Los votos a favor fueron emitidos por la llamada “cuarta transformación” -integrada por los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, además de un sufragio de Yunes Márquez, de la bancada del PAN, quien le dio la mayoría calificada a la “4t”.
Mientras que los sufragios en contra los emitieron los integrantes de Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Tras ello se remitiría a los poderes legislativos estatales, para su revisión, votación y eventual aprobación, en al menos 17 de ellos. El último paso sería la publicación de la reforma, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Minutos antes de las 22:00 horas del martes 24 de septiembre de 2024, inició en el Pleno del Senado de la República, la discusión del dictamen que traslada el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. Alrededor de las 6:00 horas del día siguiente, los legisladores aprobaron por 86 votos a favor, 42 sufragios en contra y cero abstenciones, el dictamen en lo general.
Minutos más tarde, con 86 votos a favor y 42 sufragios en contra, se aprobó, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen, la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional.
En la primera parte de la sesión, se presentaron catorce votos particulares, en donde cada senador tuvo 10 minutos en la tribuna, lo que implicó más de dos horas de discusión, tan solo durante el inicio del debate.
Posteriormente, se dieron los posicionamientos de los seis grupos parlamentarios que conformaban la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con 10 minutos para cada uno, lo que prolongó la sesión una hora más.
Después, hubo dos rondas de oradores -cinco a favor y cinco en contra-,que extendieron el debate por cien minutos más, antes de someter el dictamen a la votación en lo general. Sin embargo, el Pleno del Senado votó que el tema no había sido discutido lo suficiente, por lo que se realizó una tercera ronda.
Fue alrededor de las 5:57 horas del miércoles 25 de septiembre de 2024, que se presentaron las reservas o adiciones recibidas al dictamen, que se revisarían después de la votación en lo general. Después de las 6:00 horas del mismo día, se emitió la votación por parte de los 128 senadores y se aprobó en lo general.
Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, reclamó que, de noche, la mayoría parlamentaria sesionó para imponer la militarización de la seguridad en el país y señaló que los argumentos a favor eran solo “maromas mentales”, para intentar negar que esta reforma militariza la seguridad pública.
“Ayer llegaron al extremo de decir que esto no era militarización, que era mexicanización […] Pero, el tema de la militarización sigue siendo para la verdadera izquierda un tema irreductible. La izquierda siempre ha peleado en contra de la militarización, por eso es inevitablemente preguntarle a mis compañeros: ¿qué les pasó?, ¿en qué momento cambiaron de opinión?”, cuestionó, por su parte, María Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC.
“Hoy debatimos la manipulación de la confianza y el reconocimiento social de las Fuerza Armadas por parte de este gobierno para encubrir su incompetencia en materia de seguridad […] Para nosotros la militarización de la Guardia Nacional no es una solución, es un disfraz para esconder que no dieron los resultados prometidos. Esta reforma confirma que su política de seguridad es un rotundo fracaso”, declaró, en tanto, Manuel Añorve Baños, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.
Mientras que Yunes Márquez enfatizó, que, según él, nunca había estado presente la amenaza de una dictadura militar. Tras su intervención, el veracruzano asintió que sí era necesario que las Fuerzas Armadas apoyaran a las policías estatales y municipales, a combatir el crimen.
“¿Alguien en verdad puede sostener que es posible combatir al crimen organizado sólo con policías locales y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas?”, cuestionó el todavía panista, quien también expresó que el proceso de reconstruir corporaciones policiales era costoso y lento, pero que se debía llevar a cabo.
Al final de su intervención, Yunes Márquez alabó a Omar García Harfuch, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, quien, según aseguró, era el perfil más idóneo para dicho cargo, porque tenía conocimiento en la materia.
“[…] una estrategia dictada por una Secretaría, misma que estará al mando de un civil, compañero nuestro, quien tiene conocimientos más que probados en materia de seguridad pública. Es por todo lo anterior que, en plena libertad y convicción, votaré a favor del dictamen”, subrayó Yunes Márquez.
La reforma incluiría modificaciones a 12 artículos constitucionales, para establecer que el personal de la institución, el 26 de marzo de 2019, por iniciativa de López Obrador, sería de origen militar, pero con formación policial.
En dicho dictamen, las modificaciones a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, también establecieron que la Guardia Nacional tendría la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.
Asimismo, la iniciativa estipuló que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Además, según el dictamen, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deberían coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarían el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa también indicó que las instituciones de seguridad pública serían disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y que correspondería a la Secretaría del ramo, formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, así como las políticas y acciones respectivas.
El dictamen señaló que la investigación de los delitos correspondería al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarían bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de dicha función.
La iniciativa precisó que el Congreso de la Unión tendría la facultad para expedir leyes que regularan y establecieran requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
El dictamen precisó que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargaría de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional, que propusiera el presidente de la República en turno.
Respecto a las facultades del Poder Ejecutivo Federal, éste podría “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Los cambios constitucionales también estipularon que para ser presidente de la República o diputado se requería no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional; pero para el caso del titular del Poder Ejecutivo Federal, debería separarse de dicho cargo, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.
La iniciativa determinó que los integrantes de la Guardia Nacional sólo podrían ser juzgados por tribunales militares. Asimismo, se indicó que, estos, en ningún caso y por ningún motivo, podrían extender su jurisdicción sobre personas que no pertenecieran al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional.
Además, el dictamen estipuló que en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes podría alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.
La iniciativa estableció que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podría ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podría servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz. El dictamen subrayó, también, que la ley determinaría la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirían por su propia ley.
Para ello se facultó al Congreso de la Unión para crear una Ley de Seguridad Interior, que regule la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en temas de seguridad pública.
En los artículos transitorios del dictamen se determinó que el personal militar y naval que integraba la Guardia Nacional, sería reclasificado de la Fuerza Armada a la que perteneciera a dicha GN.
Además, en la iniciativa se indicó que la nueva patente o nombramiento se expediría con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. También que deberían respetarse en todo momento los derechos que poseía el interesado en la Fuerza Armada de su origen.
La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debía ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, sería designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la SEDENA.
“En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública”, agregó el dictamen.
La iniciativa destacó que el Ejecutivo Federal dispondría lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal (PF) cesara de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quedara adscrito a la secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
Además, el dictamen determinó que el personal que perteneciera a los organismos especializados, podría continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional, de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalizaran entre las secretarías de la Defensa Nacional, así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La iniciativa detalló que se transferirían a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros que correspondieran, para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta PF y de confianza, así como los gastos de operación de la GN y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuaría, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.
Por último, el dictamen indicó que conforme se quedaran vacantes las plazas de los integrantes de la extinta PF, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública debería transferir los recursos presupuestales a la SEDENA. Además, que el personal naval que en la actualidad formaba parte de la GN, permanecería integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del presente decreto.
La Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, como un cuerpo de seguridad de carácter civil y en la actualidad contaba con 140 mil integrantes desplegados en todo el país. La reforma a la GN formó parte de un paquete de 20 iniciativas enviadas, el 5 de febrero de 2024, al Congreso de la Unión, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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