El caso derivó de una de las consultas a trámite planteadas por la ministra presidenta al pleno para que dicho órgano colegiado determine qué trámite debe darse a las diferentes impugnaciones de los juzgadores federales.
Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien consideró que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), al facultar al Máximo Tribunal para defender la independencia judicial, exige que esta no sea interpretada de manera estricta y, por tanto, ante la importancia del tema, debe analizar las impugnaciones contra la reforma judicial.
El caso derivó de una de las consultas a trámite planteadas por la ministra presidenta al pleno para que dicho órgano colegiado determine qué trámite debe darse a las diferentes impugnaciones de los juzgadores federales contra la reforma constitucional al Poder Judicial.
“Ante la magnitud de la responsabilidad que tiene este Pleno, de velar en todo momento por la autonomía de los órganos de la Judicatura Federal y por la independencia de sus miembros, la atribución contenida en el texto de la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (antes dispuesta en la fracción IX de ese mismo precepto), no debe interpretarse en un sentido restringido y literal, sino que tal enunciado normativo debe entenderse en un sentido amplio y acorde para asumir que el legislador confirió competencia a este Tribunal Constitucional, para adoptar todas aquellas medidas que estime necesarias a fin de cumplir con la responsabilidad en cuestión”, señala el proyecto.
“Atendiendo a la relevancia de la petición formulada por los promoventes e incluso, al impacto en el sistema jurídico que la misma pudiera llegar a tener, así como a la autolimitación y a la prudencia con que está llamado a actuar este Alto Tribunal, en un caso que eventualmente podría significar el control constitucional respecto de una reforma al texto mismo de la Constitución Federal, es que se estima conveniente reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacía un asidero normativo mucho más claro y preciso para atender su petición”.
Así, los ministros acordaron reenviar el expediente a la presidencia de la Corte para que turne el asunto a otro de los integrantes del Pleno para que elabore un proyecto que analice el fondo de la reforma y proponga declarar si la misma es o no violatoria de derechos humanos y de la independencia judicial.
Los ministros Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la presidenta, Norma Piña, avalaron la propuesta, pero por razones diferentes a las planteadas por el ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra de la propuesta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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