Durante el Tercer Informe de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció el rescate de esta obra que ha sido frenada por las afectaciones al embalse del Río San Pedro y otras de impacto ambiental.
Mediante un comunicado, representantes de comunidades náayeri, wixárika, o’dam y meshikan expresaron su resistencia, recordando que “532 años de resistencia activa contra el despojo han sido de aprendizaje, organización y lucha para seguir siendo lo que somos.”
En su pronunciamiento, ante el anuncio que hizo el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero en su Tercer Informe de Gobierno, el viernes pasado, sobre la reactivación de la obra de la Presa Hidroeléctrica Las Cruces.
“Hemos planteado, como parte del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la construcción de la presa de Las Cruces. El objetivo es generar energía limpia y, al mismo tiempo, contener las aguas que inundan permanentemente a Rosa Morada y Ruiz. Mediante la contención de estas aguas río arriba, buscamos brindar tranquilidad a las comunidades que, cada temporada de lluvias, enfrentan la angustia de posibles inundaciones, como lamentablemente ha ocurrido en el estado de Guerrero.”
Ante ello, los pueblos reiteraron su negativa sobre el impacto negativo que la construcción de la presa tendría en “sitios sagrados y formas de vida“.
Sostuvieron que “el río San Pedro sigue corriendo, cantando y bailando sin presa que lo detenga”, haciendo referencia a que es el último río libre en la entidad.
Además, hicieron referencia al “proyecto de trasvase de caudales de Nayarit a Sonora,” conocido como SHINO, reafirmando su compromiso de defender el río, que consideran “nuestra propia sangre.”
Los líderes comunitarios enfatizaron que su “palabra colectiva suena más fuerte si se entreteje con otras voces hermanas”, indicando que la organización indígena y popular es esencial para enfrentar lo que describieron como “el imperio de la violencia” ejercido por el gobierno, partidos políticos, grupos empresariales y organizaciones criminales.
Que lo tengan por bien sabido todos los dueños del dinero, nuestras luchas son por la vida, la tierra y el agua que somos.
Entre sus 22 exigencias, sobre respecto a su cultura, territorio, salud, educación, el freno al extractivismo, seguridad y otros temas, las personas de los pueblos originarios exigieron la abrogación del decreto que permite la generación de energía eléctrica en el Río San Pedro.
“Detener el acoso a los pueblos y comunidades originarias, cuya existencia y territorios están amenazados por megaproyectos impuestos sin consulta, guiados por intereses económicos trasnacionales. Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces y la abrogación del decreto presidencial de 2014 que reserva aguas del Río San Pedro Mezquital para uso en generación eléctrica.”
Por su parte, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, en su primera asamblea en San Luis Potosí, denunció el rescate del proyecto Las Cruces y se sumó a la petición para cancelarla.
“Como primer acto de esta Contraloría Nacional, denunciamos la decisión de Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit, de revivir el proyecto de la Presa Las Cruces, el cual fue suspendido en 2017 siendo el único río libre en el país. Esta obra acabaría con los lugares sagrados y formas de vida de los pueblos Naayeri, Wixarika, Meshika y Õodam y el arraigo de más de 20 mil familias. Exigimos al gobierno federal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces y la abrogación del decreto presidencial del 2014 que reserva el agua del río para generación hidroeléctrica.”
La construcción de la presa de Las Cruces ha sido interrumpida por las demandas y preocupaciones ambientales de las comunidades indígenas, así como por problemas administrativos del proyecto.
Desde su concepción, la presa ha enfrentado críticas de grupos ecologistas que alertan sobre su impacto negativo en los ecosistemas locales, ya que distintos estudios como el de SuMar, refiere que la construcción de la presa podría alterar el curso de ríos vitales y dañar áreas críticas para la fauna local .
Las comunidades indígenas, en particular, se oponen al proyecto, argumentando que la represa implicaría un despojo de tierras y recursos naturales.
Esta oposición se enmarca en un contexto más amplio de luchas por el reconocimiento de los derechos de agua y tierra por parte de los pueblos originarios.
Según el documento de la organización SuMar, que coincide con otros estudios de organismos ambientalistas, el proyecto no es económicamente viable debido a la falta de un análisis exhaustivo que demuestre su rentabilidad a largo plazo, ya que los costos de construcción y mantenimiento superan los beneficios proyectados.
Señalan que la construcción de la presa afectaría ecosistemas locales y comunidades aledañas; además, existen preocupaciones sobre el desplazamiento forzado de poblaciones y la pérdida de sitios sagrados para comunidades , que ven peligro en la preservación de la cultura y tradiciones locales.
Las comunidades han demandado que no son tomadas en cuenta durante las consultas para llevar a cabo el proyecto y ha sugerido que hay opciones más sostenibles y menos perjudiciales que la presa Las Cruces para satisfacer la demanda energética del país, como el uso de energías renovables.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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