Ayer los ministros decretaron la suspensión de labores en el Máximo Tribunal hasta el próximo 9 de septiembre, razón por la que los trabajadores mantendrán cerrado el inmueble hasta esa fecha.
Como parte del paro acordado desde el pasado 2 de septiembre y, ante la suspensión de labores decretada por los ministros, los integrantes del Colegio de Secretarios de la SCJN acudieron al Máximo Tribunal a cerrar los accesos del edificio ubicado en Avenida Pino Suárez 2.
El inmueble permanecerá cerrado hasta el próximo lunes 9 de septiembre que los ministros regresen a sesionar en privado para determinar si continuarán en suspensión de labores o no.
Mientras dura el paro, la SCJN continúa con la tramitación de asuntos de atención urgente, fuentes judiciales explicaron que, para ello, hay equipos trabajando de manera remota.
La suspensión de labores decretada por mayoría de 8 votos en el Pleno, provocó que las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz arremetieran contra sus compañeros afirmando que podrían ser sujetos a juicio político.
El bloque mayoritario reprochó la amenaza de las ministras, conocidas por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiteró su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se mantienen en paro.
La reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, por lo que el dictamen será enviado para su discusión en la Cámara de Senadores.
Plantea la salida anticipada de los 11 ministros de la Corte, la reducción del Pleno a 9 ministros que serán elegidos mediante voto popular y la eliminación de las salas que conforman el Máximo Tribunal.
Esta salida anticipada implica que los ministros no podrán obtener el haber de retiro que la Constitución establecía previo a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados.
En el dictamen se indicó que si los ministros deciden renunciar a sus cargos una vez publicado el decreto de reforma, es decir, una vez que el Senado y los congresos estatales la aprueben y sea promulgada por el Ejecutivo federal, podrán mantener sus haberes de retiro y permanecerán en sus cargos hasta agosto del año 2025, cuando tomen posesión los nuevos integrantes de la Corte electos por voto popular.
De igual forma, la reforma establece la salida anticipada de los más de mil 600 jueces y magistrados del PJF para ser sustituidos por juzgadores electos por voto popular quienes llegarán con salario reducido y con menos prestaciones que las que tienen los actuales integrantes de la institución.
Prevé la eliminación formal de los fideicomisos del PJF, entre los que se encuentra el de retiro que no sólo beneficia a jueces y magistrados sino a todos los trabajadores que cumplen con cierta antigüedad.
De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo federal, la elección de los jueces, magistrados y ministros será financiada con el dinero de los fideicomisos del PJF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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