La jueza Nancy Juárez Salas concedió una nueva suspensión definitiva en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación con la que ordena a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial a acatar la resolución.
Así lo ordenó la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, al conceder una nueva suspensión definitiva en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con los expedientes judiciales del caso, la orden se dio por un “exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional” que se dio ante la ausencia de una “causa que justifique el actuar omisivo por parte de las autoridades responsables en el caso”.
Y es que desde el pasado 23 de septiembre de 2024 esta misma jueza otorgó una suspensión definitiva por la ordenó al director del Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación de la reforma judicial, realizada el 15 de septiembre de 2024.
“(Por eso), resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para que las autoridades responsables, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, eliminen la publicación realizada”, señaló la jueza en aquel entonces.
En su resolución, la jueza especificó que de no concederse esta medida cautelar se le privaría a la denunciante -una trabajadora del Poder Judicial- de los derechos y principios que rigen la independencia judicial y la impartición de justicia, como lo son la imparcialidad, objetividad, profesionalismo y la división de poderes, lo que a su consideración “ocasionaría daños de imposible reparación”.
Sin embargo, debido a que las autoridades no informaron ni acreditaron el cumplimiento de la suspensión, la jueza ahora le indicó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del DOF que deberán acreditar el acatamiento de la orden judicial.
“Se aperciben a las autoridades responsables que de no cumplir con el requerimiento formulado en esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo”, señaló la jueza en su resolución.
En dicho artículo se señala que se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, o la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo a la autoridad que “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en el que incurra”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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