Las ONG exigen que se “diseñe una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda las operaciones de los grupos de la delincuencia organizada y armados”.
“El asesinato del padre Marcelo, un reconocido sacerdote indígena defensor de los derechos humanos, es un grave indicativo del nivel de violencia e impunidad en el estado, y debe ser un punto de inflexión en la construcción de paz, la reconstrucción del tejido social y la impartición de justicia”, señala el comunicado de IPRI, acompañado de nueve organizaciones de ocho estados de la república.
Al recordar que desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado al padre Marcelo medidas cautelares ante las continuas amenazas de muerte que recibió por su labor como defensor, las organizaciones reprobaron que “el gobierno mexicano no fue capaz de atender sus demandas y garantizar las condiciones de seguridad necesarias”.
Peor aún, “la fiscalía estatal llegó al extremo de criminalizarlo con una orden de aprehensión, con lo que fortaleció la campaña de desprestigio en su contra”, alertaron las organizaciones firmantes.
Resaltaron que el crimen del padre Marcelo ocurre en un contexto de violencia en Chiapas, incluyendo los territorios de las comunidades zapatistas, por lo que “la muerte de una persona tan valiente como el padre Marcelo busca impone el silencio y el terror”.
Las organizaciones exigieron “investigar de manera pronta y adecuada para identificar a las personas responsable de este asesinato, así como desarticular y desarmar a los grupos criminales que operan en las diferentes zonas y regiones donde trabajaba el padre Marcelo y que se han denunciado en diversas comunicaciones públicas”.
Las organizaciones firmantes se solidarizaron con las comunidades que “viven bajo el asentamiento del crimen organizado y sus grupos armados”, por lo que reconocieron que el sacerdote mantuvo “su coraje y su determinación para no quedarse callado frente al abuso del poder de los grupos armados y de los gobiernos cómplices”.
Agregaron que “frente a estas estrategias de desinformación y criminalización es importante honrar su memoria y dar testimonio de su incansable lucha por la paz y su compromiso con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”.
Para pacificar el territorio, las organizaciones exigieron que se “diseñe una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda las operaciones de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados”, labor que tendría que ser encabezada por el gobierno federal en coordinación con el estatal y los municipales, así como con la sociedad civil y en particular con los pueblos indígenas.
Alentaron a “promover espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en comunidades indígenas que así lo desean con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su autonomía y libre determinación”.
Las organizaciones firmantes exigieron que se realicen “las acciones urgentes y necesarias”, para garantizar y proteger “la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluyendo a las familias Bases de Apoyo Zapatistas, evitando que se escale la situación de violencia y riesgo que se denunciado en diversas regiones del estado de Chiapas”.
Tras solidarizarse con su familia y con los pueblos indígenas de Chiapas, las organizaciones firmantes insistieron en exigir “de manera urgente a las autoridades de gobierno que garanticen verdad, justicia y reparación por este asesinato, además que se tomen todas las medidas para detener la escalada de violencia en Chiapas y atiendan las demandas de los pueblos y comunicades indígenas con las que caminó el padre Marcelo, defendiendo la esperanza y la justicia”.
Las organizaciones concluyeron su comunicación repitiendo una frase que el padre Marcelo repetía constantemente: “¡No tenemos miedo! Queremos que nuestro país sea feliz, con amor y libertad”.
Acompañan a IPRI en el pronunciamiento el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipación (Michoacán); Colectivo Mesehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa (Oaxaca) y Voces del Territorio AC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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