“Abuso de confianza” es el delito que pudo acreditarle la FGR al general Trauwitz ante la justicia canadiense para que procediera su extradición. Los cargos de delincuencia organizada y robo de combustible no se sostuvieron.
El anuncio, hecho en su conferencia del 8 de enero de 2019, impactó a la opinión pública porque el acusado fue uno de los hombres de confianza del entonces presidente Enrique Peña Nieto. “Hay que barrer de arriba para abajo”, decía el presidente para combatir la corrupción. El entonces general brigadier se mantenía activo en el Ejército y la secretaría de la Defensa Nacional lo había comisionado a Panamá después de dejar la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex, cargo que ocupó de 2012 a 2018.
Tras el señalamiento del presidente López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional regresó al general a México y le aclaró que el Ejército no tenía nada en su contra, pero la Fiscalía General de la República (FGR) le fincó los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
Trauwitz huyó del país. Se fue a Canadá, donde fue detenido en diciembre de 2021. México solicitó su extradición. Pero en el proceso legal el caso se le cayó a la FGR. No pudo probar las acusaciones en su contra.
El único delito por el que el ahora militar retirado puede ser traído a México, una vez que la Corte Suprema de Vancouver autorizó en abril último su extradición, es por “abuso de confianza”. Fue lo más que la FGR pudo acreditar ante la justicia canadiense y por el que se aplica una pena máxima de cinco años de prisión.
El general, que está litigando para quedarse en Canadá, asegura en entrevista con Proceso que fue un chivo expiatorio en el alegado combate a la corrupción y que el huachicol es posible porque se hace a gran escala y en donde están implicados trabajadores de la empresa pública.
La persecución penal contra el general no detuvo el robo de combustibles. Al contrario, se incrementó durante el gobierno de López Obrador. De acuerdo con los reportes financieros que Pemex envía anualmente a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos, el robo de combustible no ha cesado en los últimos años. En 2019, las pérdidas de Pemex por robo de combustible fueron de cuatro mil 645 millones de pesos; en 2023, el saqueo ascendió a 20.2 mil millones de pesos, mientras que para el primer trimestre de 2024 Pemex perdió 4.7 mil millones de pesos, por lo que la lucha emprendida por el gobierno federal contra el huachicol no ha dado los resultados esperados.
Explosión en Tlahuelilpan
Diez días después de que el presidente hiciera público que se estaba investigando al general Trauwitz y a otros cinco militares que también estuvieron en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, ocurrió la tragedia más grande hasta ahora en el país por el robo de combustible: 137 personas murieron y decenas más quedaron heridas por la explosión de una toma clandestina de un oleoducto en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo.
La tragedia causó escasez de gasolina en el país, luego de que el gobierno decidiera cerrar ductos como parte de su estrategia al combate al huachicol y ordenara la distribución del combustible a través de pipas, que el entonces secretario de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compró en el extranjero.
En su defensa pública, el general Trauwitz se ha dedicado a dar otra versión sobre la escasez de gasolina al inicio del gobierno de López Obrador. Asegura que el director de Pemex, Octavio Oropeza, y la entonces secretaria de Energía y próxima gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, decidieron dejar de importar gasolina.
“Muchos colaboradores míos de Pemex me dijeron que en las terminales de almacenamiento del país no había combustible, se lo acabaron porque no compraron más”, afirma.
Fue un “show” en el que él, los cinco coacusados que están en prisión preventiva y los testigos que han declarado en su contra son víctimas, añade.
“Fui el primero de muchas víctimas que desde el púlpito de la Mañanera fue acusado falsamente de un delito que no cometió y todo el poder del Estado se fue en mi contra”, denuncia.
“Congelaron mis cuentas, me tuve que ir de México porque no tenía dinero para estar allá y para poder llevar mi defensa en libertad, porque, aunque yo quería quedarme, mis abogados me hicieron ver que allá, y más en ese instante, no era el mejor momento para pisar la cárcel porque podía tardar años en recuperar mi libertad, como mis compañeros que llevan cinco años sin juicio ni sentencia”.
A diferencia de casos como el del general retirado Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) que en 2020 fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico, la dependencia no ha defendido a Trauwitz y a sus excolaboradores: el general de Brigada en retiro Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, el teniente Oziel Aldana Portugal, el sargento Ramón Márquez Ledezma, el sargento José Carlos Sánchez Echavarría y el teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, implicados en este asunto.
“El general Cienfuegos fue un chivo más que sirvió para acusar la corrupción del pasado sin ninguna evidencia y es lo mismo que están haciendo con nosotros”, dice León Trauwitz.
“A nosotros no nos han defendido (desde la Sedena), pero tampoco nos están atacando, y eso me lo dejó claro el general secretario (general de división Luis Cresencio Sandoval) mediante el jefe de personal cuando yo llegué de Panamá a México y me fueron notificadas las acusaciones en mi contra. Me precisó que eran acusaciones por la comisión que desempeñé en Pemex. ‘Nosotros no estamos acusándolo de nada’, me dijo. Eso me dio tranquilidad, por lo menos no me echaron la cargada”.
Litiga para revocar extradición
El 25 de abril último el gobierno de Canadá concedió la extradición del general, pero esa resolución ya fue apelada por su defensa, por lo que Eduardo León Trauwitz aún espera que pueda revocar la orden.
“Voy a poder dar mis pruebas, mis testimonios, como lo hice ante una Corte de refugio; ahora lo podré hacer en esta de apelación”, comenta.
De acuerdo con el expediente de extradición, al que Proceso tuvo acceso, la FGR busca imputarle delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Sin embargo, la Corte Suprema de la Columbia Británica en Vancouver concedió la entrega del mando militar bajo el delito de abuso de confianza por parte de un funcionario público, que se castiga con una pena máxima de cinco años de prisión.
Según la resolución, la FGR acusó a Trauwitz de implementar un protocolo por el que los elementos de Seguridad Física de Pemex debían eliminar e inhabilitar las tomas clandestinas de hidrocarburo sin hacer una denuncia previa ante la FGR, como usualmente se hacía.
Este señalamiento dista de los dichos del presidente López Obrador, quien desde enero de 2019 afirmó que León Trauwitz era investigado por la FGR por supuestamente consentir el robo de combustible desde Pemex.
La investigación contra Trauwitz y sus excolaboradores tiene como base la denuncia presentada por Moisés Merlín Sibaja (Proceso núm. 2204), quien compareció el 16 de enero de 2019 ante la FGR para describir el protocolo implementado por el mando militar y que el ministerio público federal considera ilegal.
“El protocolo del Plan Casa Mata se aplicó para inhabilitar o neutralizar las tomas clandestinas. Una vez inhabilitada o neutralizada ésta era susceptible de ser reutilizada para nuevos robos. La reutilización consiste en que las personas que extraen hidrocarburo ilícitamente quitan o ponen los aditamentos que necesitan sobre la misma toma que ya había sido inhabilitada”, explicó el denunciante.
Sin embargo, la Corte canadiense precisó que la acusación no apunta a que las acciones ejecutadas por los subordinados de Trauwitz tuvieran como objetivo que las tomas clandestinas pudieran ser reutilizadas.
“En conjunto con las pruebas presentadas en la audiencia de extradición, el caso prima facie (a primera vista) no necesita basarse en evidencia de que los grifos clandestinos desactivados bajo el nuevo protocolo podían ser reutilizados”, señaló la jueza Heather J. Holmes, quien analizó la petición de extradición contra Trauwitz.
El 22 de enero de 2019 Merlín Sibaja entregó a la FGR un listado de las coordenadas geográficas de las tomas clandestinas de las que tuvo conocimiento del 27 de enero de 2015 al 9 de agosto de 2016.
En total, el extrabajador de Pemex identificó 216 ubicaciones que fueron inspeccionadas por la Policía Federal Ministerial en las que encontraron 165 tomas clandestinas cerradas y 44 abiertas.
En entrevista, León Trauwitz explica que luego de la explosión del edificio B2 de la Torre Ejecutiva de Pemex, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrida en enero de 2013, el entonces director de la institución, Emilio Lozoya, le pidió hacer un recorrido por todas las instalaciones de la petrolera para verificar la seguridad de las mismas.
Esto, debido a que el incidente de la Torre Ejecutiva evidenció que no había cámaras de seguridad para tomar evidencia de lo que pasó antes de la explosión.
Las cámaras de seguridad no servían, estaban dirigidas a puntos distintos para no grabar nada que pudiera servir para prevenir delitos. Los arcos detectores no funcionaban y las entradas y salidas de personas, vehículos y materiales eran supervisados por empleados del sindicato de la petrolera, dice el exjefe militar.
Fue así como desde la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) Trauwitz reestructuró la seguridad de la empresa con el aval del entonces titular de la Sedena, el general Cienfuegos. La reestructuración incluyó la instalación del sistema Leaklabs y el cambio de las acciones que debían realizar los agentes de la Gerencia de Seguridad Física al momento de detectar una toma clandestina.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Pemex registró cifras récord en el robo de hidrocarburos, pasando de mil 449 tomas clandestinas detectadas al cierre de la administración de Felipe Calderón, a 41 mil 502 tomas en al menos 23 entidades al cierre del 31 de octubre de 2018.
Tal incremento ocurrió pese a que durante la administración del priista se destinó un presupuesto de cinco mil millones de pesos para el combate al robo de combustible, que en gran parte fue destinado para crear la SSE de León Trauwitz y realizar la reestructuración que necesitaba para modificar la forma en la que se combatía el huachicol desde dentro de Pemex.
Pese a los datos, Eduardo León Trauwitz afirma que no es lo mismo tener más tomas clandestinas que la cantidad de combustible robado. Asegura que durante el sexenio pasado se evitó el robo equivalente a más de 150 millones de dólares en producto.
Reconoce que el robo de hidrocarburos a tan grande escala sólo es posible con la complicidad del personal de Pemex.
“Para que haya un robo en los ductos necesitas tener información muy técnica y especializada de alguien que esté operando el sistema nacional de ductos. Por ejemplo, si un delincuente cualquiera quiere soldar al ducto una válvula ilegal, si no le informan que el ducto no tiene producto y hay una baja de presión, el ducto explota como ha sucedido en algunos casos”, refiere.
Cuando tuvimos mayor información de lo que pasaba en el ducto pudimos comprobar lo que dijo el presidente en una de sus Mañaneras. Él lo dijo y está documentado: 20% del robo se da en el ducto y 80% se da en el resto de las instalaciones de Pemex: en refinerías, terminales de almacenamiento y reparto en los barcos. El volumen de lo que se roban no se puede lograr con las cubetas, no alcanza.
Trauwitz cuenta que cada vez que se implementaron operativos para dar directamente con los responsables dentro y fuera de Pemex, alguien reventaba algún ducto para causar una explosión o las computadoras fallaban.
Recuerda que, en un operativo en Salamanca, Guanajuato, fueron detenidos 30 trabajadores de Pemex que sacaban pipas enteras de combustible robado.
Manejo de recursos
Incluso, la jueza Holmes señaló que la evidencia presentada por el gobierno mexicano sobre la posibilidad de que Trauwitz se benefició económicamente con el protocolo ilegal que implementó para inhabilitar tomas clandestinas es débil y que estos señalamientos y los de delincuencia organizada derivan sólo de comentarios vagos.
“Estoy de acuerdo en que la evidencia de que el señor Trauwitz recibió un beneficio personal del nuevo protocolo es débil”, señaló la jueza canadiense.
Añadió que los bienes propiedad de Trauwitz pudieron ser adquiridos por ingresos independientes a su encargo en Pemex o producto de una riqueza acumulada a lo largo de su vida laboral.
“No hay registros en el expediente que especifiquen cómo el nuevo protocolo pudo facilitar el robo de hidrocarburos desde Pemex y, de ser así, cómo esto benefició económicamente al señor Trauwitz. Sobre este primer punto, los registros parecen basarse en algunos comentarios vagos de pasada por parte de empleados de Pemex, y en cuanto a lo segundo, en la referencia a los cargos de crimen organizado contra el señor Trauwitz en México y las insinuaciones asociadas con esa acusación”.
Por eso, Trauwitz afirma que en Canadá no se autorizó su extradición por robo de combustible ni por delincuencia organizada. “Las pruebas que mandó México no fueron contundentes y no se puede comprobar que yo sea parte de un grupo criminal, pues no hay evidencia. Lo que están haciendo es autorizar mi extradición por un delito que se llama pérdida de confianza”, explica Trauwitz.
Las únicas pruebas que tiene México son acusaciones de extrabajadores que decían o dicen que obligamos a romper, destruir e inhabilitar tomas clandestinas, creo que este delito, que en Canadá se llega a castigar con siete años de prisión, en México se llama peculado.
De acuerdo con el expediente, la FGR presentó las entrevistas de 13 extrabajadores de Pemex, entre ellos Miguel Ángel Merlín Sibaja, y quienes aseguraron que durante la administración de Trauwitz se les capacitó para implementar un protocolo para inhabilitar tomas clandestinas.
La FGR afirmó que según el protocolo 300-500000-PGO-40, la división de Gerencia de Seguridad Física de la SSE sólo era responsable de identificar las tomas clandestinas y de informar a las autoridades competentes, es decir, al ministerio público federal.
Mientras que el protocolo 300-51000-PGO-01 establece que el procedimiento para el retiro de tomas clandestinas debe ser realizado por la Gerencia de Servicios de Transporte, Mantenimiento y Ductos, que es una división de Pemex fuera de la SSE.
Sin embargo, los extrabajadores refirieron que sus superiores inmediatos afirmaron que por órdenes de León Trauwitz, una vez que el sistema Leaklab detectaba en tiempo real la ordeña a través de una toma clandestina, debían acudir al lugar para inhabilitarla con diversas herramientas y taparla con cemento.
Esto, sin dar parte previamente al ministerio público, ni dejar registro escrito de las nuevas reglas para inhabilitar las tomas clandestinas.
“Mis funciones nada más son de seguridad, no para tapar tomas clandestinas, pues esta función le tocaba al Sector Ductos. Esta instrucción la recibía del mayor Francisco Casas, él tenía el cargo de Superintendente Regional, Zona Centro, él era mi jefe cuando me comisionaban a México. Estas instrucciones no sólo me las transmitía él como mi superior, sino que eran órdenes desde los mandos altos, es decir, del general Eduardo León Trauwitz”, declaró ante la FGR el testigo Carlos Cárdenas Alor el 26 de abril de 2019, quien afirmó que tapar tomas clandestinas era muy peligroso, pues pese a la capacitación que recibió se requerían conocimientos técnicos y equipo de seguridad, que no tenían.
Otra prueba de la FGR es el informe en materia de contabilidad rendido por los peritos Fabián Martínez Romero y Félix González Pérez, el 27 de mayo de 2019, en el que calcularon la pérdida económica sufrida por Pemex por el robo de hidrocarburos.
Así, de enero de 2015 a agosto de 2016 calcularon que en el Poliducto Minatitlán la pérdida ascendió a 13 mil 101 millones 282 mil 499 pesos, mientras que en el Poliducto Madero-Cadereyta se calculó en 12 mil 96 millones 102 mil 316.50 pesos.
Además de Merlín Sibaja, los extrabajadores Alejandro Sandoval Díaz y Mario Ogazón Viamonte entregaron a la FGR una lista de las ubicaciones geográficas de las tomas clandestinas que alcanzaron a detectar durante el tiempo que estuvieron en la SSE.
Sandoval reportó ocho ubicaciones que fueron inspeccionadas por la Policía Federal Ministerial en las que se encontraron 63 tomas clandestinas cerradas en el ducto Madero-Cadereyta y Ogazón Viamonte reportó 10 ubicaciones en las que fueron localizadas tres tomas clandestinas.
La jueza Holmes señaló que al prohibir a los trabajadores dar parte al Ministerio Público del hallazgo de tomas clandestinas, el protocolo implementado por Trauwitz, desvió las responsabilidades de la SSE y del mismo general.
“Llevó a la SSE a una desviación seria y marcada de su mandato público de salvaguardar los recursos energéticos de propiedad estatal. Por lo tanto, instituir este nuevo protocolo, o permitir que continúe, constituyó una marcada desviación de las responsabilidades del señor Trauwitz para con la SSE y para con el público como jefe de dicha subdirección”, precisó la juzgadora.
Texto publicado en la edición 0014 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2024
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario