jueves, 31 de octubre de 2024

Más del 60% del monto observado en auditorías financieras fueron a Pemex y CFE

Las 117 auditorías realizadas por la Autoridad Especial de Cumplimiento Financiero arrojaron un monto por aclarar de más de 2,500 millones de pesos. De los cuales, 60 por ciento está relacionado con observaciones hechas a empresas productivas del Estado y sus subsidiarias como Pemex Transformación Industrial, Pemex Exploración y Producción, así como CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Mientras 39 por ciento corresponde a dependencias y secretarías federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), señaló David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación.

Ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Colmenares Páramo precisó que se entregan 69 de las 122 auditorías programadas para fiscalización de la Cuenta Pública 2023, que arrojaron un monto global por aclarar de 8 mil 208 millones 794.3 miles de pesos.

En cuanto al gasto federalizado se ha logrado una “cifra récord” de cobertura con mil 959 procesos a estados, alcaldías, municipios y órganos autónomos de las entidades federativas. En la revisión a municipios se determinó un monto por aclarar de más de 80 millones de pesos en 18 municipios, y se espera que para la tercera entrega (en febrero de 2025) se dé el resultado de mil 28 auditorías, que en este momento están desarrollándose.

A 28 entidades federativas se les observó más de 5 mil 655 millones de pesos, que resultaron con un posible daño patrimonial. La Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Quinta Roo y Yucatán, no tuvieron montos observados, destacó.

Por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se lograron recuperar más de 600 millones de pesos en favor de la Tesorería de la Federación.

Colmenares Páramo comentó que los resultados presentados en la segunda entrega “no son cifras definitivas porque la ley otorga a los entes auditados la posibilidad de incrementar sus mecanismos de comprobación de información que a lo mejor no les dio tiempo o que no les alcanzaron los recursos en ese momento, y de ahí pasa al seguimiento y en él se hace también una investigación sobre el tema”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

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