El magistrado Juan José Olvera enfatizó en los resultados presentados ayer por la ASF sobre el ejercicio del gasto público en la SCJN en el que concluyó que el presupuesto se ejerció conforme a la ley, lo que consideró que acredita que las acusaciones sobre corrupción son señalamientos sin pruebas.
Durante la conferencia matutina del PJF, el magistrado Juan José Olvera enfatizó en los resultados presentados ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio del gasto público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que concluyó que el presupuesto se ejerció conforme a la ley, lo que consideró que acredita que las acusaciones sobre corrupción que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que realiza la ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, son señalamientos sin pruebas.
“Por supuesto que se pueden cometer (en el PJF) desaciertos de carácter administrativo y se sancionan y se da cuenta de esas sanciones; pero de allí a hablar de corrupción como una lacra social, como actividad delictiva y generalizada, me parece que no hay ningún fundamento y sólo se trata de señalamientos sin pruebas pedimos nuevamente que si las hubiera las muestren porque me parece que el pueblo tiene derecho a conocer los fundamentos de cualquier señalamiento”, dijo.
En tanto, la magistrada Julia María del Carmen García González enfatizó en que los señalamientos de corrupción contra los juzgadores han tenido como origen el sentido de las resoluciones que han emitido y la inconformidad de las autoridades con las mismas.
“Todas estas acusaciones constantes y cotidianas en cuanto a los temas de corrupción no se refiere a datos de corrupción distintos, sino que estas acusaciones se daban en contextos, donde lo que se buscaba era atacar nuestras decisiones jurisdiccionales es decir, se nos atribuía una conducta corrupta a partir de las decisiones que íbamos tomando los jueces y las juezas cuando, y lo hemos estado diciendo en todos los espacios, las decisiones jurisdiccionales se atacan a través del sistema de recursos que incluye la propia Ley de Amparo de modo que, si alguien no estaba de acuerdo con alguna decisión, no bastaba con decir en automático que las personas juzgadoras incurrimos en actos de corrupción porque anulamos un decreto expropiatorio o porque se dictó una libertad cuando hay pruebas de que esta persona fue detenida en circunstancias distintas en las que dijo la autoridad; entonces creo que vale la pena evidenciar que estas imputaciones de corrupción generalmente eran derivadas de nuestro actuar jurisdiccional y de los criterios que íbamos asumiendo en determinados casos que en este en este sentido pues le importan a ciertas autoridades”, expresó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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