Con adjudicaciones directas, contratos fragmentados y competencia simulada, el extitular de Fonatur favoreció a políticos y empresarios. La mayoría de los proveedores se concentra en Comalcalco, el pueblo de donde es originario este hombre que será el próximo gobernador de Tabasco.
Comalcalco, con más de 214 mil habitantes, es el poblado donde nació, creció y se inició en la política Javier May, quien hoy es gobernador electo de Tabasco bajo la bandera de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). En solo unos días, el 1 de octubre de 2024, May tomará posesión como gobernador del estado.
Las empresas tabasqueñas obtuvieron 201 contratos de Fonatur Infraestructura S.A de C.V, empresa subsidiaria de Fonatur, por un total de 250.4 millones de pesos (130 millones de dólares). De esos contratos, más del 50% se entregaron a empresas de Comalcalco.
El resto fueron adjudicados a empresas de otros municipios de la zona, como Cárdenas, Jalpa de Méndez y Villahermosa, aun cuando Fonatur no tiene operación dentro de Tabasco. De este estado también es originario Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Los principales beneficiados son personajes con vínculos directos en la política local o sus familiares. Los servicios por los que se les contrató tienen en común que se llevaron a cabo en lugares tan lejanos de Comalcalco, como Los Cabos, Baja California Sur (a más de 2,500 kilómetros de distancia); Riviera Nayarit, en Nayarit (1,500 kilómetros), o Huatulco, en Oaxaca (615 kilómetros).
Para cumplir, las empresas tabasqueñas debieron trasladar trabajadores y equipo. Los trabajos, no obstante, podrían haber sido realizados por empresas locales, al tratarse de servicios no especializados, como el suministro de pintura, acero, PVC, accesorios para baños, madera; o trabajos de albañilería e instalación de puertas y ventanas. Para lograr esos contratos a grandes distancias, se utilizaron tres vías: la adjudicación directa, la fragmentación de contratos y la competencia simulada.
Entre los indicadores de riesgo de corrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ha estudiado la transparencia en las compras públicas de instituciones de gobierno, incluye la fragmentación de contratos, el favoritismo, la colusión entre empresas y la falta de competencia, ante la ausencia de licitaciones públicas.
Ninguna de las empresas y personas físicas de Tabasco que ganaron contratos figuraban en el Padrón de Proveedores de la institución antes del ingreso de May Rodríguez a Fonatur. También tienen en común que muchas de ellas habían sido proveedoras del ayuntamiento de Comalcalco, del que fue presidente May en dos periodos; el último, entre 2016 y 2018, antes de convertirse en senador por Morena.
Para esta investigación periodística, se buscó una entrevista con Javier May Rodríguez a través de Fernando Vázquez, responsable de prensa y próximo director de Comunicación Social del Gobierno de Tabasco, con el fin de tener su versión sobre lo que se expone en este reportaje. Sin embargo, esta no fue concedida.
Los favoritos de May
No obstante, prestó los servicios contratados a más de 800 kilómetros de ahí, en Cancún y Tulum, en el estado de Quintana Roo. El recorrido implica casi 12 horas en carretera.
Pobladores de Comalcalco aseguran que Javier May y César Velázquez son amigos desde hace más de 10 años e indican que se conocieron cuando ambos formaban parte de la Pastoral de la parroquia de San Isidro. Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada en esta investigación.
Lo cierto es que Velázquez Ruíz es uno de los contratistas más favorecidos. Además de su presunta cercanía con May, tiene vínculo directo con la política local. Fue candidato suplente al Senado de la República por el PVEM en el proceso electoral de 2024.
Como puede verse a través de los contratos, Velázquez es un empresario prolífico que prestó una gran diversidad de servicios a Fonatur, desde reparación de semáforos, suministro de acero o servicio de albañilería en Cancún. En el domicilio que se registra en los documentos hay una maderería de nombre “Velazquez”.
A título personal, Velázquez Ruíz ganó contratos por 11.4 millones de pesos (593 mil dólares). Sin embargo, su círculo cercano –socios e hijos– fue beneficiado por Fonatur Infraestructura, en suma, con más de 51 millones de pesos (2.6 millones de dólares).
Construcciones y Edificaciones del Sureste, la empresa de la calle David Bosada, fue constituida en 2013 por Saturnino Díaz Juárez, excandidato a la presidencia municipal, y tres socios más. En 2018, Velázquez Ruiz y sus cuatro hijos –Benjamín, César, Marco Vinicio y Anuar Emiliano– se hicieron socios, aunque estos tres últimos abandonaron la sociedad en 2020.
La firma obtuvo, solo durante el tiempo de May al frente de Fonatur, contratos por 27.1 millones de pesos (1.4 millones de dólares) por servicios que van desde la aplicación de pintura, acarreo de materiales y hasta material para la rehabilitación de semáforos.
Otra persona vinculada a la compañía es Francisco Javier Díaz Domínguez, quien aparece en el acta constitutiva con el cargo de comisario. A nombre propio, Díaz Domínguez también ganó contratos por 5.3 millones de pesos (275 mil dólares) para servicios como el suministro de accesorios de baño o colocación de postes con Fonatur Infraestructura.
Del círculo de Velázquez Ruíz también fue favorecida, entre 2022 y 2023, la empresa Maderería y Ferretería Velher, propiedad de Marco Vinicio Velázquez y de Saturnino Díaz, con 7.6 millones de pesos.
En la lista de los grandes contratistas de Fonatur Infraestructura durante la gestión de May también aparece Esdras Taracena Gómez, ya que ganó contratos por más de 35 millones de pesos (1.8 millones de dólares) para hacer trabajos que van desde la rehabilitación de ciclopistas hasta el tratamiento de plantas de aguas residuales. Es originario de Jalpa de Méndez, a unos 22 kilómetros de Comalcalco, e hijo de Ricardo Taracena Santos, empresario constructor y exdirigente priista local.
Por cuenta propia, Taracena Gómez tiene vínculos con la política. Fue uno de los donantes a la campaña de May por la gubernatura de Tabasco. Antes, hizo aportaciones a la campaña de la diputada federal Lorena Méndez Denis, expresidenta municipal de Comalcalco y coordinadora territorial de la campaña de May Rodríguez.
Durante la campaña electoral a la gubernatura, May fue acusado por su contrincante, Lorena Beaurregard de los Santos, utilizar una camioneta de lujo propiedad de Taracena Gómez, quien también es sobrino de Daniel Gómez Arellano. Este último es uno de los personajes más cercanos a Javier May y excandidato a una diputación plurinominal por Morena y recién nombrado dirigente del equipo de béisbol Olmecas, que depende del gobierno de Tabasco.
Manuel Graniel Zenteno es otro de los contratistas más beneficiados en Fonatur Infraestructura. Es hermano de la diputada federal electa Margarita Graniel Zenteno. Ganó un contrato por 12.5 millones de pesos (650 mil dólares) para trabajos de construcción de vivienda en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en 2022.
Graniel Zenteno tiene domicilio fiscal en Guillermo Prieto 24, en Comalcalco. Ese domicilio se comparte con la empresa contratista Constructora y Comercializadora Ocasa, que obtuvo contratos por 8.2 millones de pesos (426 mil dólares). La dueña de esta empresa es Anette Capitaine Murillo, de quien, por publicaciones en redes sociales, se asume que es pareja de Graniel Zenteno.
Ella, a su vez, es hermana de Oswaldo Capitaine Murillo, propietario de Empresa CM La Palma, empresa que también recibió contratos por 3.1 millones de pesos (161 mil dólares) en 2023 de Fonatur Infraestructura.
Se solicitó la postura de César Velázquez Ruíz, Esdras Taracena Gómez, Saturnino Díaz Juárez, Benjamín Velázquez Hernández, Marco Vinicio Velázquez Hernández, Esdras Taracena Gómez, Anette Capitaine Murillo y Oswaldo Capitaine Murillo a través de los medios de contacto de contacto anexados en sus contratos con Fonatur, o por medio de los correos electrónicos de las empresas vinculadas, sin que respondiera a la petición de entrevista.
Modus de contratación
Fonatur es la institución encargada de la administración y gestión de los Centros Integralmente Planeados (CIP), que son los desarrollos turístico-inmobiliarios impulsados por el gobierno federal y ubicados en los principales destinos de México.
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, en diciembre de 2018, asignó el Tren Maya, uno de sus proyectos insignia, a esta institución, con Rogelio Jiménez Pons a la cabeza.
En enero de 2022, Javier May, quien era secretario del Bienestar, relevó a Jiménez Pons en Fonatur. Su llegada estuvo marcada por una oleada de despidos. Asimismo, colocó en puestos clave a personas que habían trabajado con él en Comalcalco.
Así, la dirección de Fonatur Infraestructura fue ocupada por Mario González Noverola, quien había sido director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Comalcalco. Sin embargo, dejó el cargo en marzo de 2023 y su lugar lo ocupó Miren Eukene Vicente, exdirectora del Ramo 33 y Obras Públicas de Comalcalco.
En cargos clave en Fonatur Infraestructura también estuvieron los tabasqueños Román Eduardo Jiménez Naranjo, como subgerente operativo, y Enrique Pérez Jiménez, como gerente de Control de Contratos, Obras y Servicios. También José Fernández Leyva y José Ignacio de la Hidalga Bergbauer en las oficinas de Los Cabos y Cancún.
Jiménez Naranjo y De la Hidalga Bergbauer antes ocuparon cargos en el Ayuntamiento de Comalcalco, en las áreas de Catastro y Ramo 33. Ya en Fonatur Infraestructura, los funcionarios tabasqueños fueron responsables de compra y de la contratación de empresas de ese estado, según consta en la firma de los contratos.
Con ellos participó Ignacio Jesús Llergo Hernández, oriundo de Villahermosa, Tabasco. Entre 2019 y 2021, Llergo laboró en el municipio de Centro (Villahermosa) y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco. En Fonatur era responsable de la Unidad Compradora desde la Subsecretaría Jurídica, por lo que todas las adjudicaciones directas otorgadas durante 2022 estuvieron a su cargo.
El Estado mexicano tiene tres tipos de contrataciones para obras y servicios: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. El Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que se debe priorizar la licitación pública, es decir, una convocatoria abierta en la que empresas compiten por ese contrato y lo gana aquella que ofrezca mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y viabilidad.
Natalia Campos, coordinadora del área de estudio sobre administración pública del IMCO, explica que, por mandato constitucional, los recursos públicos se deben gastar con “eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia”. Agrega que la mejor forma de conseguirlo es a través de una licitación pública, pues este mecanismo permite evaluar las mejores condiciones de compra y también transparentar el proceso.
En Fonatur Infraestructura, no obstante, se priorizaron las adjudicaciones directas. En 2022 y 2023, el 95 y 98.5 por ciento de los contratos fueron otorgados sin licitación.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la adjudicación directa puede hacerse en casos excepcionales; por ejemplo, cuando solo exista un proveedor, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando sea para fines militares.
Cada año, las instituciones establecen un monto máximo de dinero para contratos de adjudicación directa. En Fonatur se estableció, en 2022 y 2023, no exceder los 600 mil y 770 mil pesos, respectivamente (31 mil y 40 mil dólares)
Sin embargo, para evitar la licitación, se utilizó un documento de “Justificación de excepción”, en el que se alega la necesidad de no utilizar el procedimiento de licitación pública, aun cuando se excedan los montos establecidos para la adjudicación directa. El modus operandi para los contratos más grandes fue obtener una cotización de tres proveedores.
Pero, como se puede ver en los contratos, en la mayoría de los casos únicamente compitieron empresas de Tabasco y se descartó a proveedores locales.
Por ejemplo, el 19 de julio de 2022, la firma Construcciones y Edificaciones del Sureste y Asociados, de Velázquez Ruíz, obtuvo un contrato para el suministro de materiales para la rehabilitación de semáforos en el bulevar Kukulkán de Cancún. Estos se habían dañado cuando el Huracán Delta impactó las costas caribeñas en 2020.
Para obtener ese contrato, compitió con Constructora y Comercializadora Ocasa, de Anette Capitaine Murillo, así como con Maderería y Ferretería Velher, propiedad de Marco Vinicio Velázquez Hernández, hijo de Velázquez Ruíz.
Ese mismo día, Maderería y Ferretería Velher obtuvo un contrato para la programación de un controlador para semáforos y César Velázquez Ruíz, como persona física, consiguió otro contrato para la aplicación de pintura. Dos semanas después, Maderería y Ferretería Velher ganó otro contrato para la instalación de cables.
Otro ejemplo es un contrato ganado por Francisco Javier Díaz Domínguez, donde supuestamente compitió en la cotización con la empresa Construcstar, de la que fue representante legal. Además, esa firma comparte número de domicilio con Construcciones y Edificaciones del Sureste y Asociados en el pequeño local de la compañía de la calle Bosada, de Comalcalco, en el local B.
De este modo, en por lo menos 39 contratos donde se obtuvieron cotizaciones para evitar la licitación pública, las empresas tabasqueñas compitieron entre sí mismas.
Para sortear los montos máximos previstos para la adjudicación directa, la fragmentación de contratos fue otro de los métodos que se empleó en Fonatur Infraestructura con el objetivo de beneficiar a empresarios tabasqueños.
El 7 de abril de 2022, dicha dependencia adjudicó cuatro contratos con un mismo objetivo: rehabilitación y mantenimiento de la ciclopista del bulevar Kukulcán, en Cancún. Uno para arrendamiento de maquinaria y equipo, dos para adquisición de materiales y otro para transporte de materiales.
El 8 de agosto de 2022 se asignó otra tanda de siete contratos con ese mismo objetivo: el mantenimiento y rehabilitación de la ciclopista. También para arrendamiento de maquinaria y suministro de materiales. Cuatro de esos 11 contratos para la ciclopista fueron adjudicados a Esdras Taracena Gómez.
Construcciones y Edificaciones del Sureste obtuvo, el 24 y 25 de marzo de 2022, cuatro contratos para diferentes servicios relacionados con la remodelación de las oficinas de Fonatur en Cancún. El 19 de octubre de 2022 ganó otros dos contratos con el mismo objetivo. Y ese mismo día, César Velázquez Ruíz, socio de la compañía, ganó de forma individual otros dos relacionados con el mismo proyecto.
Natalia Campos, investigadora del IMCO, dice que esta práctica no es nueva en la administración pública y que complementa a la de la simulación de competencia. En trabajos de obra pública, si “tienes el contrato fraccionado, es más fácil repartirlo” en montos más pequeños “en un conjunto de empresas que previamente se han puesto de acuerdo”, explica.
Otro caso es el de P&Cons, también de Villahermosa, Tabasco, que ganó un contrato para los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica y sustitución de red de agua potable y drenaje, en el CIP Huatulco, Guerrero, el 16 de junio de 2023. Para competir por ese servicio, P&Cons e Inmobiliaria y Arrendadora Saric enviaron cotización por separado.
Oliver Preuss Hernández es socio de P&Cons, mientras que Samara Silva Pastrana es socia de Inmobiliaria y Arrendadora Saric. Ellos han sido esposos.
Tres días después del contrato otorgado a P&Cons, Fonatur Infraestructura justificó un nuevo contrato, el 19 de junio de 2023. Presentó cotizaciones de exactamente las mismas empresas, pero esta vez fue ganado por Inmobiliaria y Arrendadora Saric, para el suministro de materiales y pintura para las mismas obras: rehabilitación de carpeta asfáltica y sustitución de la red de agua y drenaje.
Para esta investigación se buscó entrevista con los exdirectores de Fonatur Infraestructura ligados a la contratación de empresas tabasqueñas, Mario González Noverola y Miren Eukene Vicente, a través del responsable de Comunicación Social del próximo gobierno de Tabasco. No se obtuvo respuesta.
También se buscó al exresponsable de compras Ignacio Jesús Hernández Llergo y a los gerentes de Fonatur Infraestructura en Cancún y Los Cabos, José Ignacio de la Hidalga y José Fernández Leyva, sin respuesta. No fue posible ubicar el contacto de Román Eduardo Jiménez Naranjo y Enrique Pérez Jiménez.
Asimismo, se buscó la postura de Oliver Preuss y de Samara Silva, por medio de correo electrónico empresarial y teléfono de contacto, pero no se obtuvo respuesta. También se buscó la postura de Fonatur Infraestructura a través de su actual director, Salvador Cantú Lima, sin que respondiera a la petición.
El futuro del dinero público de Tabasco
Los mecanismos utilizados que permitieron generar las condiciones para que empresas tabasqueñas obtuvieran contratos con Fonatur Infraestructura a miles de kilómetros de distancia encajan con los criterios que ha usado el IMCO para mapear el mal uso de los recursos públicos desde hace más de seis años.
La poca transparencia en el uso del dinero público para las obras o adquisición de bienes lleva varios sexenios en México, pero en la actual administración lejos de resolverse el problema, se agravó. En ello coinciden Anaid García y Janet Oropeza, del equipo de investigación de Fundar, un centro de análisis que trabaja en temas de transparencia y corrupción en el dinero público desde hace más de 10 años.
Esto se puede hacer, dice Oropeza, porque en México rara vez se investiga y, sobre todo, se sanciona la corrupción en el uso de los recursos del Estado. “Detona en procesos que no van a investigarse, que no van a tener una sanción, o que si la van a tener llega después de muchos años, una inhabilitación para la empresa cuando ya pasó el tiempo”, asegura.
En palabras de la experta, la transparencia es crucial para vigilar los procesos de contrataciones públicas y el actuar de los funcionarios.
“Total transparencia también de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, sobre todo se han ocupado otros cargos públicos para estar seguros que ellos en la dependencia en la que están no están realizando contrataciones que favorezcan a ciertos competidores, no o que no tengan un interés o algún vínculo con esos contratantes”, agrega.
Con respecto a las condiciones en las que fueron contratadas empresas tabasqueñas por Fonatur Infraestructura, la experta apunta que el monitoreo de las contrataciones será crucial en la gestión de Javier May como gobernador de Tabasco.
Los dos exdirectores de Fonatur Infraestructura presentaron su renuncia a Fonatur y, recientemente, fueron anunciados como parte del próximo gabinete de Javier May en Tabasco, en áreas clave de infraestructura pública: la Junta Estatal de Caminos y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
Para este trabajo periodístico se solicitó a Fonatur Infraestructura la relación de testigos, pruebas o evidencias de la ejecución de las obras y servicios de contratos adjudicados en 2022 y 2023. La institución respondió que no cuenta con testigos documentales de los trabajos, pero envió, en cada caso, una cotización y un acta de conclusión del contrato.
CONTRATOS REVISADOS: https://drive.google.com/drive/folders/14GpGmMyeIMOC8UKMHzUbAZxkX9yp2R2x
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/CONECCTAS.
AUTOR: REDACCIÓN/ALEJANDRO CASTRO.
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