Testimonios, un audio –en exclusiva– y miles de documentos revelan las mecánicas de extorsión, encubrimientos, y tráfico de influencias que dejaron impune al principal operador de la Estafa Maestra pese al cúmulo de evidencia. Uno de los fiscales, separado por sospecha de corrupción, es ahora un director de justicia en la Segob.
Pese a contar en sus archivos con pistas y pruebas de los desvíos y del destino de los recursos malversados, los equipos encabezados por el que fuera la mano derecha del fiscal, Juan Ramos López, y la unidad antilavado de la SEIDO, incurrieron en un esquema de presunta corrupción, negligencias y tráfico de influencias, en el que también están implicados el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia FGR (CENAPI), auditores federales y un juzgado que dio amparos ilegales.
Un audio de una de las negociaciones, declaraciones de testigos directos de los hechos y miles de documentos oficiales obtenidos por TOJIL confirman los manejos ilegales y el encubrimiento institucional que persiste hasta la fecha, en un caso que el fiscal Gertz Manero había descrito como un “crimen de Estado”. Pero hasta el día de hoy, no se ha recuperado un centavo.
EL PROCESO
En mayo de 2019 seis exfuncionarios federales que estaban bajo investigación comparecieron ante el Ministerio Público de la Federación para revelar a detalle, cómo había operado la llamada Estafa Maestra desde dos de las dependencias donde se malversaron más de cinco mil millones de pesos, la Sedesol y la Sedatu.
En sus declaraciones y ampliaciones, de las que TOJIL tiene copias íntegras, los exfuncionarios describieron el organigrama y la estructura delictiva del fraude que era encabezada por Emilio Zebadúa González, oficial mayor de dichas dependencias. Los testigos puntualizaron el rol específico de al menos una decena de funcionarios y particulares bajo su mando, así como de varias empresas que se organizaron para fabricar convenios, simular servicios, falsificar firmas, lavar el dinero e invertirlo en propiedades. Describieron detalladamente tiempos, reuniones y direcciones donde se llevaban a cabo las negociaciones.
Una denuncia posterior de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó en sus anexos los pagos y gastos millonarios injustificados por parte de Emilio Zebadúa y de sus dos hermanos, Lourdes y José Ramón Zebadúa, y de las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
A cambio de dicha colaboración, la fiscalía no pidió pruebas sino dinero. El abogado de los exfuncionarios y los mismos afectados narraron a TOJIL que tras la llegada de Juan Ramos López el proceso transformó una dinámica que era de colaboración, a una de presunta extorsión. Bajo la presión de los fiscales, los exfuncionarios que habían declarado a cambio de inmunidad hicieron pagos de 300 a 400 mil pesos para supuestamente materializar los criterios de oportunidad, pero tampoco ocurrió.
La grabación de una llamada entre el defensor y la fiscal federal Erica Canuto Fonseca, a la que TOJIL tuvo acceso, da cuenta de esos pagos y de peticiones extra de dinero a cambio de hacer fracasar el proceso penal en contra de uno de sus defendidos con pruebas que la propia fiscal admite que hundirían su proceso. “Será problema del juez”, argumentó Canuto en el audio
La fiscal Canuto detalla que ya contaba con el supuesto apoyo de dos auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de un funcionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la FGR, quienes habían aceptado establecer por escrito que los servicios sí se realizaron, y con ello reducir un desvío a un mero caso administrativo. En el audio se escucha como se refieren las cantidades de 200 mil pesos para cada auditor, 150 mil para el funcionario del CENAPI, y 500 mil pesos para ella.
Los oficios dentro de la carpeta de investigación de la FGR revisados por TOJIL demuestran que Erica Canuto era la que tenía el contacto con los auditores. Su tarea fue entrevistar a 22 de ellos “en auxilio de la fiscal Teresa Maldonado” bajo coordinación de la fiscal coordinadora Mónica Martel, a quien Ramos López ratificó al frente del caso de la Estafa Maestra. A los dos auditores que se mencionan en la llamada los conocía desde el 27 de noviembre de 2019, cuando les tomó una declaración inicial. Esto prueba que sí los conocía y tenía forma de contactarlos.
El abogado defensor explicó que el último trato ofrecido por la fiscal Canuto no se concretó porque los exfuncionarios ya no contaban con dinero suficiente, ya que en algunos casos tuvieron que vender terrenos o propiedades para costear los sobornos previos, lo cual enojó a la fiscal de acuerdo con los abogados.
La situación no fue siempre así, según contaron los exfuncionarios extorsionados a TOJIL. En los primeros meses del sexenio, la FGR tenía un interés real por conocer el modus operandi del fraude y de ir por los principales responsables. pues lo que tenían en sus manos era una historia fragmentada en múltiples denuncias de los auditores. En ese contexto y bajo la figura de posibles criterios de oportunidad se trabajaron declaraciones y se hicieron peritajes.
Sin embargo, tras la llegada de Juan Ramos López a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en junio de 2019, las cosas cambiaron. Las líneas de investigación hacia Zebadúa se congelaron y los fiscales a cargo, bajo la coordinación de la fiscal Martel, comenzaron con las peticiones de dinero. No solo a través de Erica Canuto sino de otros fiscales como Mario Bulmaro.
“A Mónica Martel se le dio entre varias veces cerca de un millón de pesos. Ellos mandaban a una persona, a un motociclista o mandaban a alguien en un carro a recoger. Era para ella, pero se hablaba con el fiscal Mario Bulmaro que era intermediario. De todo eso hay pruebas en manos de mis clientes. Pero tienen miedo no por sus procesos, sino porque sus vidas estarían en riesgo”, dijo el litigante.
Al final, los únicos que terminaron siendo perseguidos y procesados fueron los mismos que en un inicio habían colaborado y denunciado a Zebadúa y su entramado.
TOJIL solicitó a al FGR y a la ASF a través de sus voceros y correos institucionales un posicionamiento en torno a estos hechos y todo lo que se describe a continuación, pero hasta el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.
INFORMACIÓN QUE VALE ORO
Un exfuncionario del equipo de Emilio Zebadúa narró a TOJIL el trabajo que el grupo hizo para “protegerse de la acción de las autoridades, anticipar los movimientos en su contra y, al mismo tiempo, blindar el patrimonio inmobiliario en los que invirtió más de 900 millones de pesos presuntamente desviados. El exfuncionario, que habló con el equipo de TOJIL pero se decidió dejar en anonimato por razones de seguridad, entregó documentos de las operaciones internas que se llevaron a cabo.
Esta persona fue el encargado de presentar a Juan Ramos López con dos abogados de plena confianza del exoficial mayor: su hijo Nicolás Zebadúa y el socio de este, Alfredo Murguía. Esto reforzó el apoyo con el que Zebadúa ya contaba desde 2018 por parte del despacho del abogado Juan Araujo.
El testigo narra que intermediarios del fiscal Ramos acudían regularmente a la oficina de Emilio Zebadúa en Tenysson 125, en la colonia Polanco de la CDMX, y a una casa ubicada justo a espalda de esta en la calle Eugenio Sue 98 (adquirida con recursos de la Estafa Maestra, según los documentos entregados) para recoger pagos en efectivo, generalmente a las 11 p. m. de la noche. El responsable de poner el dinero en efectivos era Roberto Gómez, chofer, guardaespaldas y exfuncionario de toda la confianza de Zebadúa. Es la misma persona que los exfuncionarios que declararon ante el MP identificaron como prestanombres del exoficial Mayor.
Las entregas de recursos se hicieron con el cuidado necesario para no dejar rastro, de lo que sí hay evidencia documental es de la filtración de datos confidenciales que estaban bajo resguardo de los funcionarios coaccionados.
Por ejemplo, TOJIL comprobó que en julio de 2019 Zebadúa tuvo acceso preciso a datos que eran confidenciales. Supo el nombre de Teresa Maldonado, la agente del MP que integraba la indagatoria más avanzada en su contra , al número de la carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018), e incluso a la unidad y al escritorio en donde se encontraba radicada dicha agente,la 21 agencia investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Con esos datos la apoderada de Zebadúa, Patricia Mayte Lázaro, una exproveedora de la Oficialía Mayor, envió un oficio con carácter de urgente a un juzgado de amparo en Chiapas, quien le concedió una suspensión para que el no fuera judicializado. Esto ocurrió el 19 de julio de 2019, justo seis días antes de que la agente Maldonado enviara el caso a un juzgado.
La suspensión otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Tapachula era improcedente de acuerdo con jurisprudencias vigentes para ese momento, pero Murguía convenció al juez a través de un soborno en efectivo y un reloj de lujo que le llevó en un vuelo privado que salió de Toluca hacia dicha ciudad fronteriza, según lo narrado a TOJIL por el exintegrante del equipo del exoficial Mayor.
A la postre funcionarios de ese juzgado serian sancionados por otra suspensión ilegal que concedieron al empresario Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados, y que por meses obstaculizó su detención y permitió que se diera a la fuga.
Todo ello ocurrió mientras Emilio Zebadúa estaba en Canadá quien gracias a las filtraciones sabía que había un riesgo de ser detenido, según lo narrado por el excolaborador a TOJIL. Hay un documento con su relación de vuelos que prueba que abandonó el país justo el 31 de mayo de 2019, cuando Juan Ramos Lopez aún no se hacía cargo del caso.
Otra evidencia de las filtraciones ocurrió con el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciado en su contra y el de sus hermanos, luego de que la UIF detectó movimientos y pagos legalmente injustificables en las cuentas de todos ellos por más de 70 millones de pesos. Justo una semana antes de que la denuncia se presentara, el 4 de septiembre de 2019, Zebadúa promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF.
En 2020 la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) decidió atraer el caso contra Zebadúa, sus hermanos y otros e integrar una nueva indagatoria. El exoficial Mayor lo supo y, en marzo de 2020, él junto con su hermana Lourdes, obtuvieron una nueva suspensión en contra de una posible judicialización de este caso en su ya cooptado juzgado de Chiapas.
El broche de oro de los tiempos perfectos con los que actuó el exoficial Mayor ocurrió el 19 de octubre de 2020, cuando este se presentó en la FGR junto con su abogado Alfredo Murguía, para presentar una declaración buscando un criterio de oportunidad ante el equipo de Juan Ramos y Mónica Martel. El testimonio, según el excolaborador de Zebadúa entrevistado por TOJIL, narraba hechos imprecisos y falsos.
La historia que cuenta Zebadúa esconde el rol de todos los integrantes de su equipo y apunta justo a quienes habían declarado en su contra. Hay equivocaciones tan elementales como el cargo de funcionarios. Dice, por ejemplo, que María de la luz Vargas fue directora de comunicación social de Sedatu, cuando en realidad nunca trabajó en esa dependencia sino en la Sedesol, donde fue Directora General de Geostadística.
Pero lo que importaba al exoficial Mayor no era la precisión sino el blindaje. Justo un día después de esa declaración, el 20 de octubre, la FEMDO preguntó a Martel si había criterios de oportunidad en el caso de la Estafa Maestra. La fiscal respondió ese mismo día con una lista de cinco nombres, cuatro de los que habían solicitado dicho beneficio en 2019, más el de Zebadúa que había declarado un día antes.
Diez días más tarde, el 30 de octubre, un fiscal de la FEMDO solicitó a un juez en Almoloya una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles y otros por este caso. Pero en el oficio ministerial presentado al juez ya no aparecía ni Zebadúa ni sus hermanos, quienes ni siquiera declararon. Y con ello se borró la ruta del dinero desviado.
LA ORDEN Y LA OTRA CORRUPCIÓN OCULTAS
El equipo de FEMDO que integró la referida indagatoria por lavado y delincuencia organizada estaba a cargo del entonces fiscal, Federico Amezcua Ornelas. Fue él quien pidió la orden en la que ya no aparecía Zebadúa. Su superior era Ancelmo Mauro, el jefe de la unidad antilavado de dinero de la FEMDO.
Excluir a Zebadúa no fue la única irregularidad del caso. Pese a que el juez sí concedió la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, quien en ese momento estaba en prisión preventiva y localizable en el penal de Santa Martha por los cargos iniciales de omisiones en su contra, Amezcua y sus jefes simplemente no la ejecutaron.
En un informe justificado enviado a un juez federal como resultado de un amparo que promovió Robles (todos documentos de los que TOJIL tiene copia) la FEMDO rechazó que existiera dicha orden de aprehensión, lo que no era cierto. El juez que la otorgó informó que si existía y le mandó la copia al juez de amparo.
En diciembre de 2022, aun sin cumplimentar la orden en contra de Robles, el fiscal Amezcua y su jefe renunciaron a sus cargos en la FGR. Una fiscal de alto nivel y otra fiscal, excompañera de Amezcua en la misma unidad, confirmaron a TOJIL que en realidad fueron despedidos como resultado de múltiples denuncias y quejas de corrupción que existía en su contra.
De la salida de Amezcua y compañía de la FEMDO no hubo anuncios oficiales pese a que estos estaban a cargo de algunos de los casos de corrupción más relevantes del sexenio. TOJIL pudo confirmar gracias a solicitudes de transparencia, y con el apoyo del pleno del INAI que revocó varias negativas, que estos salieron de la fiscalía en la fecha ya referida y que, en el caso de Amezcua, este trabajó durante más de un año en la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda.
Se preguntó expresamente a la FGR si existían denuncias o investigaciones internas en contra de Amezcua o de Ancelmo Mauro, pero la fiscalía dijo que no podía dar ninguna respuesta pues era información bajo reserva.
Una nueva consulta hecha por TOJIL en Nómina Transparente el 15 de mayo de 2024 muestra que Amezcua, el mismo que no ejecutó la orden de aprehensión más importante de la Estafa Maestra y que salió por quejas de corrupción, ocupa ahora el cargo de Director General para la Reconciliación y la Justicia en la Secretaria de Gobernación.
ENCUBRIMIENTO, MENTIRAS OFICIALES Y POBRES RESULTADOS
La FGR que encabeza Gertz Manero encubre, hasta la fecha, la existencia de las indagatorias iniciadas en contra de Zebadúa y la petición de un criterio de oportunidad con la que lo ha protegido a él y sus hermanos. Los documentos oficiales y ministeriales lo prueban.
El 14 de julio de 2023 TOJIL envió una solicitud de información a la FGR en la que se solicitó conocer el número de carpetas de investigación iniciadas en contra de Emilio Zebadúa, el estatus en el que se encontraba cada una de ellas, y si se le concedió un criterio de oportunidad por alguno de estos casos.
La fiscalía de Gertz Manero respondió que no podía proporcionar nada de esta información por ser reservada. Derivado de ello se promovió un recurso de queja que quedó registrado con el número RRA 11474/23. El Pleno del INAI revocó la negativa de la fiscalía y le ordenó a la FGR proporcionar toda la información solicitada dado que se trataba de un caso de interés público y donde no aplica la reserva por ser un hecho de corrupción.
En supuesto acatamiento a esta instrucción la FGR proporcionó una respuesta oficial bajo el oficio FGR/UETAG/000083/2024 fechado el pasado 11 de enero de 2024, en donde responde a cada uno de los cuestionamientos sobre Zebadúa con la frase: “no se localizaron expresiones documentales” respecto a lo solicitado. Dicho de otra forma: que no hay o no existen las indagatorias ni la solicitud de criterio de Zebadúa.
La respuesta institucional de la FGR falta a la verdad. Los documentos de las carpetas de investigación de los que TOJIL tiene copia lo prueban.
Por ejemplo, en el oficio FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/17600/2020 del CENAPI-FGR se detalla la existencia de doce carpetas de investigación y averiguaciones previas tanto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, así como en la SEIDO hoy FEMDO, en las que el imputado es Emilio Zebadúa. Todas ellas iniciadas entre los años 2015 y 2019.
Mientras que el oficio UEIDCSPCAJ/2020 firmado por la fiscal Mónica Martel el 20 de octubre de 2020 da cuenta de la existencia de la solicitud de criterio de oportunidad de Emilio Zebadúa.
TOJIL también pidió a la FGR conocer el estatus de los casos impulsados por la Estafa Maestra, es decir, cuantas indagatorias hay, por cuales delitos, cuantas se han judicializado, y cuánto dinero se ha recuperado. Pese a ser datos estadísticos la FGR intentó, otra vez, no informar y clasificar la información como reservada. Al resolver el recurso de queja RRA 11472/23, el INAI ordenó que se diera respuesta a ello.
En acatamiento a la instrucción del INAI la FGR envió el oficio número FGR/UTAG/DG/007635/2023 con una respuesta parcial. En la misma solo informa que ha logrado judicializar exitosamente 23 casos dando paso a los respectivos procesos, de los cuales 22 son por delitos de uso indebido de atribuciones/ejercicio indebido del servicio público, y otro más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (que es el caso donde fue excluido Zebadúa y donde se obtuvo la orden no cumplimentada a Rosario Robles).
La fiscalía no reporta un solo caso judicializado por el delito de peculado o de enriquecimiento ilícito.
Y a la pregunta de cuantos recursos se han conseguido recuperar de la Estafa Maestra transcurrida la mayor parte de este sexenio, la respuesta institucional de la Fiscalía es que “no se localizó información al respecto”. Entiéndase: cero.
FUENTE: EME|EQUIS.
AUTOR: TOJIL (ARTURO ÁNGEL).
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