos delitos se podría aplicar la ley y ahí sí hay normas más flexibles para que el Estado pueda disponer de estos bienes, sobre todo para el tema de programas sociales, etcétera, como beneficio de la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que de todos modos están siendo sujetos de un proceso jurisdiccional, tanto de naturaleza penal como de naturaleza civil, existen recursos que se tienen que agotar, por lo tanto, no es tan inmediato”, explica.
En efecto, el delito de recursos de procedencia ilícita, por el cual es señalado Mansur Cysneiros, estaba dentro del listado de delitos susceptibles de la extinción de dominio, pero este fue declarado invalido por una sentencia de la SCJN en el año 2021.
Pese a lo anterior la presión continuó y el 2 de octubre de 2020 las autoridades publicaron en el periódico El Sol de México un edicto mediante el cual la FGR notificó a Moisés Mansur Cysneros que tenía 90 días para pronunciarse sobre el 33.33% del Rancho “Las Mesas”.
Un año nuevo comenzó y pese a contar con la supuesta “depositaria y la propiedad” del 33.33% del rancho “Las Mesas”, la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió un nuevo correo a una funcionaria identificada como “Cristina”, de la FGR, en la que solicitó una nueva reunión con el fiscal Juan Ramos “para tratar regularización del rancho respecto al 33.33%”.
“Pendiente de que la Fiscalía solicite al Juez de Control que declare el abandono del inmueble a favor del Gobierno Federal. El 17 de marzo de 2021, personal de la S.D.N. se reunió con la mtra. María Luisa Zúñiga Rojas, directora de Asuntos Especiales de la F.G.R., quien manifestó que se tiene programada la audiencia ante el Juez de Control para el 19 de marzo de 2021, en la que se verificará que el procedimiento de abandono iniciado por la F.G.R. cumple con las formalidades necesarias para declarar el abandono del inmueble a favor de la Federación”.
Pero según los expedientes judiciales del caso, consultados por Animal Político, dicha diligencia no se pudo materializar debido a que el juez determinó diferir la audiencia de abandono, pues no había sido posible notificar al propietario del inmueble en los seis domicilios que le fueron proporcionados.
La donación oficial del 66.66% del rancho “El Eterno” ocurrió el 22 de junio de 2021, cuando el Congreso de Veracruz autorizó al titular del Poder Ejecutivo del estado “enajenar a título gratuito ad corpus” la superficie de 922 mil 319.30 metros cuadrados del rancho ubicado en Las Mesas, Valle de Bravo, aunque la Sedena comenzó a trabajar en el desde mucho antes.
Ante esta situación, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió un nuevo correo con instrucciones a su personal para que solicitaran directamente al fiscal Gertz Manero, titular de la FGR, ordenar al Ministerio Público del caso pidiera al juez de control federal girar los exhortos necesarios a sus homólogos de los estados de México y Veracruz a fin de notificar a Moisés Mansur Cysneros para pronunciarse sobre el 33.33% del Rancho “Las Mesas”.
“Hecho lo anterior, se señale fecha para la audiencia de abandono del inmueble, a fin de que resuelva, quedando la fracción del inmueble en favor de la federación con destino a la S.D.N” y que “el juez de control federal con sede en el Reclusorio Norte, dentro del expediente número 97/2016, resuelva el abandono de referida fracción en favor de la Federación”.
El 27 de julio de 2020, la Unidad de Asuntos Jurídicos volvió a enviar un correo a su personal de la Mesa de Quejas de su Sección Primera (S1) con las mismas instrucciones del párrafo anterior, pero agregando una orden muy reveladora:
“Se solicite al ministro presidente de la SCJN que por conducto del Consejo de la Judicatura se instruya al juez de control federal con sede en el Reclusorio Norte, que dentro del expediente 97/2016, gire los exhortos a sus homólogos en los estados de México y Veracruz a fin de que se notifique a Moisés Mansur Cysneros, en sus domicilios ubicados en estas Entidades Federativas”.
De esta forma la Sedena incrementó aún más su persecución contra Mansur Cysneros.
En tan solo 14 días, Alpízar Salazar logró doblar a la justicia federal
Luego de meses de litigio, el 26 de octubre de 2021, el juez José Rivas González, del Reclusorio Norte, determinó que el inmueble denominado “El Eterno” o “Las Mesas”, había causado “abandono en favor de la Federación respecto a la parte proporcional (33.33%) de Moisés Mansur Cysneros”.
Tras esta resolución el equipo legal de Mansur Cysneros presentó una demanda de amparo en contra de la resolución del juez Rivas González, al que acusó por violar los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución al no respetar las “medidas preventivas de aseguramiento y precautorias” establecidas en la legislación vigente para estos casos.
Días después, el 25 de noviembre de 2021, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña admitió a trámite la demanda y ese mismo día concedió una suspensión provisional al supuesto prestanombres de Duarte “para efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y no se ejecute el acto reclamado”.
El 4 de diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena tomó la decisión que hoy en día forma parte de una investigación formal abierta en el PJF, cuando envió un oficio a Carlos Alpízar, mano derecha de Zaldívar, para pedirle “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue el amparo solicitado”, documento que fue filtrado por el grupo hacktivista Guacamaya y dado a conocer por MCCI y Reforma en mayo de 2024.
Precisamente, el origen de esta investigación realizada por Animal Político se dio luego de que la propia jueza federal Robledo Magaña declaró a N+ que el 8 de diciembre de 2021, recibió una llamada por parte de Alpízar quien la invitó a su oficina en el piso 14 del CJF para solicitarle interferir en el caso. Llamada que recibió cuatro días después del correo electrónico enviado enviado entre la Sedena y Alpízar.
“Llega el señor Alpízar muy relajado, muy sonriente, yo ya bastante inquieta y ya me dijo que el motivo de mi presencia era que querían hablar conmigo de un asunto, que estaban muy preocupados por un asunto que tenía yo relativo a un bien inmueble que está en el Estado de México”.
Se trataba del rancho “Las Mesas”, el inmueble asegurado desde el 2016 al exgobernador Duarte como parte del procedimiento a seguir en la causa penal 97/2016 y que estaba siendo reclamado por Mansur Cysneros.
“Y le digo ‘¿está usted refiriéndose al asunto del señor Duarte, donde va promoviendo un señor que se dice -no estaba acreditado- que era un prestanombres?’ y dice ‘No nos interesa eso, el punto es el rancho, no puede estar parado por una decisión de usted’”.
La juez aseguró que se sintió intimidada a tal grado que ofreció retirarse anticipadamente del asunto con tal de no resolver el asunto a modo. “Si pretende que haga yo otra cosa prefiero jubilarme, ya tengo el tiempo básico para la jubilación”.
Al día siguiente de la reunión, según los expedientes del caso, la juez Robledo declaró incompetencia para el caso aludiendo que el rancho se encontraba en el Estado de México y ella es jueza en la Ciudad de México.
De esta forma, en tan solo 14 días Alpízar Salazar logró que la jueza se desistiera de resolver el juicio, pues después de admitir la demanda, la jueza declaró su incompetencia para conocer el caso el 9 de diciembre de 2021.
“Se reserva acordar contenido de los oficios de las autoridades hasta que el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, informe si acepta o no la competencia declinada”, señaló la juez en su resolución publicada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) consultada por Animal Político.
El 13 de diciembre de 2021 el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, bajo la titularidad del juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, aceptó su competencia e inició con el proceso de amparo registrándolo bajo el número de expediente 1301/2021, razón por la que el 27 de diciembre de 2021, la jueza Leticia Robledo ordenó archivar como concluido el asunto.
“Voy a cumplir 23 años en junio próximo y nunca, en los 22… casi 23 años, había recibido una llamada de ese tipo, nunca me habían dado instrucción directa para un asunto de ese tipo, de ningún tipo. Nunca me habían intimidado, nunca me habían amenazado por parte de la institución”, dijo la jueza en entrevista con N+Focus.
La denuncia fue presentada en abril pasado ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, instancia que será la encargada de resolver sobre esta y al menos otras dos investigaciones en contra de Alpízar y diversos altos funcionarios del PJF, quienes presuntamente cometieron una serie de actos de corrupción bajo la administración de Zaldívar.
Aunque la denuncia solo habla de este caso, la jueza también ha participado en la resolución de amparos en torno al caso Lozoya, órdenes de aprehensión por la Línea 12 del Metro y extradiciones como la de “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillen; mientras que el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, que asumió la resolución del caso “Las Mesas” y falló en el sentido en que la Sedena lo solicitó, ha intervenido en casos como Ayotzinapa y la orden de aprehensión contra el general León Trauwitz, entre otros.
Sentencia del caso: en favor de la Sedena
Luego de llevar a cabo todos los procedimientos dentro del nuevo juicio, el 23 de junio de 2022 el juez Ordóñez Gutiérrez emitió una sentencia en la que negó el amparo y la protección de la justicia a Mansur Cysneros.
En su resolución, el juez argumentó que con el aseguramiento del inmueble no se vulneró el derecho de audiencia de Cysneros, ya que se cumplieron todas las formalidades del procedimiento debido a que sí se notificó el acuerdo del aseguramiento, se otorgó un plazo de 90 días y se realizó un apercibimiento.
Asimismo, el juez determinó que los abogados del Mansur Cysneros reconocieron expresamente que tuvieron conocimiento, al menos desde enero de 2017, del oficio de notificación de 12 de diciembre de 2016, en el que se les informó del aseguramiento decretado en octubre de ese año.
“La existencia, por una parte, del costo de manutención del bien frente al desinterés y apatía o desinterés de su dueño en recuperarlo, es lo que genera que se decrete el abandono de este a favor del Gobierno Federal […] Esto es, si una persona efectivamente tiene el interés en conservar un bien de su propiedad que ha sido asegurado, se estima que debe realizar actos idóneos para recuperarlo, ya sea ejerciendo derechos ante la fiscalía o ejercitando medios de defensa, como el juicio de amparo. Se estima entonces que la interpretación que realizó el juez de control responsable fue correcta”, refiere la sentencia.
Sin embargo, al emitir su sentencia el juez reveló que en el procedimiento también participó un agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Décima Investigadora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial (FECC), entonces a cargo de Juan Ramos, mano derecha de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, quien era reconocido por llevar los asuntos de mayor interés del fiscal.
Tras la resolución del juez Ordóñez Gutiérrez, Mansur Cysneros pidió a un Tribunal y luego a la SCJN atraer el caso con el fin de que le fueran devueltos los bienes inmuebles asegurados, pero el Máximo Tribunal del país rechazó atraer su amparo tras considerar que no tenía legitimación para solicitar su atracción.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México resolvió ponerle fin al juicio al ratificar la sentencia dictada por Ordoñez Gutiérrez.
Tras ganar todos los procedimientos de la batalla legal, la FGR anunció en mayo de 2023 que había obtenido en definitiva la declaratoria de abandono del rancho, con lo que la Sedena asumió el control de la propiedad.
En 2020, el gobierno de Veracruz donó a la Sedena el 66.66% del rancho decomisado a Duarte, por lo que en 2021 la Defensa Nacional presentó el análisis costo-beneficio para el “Aprovechamiento del rancho ‘Las Mesas’”, con una inversión inicial de 98 millones 982 mil 550 pesos que hoy ya llega a un monto total de 304 millones 286 mil 522 pesos invertidos en el Centro de Reproducción Equina de Alto Rendimiento.
En tanto, Mansur Cysneros continúa prófugo de la justicia en el caso que supuestamente le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles por 439 millones 662 mil 979 pesos, tanto en Veracruz como en Campeche y el Estado de México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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