Se trata de cuatro jueces de distrito de Guerrero, Nuevo León y dos de la Ciudad de México, así como de 25 magistrados de circuito que pertenecen a tribunales colegiados de materia Civil, Penal, del Trabajo, Administrativa y Apelaciones.
En el caso de los jueces, pertenecen a ciudades como Monterrey, Nuevo León; Mexicali, Baja California; Tijuana, Baja California; Tlaxcala, Tlaxcala; y, Hermosillo, Sonora; entre otras.
El sábado 14 de octubre de 2024, se realizó, en el Salón de Sesiones del Senado, la llamada “tómbola judicial”, en la que, mediante un sorteo con la supervisión de un notario público y de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se decidieron las 464 magistraturas y 386 juzgados de distrito, cuyos cargos serán sujetos al voto popular, en junio de 2025.
Dos tómbolas de acrílico fueron introducidas poco después de que José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, abriera la sesión, con un aviso de un cambio que debía ser avalado por el Pleno. La presencia de 11 senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permitió que se alcanzara el quórum.
En el proceso, los senadores aprobaron que ocho juzgados encabezados por mujeres que estaban en condición de embarazo y de lactancia, que irían a la elección de junio de 2025, se postularan hasta la elección de junio de 2027.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado defendió la “claridad” del ejercicio y celebró la posibilidad que tendría el pueblo de elegir a sus juzgadores. Asimismo, felicitó a sus pares y decretó el inicio de “un proceso electoral histórico en el que irán a las urnas las personas juzgadoras”.
“El procedimiento ha sido muy claro: Queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario 2025, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad”, dijo Fernández Noroña.
“Por primera vez para la humanidad, de ese tamaño es la reforma que en su momento envió el compañero Presidente López Obrador: por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo […] No existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su Poder Judicial y creo que esta gama de senadores debe sentirse muy honrada y orgullosa de que hayamos sacado esta tarea adelante”, insistió el presidente de la Mesa Directiva del Senado.
El total de plazas que serán electas por voto popular es de 927 magistraturas de circuito y 772 juzgados de distrito. El resto serán electos en 2027, como lo estableció la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
En la convocatoria que emitirá el Senado, el martes 15 de junio de 2024, se establecerá la fecha de cierre en la que estos juzgadores, al igual que 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 14 Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deberán aclarar si declinan participar en la elección.
El 13 de octubre de 2024, la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED) consideró “verdaderamente humillante” dejar al azar la vida profesional de juzgadores.
En un comunicado, la JUFED expresó una “enérgica protesta” en contra de la tómbola organizada un día antes en el Senado de la República, y con la que se sortearon 350 plazas de magistrados y 361 de jueces.
“En un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos”, señaló la Asociación.
“A través de la intromisión de un poder distinto al Judicial Federal se decidió la terminación arbitraria de la función del 50 por ciento de juzgadores de carrera en el año 2025, y el resto en 2027, violando todas las reglas de acceso a la jurisdicción nacionales y convencionales”, manifestó la JUFED.
Asimismo, la Asociación reprochó que se hubiera incurrido en un nuevo incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal. Por ello, manifestó que los actos del Poder Legislativo violaban el Estado de derecho y rompían el orden constitucional.
“El procedimiento en cuestión es a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto […] La JUFED informa que brindará todo el apoyo y acompañamiento jurídico a las personas juzgadoras cuyos derechos humanos y laborales fueron atropellados, a través de esta acción arbitraria”, manifestó la Asociación.
Tras la realización de la tómbola para elegir los cargos que se someterán al proceso de elección de jueces y magistrados, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la reforma aún no estaba firme, sino que la SCJN podría declarar inconstitucional la reforma al PJF.
A través de un comunicado, el CEN del PAN señaló que debido al “desaseo que existió en todo el proceso legislativo y el intento de someter al Poder Judicial están poniendo en riesgo el Estado de derecho”.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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